Código de Procedimiento Tributario

Diego Ospina

Título I - Disposiciones Generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de este código establecen los principios básicos y las normas fundamentales que instituyen el régimen jurídico del sistema tributario y son aplicables a todos los tributos nacionales.

Las normas de este código se aplicarán en forma supletoria a los tributos aduaneros, municipales y contribuciones especiales de seguridad social.

Artículo 2. Concepto y clasificación de los tributos.

Los tributos son las prestaciones pecuniarias que el estado exige en ejercicio de su potestad tributaria y como consecuencia de la realización del hecho imponible previsto en la ley al que ésta vincula el deber de contribuir con el objeto de satisfacer necesidades públicas. Los tributos se clasifican en:

  1. Impuestos
  2. Tasas
  3. Contribuciones Especiales

Artículo 3. Impuestos.

Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una conducta descrita por la ley, que obliga al contribuyente sin una contraprestación estatal individualizada relativa al mismo.

Artículo 4. Tasa.

Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de un servicio por una entidad pública o el aprovechamiento de un bien público, individualizado o que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al obligado tributario o contribuyente y cuyo monto debe corresponder al costo o mantenimiento del servicio.

Cuando el servicio o aprovechamiento sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios y contribuyentes o se presten o realicen por el sector privado, será considerado como precio público.

Artículo 5. Contribución especial.

Contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios especiales derivados de la realización de obras públicas, o de la prestación o ampliación de servicios públicos y por contribuciones especiales a la seguridad social. Los fondos recaudados no deben tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyan el costo de la obligación.

La contribución de mejoras es la instituida para costear la obra pública que produce una valorización inmobiliaria y tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento de valor del inmueble beneficiado.

La contribución de seguridad social es la prestación a cargo de empleadores y trabajadores integrantes de los grupos beneficiados, destinada a la financiación del servicio de previsión y cuya competencia para su recaudación en la República de Panamá está en la Dirección General de Ingresos de la Caja de Seguro Social.

Artículo 6. Ordenación y aplicación de los tributos.

La ordenación y aplicación de los tributos se realizará atendiendo a los principios constitucionales vigentes, tanto en lo concerniente al establecimiento de los tributos como en su cobro:

  1. Los tributos deben gravar al contribuyente, hasta donde sea posible, en proporción directa a su capacidad económica;
  2. No deben ser confiscatorios; y
  3. Deben observar los principios de legalidad, no discriminación e igualdad ante la ley y el debido proceso.
  4. Debe respetarse el principio de renta sustitutiva y el principio de renta presupuestada.
  5. Debe considerarse el principio de periodicidad de los tributos.

En atención a este último principio se establece que ninguna modificación al ordenamiento jurídico tributario entrará en vigencia, sino hasta el período fiscal siguiente del impuesto que la indicada ley establezca.

Las actuaciones administrativas se efectuarán con apego a las normas del debido proceso, imparcialidad, uniformidad, economía procesal, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa sin menoscabo de la seguridad jurídica.

Artículo 7. Principio de legalidad.

Sólo la ley puede:

  1. Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la obligación tributaria; indicar el obligado tributario o contribuyentes y el acreedor del tributo; fijar la base imponible de cálculo y alícuota o tasas para establecer las sumas a pagar.
  2. Establecer los procedimientos de cobro de los tributos, delegables en el Órgano Ejecutivo.
  3. Otorgar exenciones, exoneraciones, disminuciones, incentivos o beneficios tributarios.
  4. Establecer y modificar recargos, así como la obligación de abonar intereses.
  5. Establecer los procedimientos de revisión de los actos administrativos de carácter tributario.
  6. Establecer la obligación de presentar declaraciones juradas y declaraciones-liquidaciones. referidas a la obligación tributaria principal, a la realización de pagos a cuenta o anticipados y a la de retener o percibir.
  7. Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones.
  8. Establecer prelaciones y garantías para los créditos tributarios.
  9. Regular los modos de extinción de la obligación tributaria por medios distintos al pago.
  10. Establecer y modificar los plazos de prescripción.

Artículo 8. Excepción al principio de legalidad.

El Órgano Ejecutivo podrá suspender, total o parcialmente, la aplicación de tributos de cualquier tipo o especie difiriendo su pago con carácter transitorio en todo el territorio nacional o en determinadas regiones, en casos de estado de emergencia legalmente declarados.

Artículo 9. Reserva legal.

En ningún caso se podrá delegar la definición y fijación de los elementos esenciales integradores del tributo, así como las demás materias señaladas como de reserva legal, considerando como elementos esenciales, los sujetos obligados tributarios o contribuyentes, el hecho generador, la base imponible, las alícuotas o tasas, y las fórmulas de determinación.

Artículo 10. Evaluación de proyectos que afecten la recaudación.

La Asamblea Nacional deberá solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la evaluación del impacto económico de los proyectos de ley que pretendan establecer incentivos fiscales, exenciones, rebajas, creación de tributos nacionales o cualquier otra medida que pudiera afectar la recaudación, antes de iniciar el tercer debate de un proyecto de Ley de esta naturaleza.

Artículo 11. Vigencia de la norma tributaria en el tiempo.

Las normas tributarias regirán desde la fecha en ellas establecidas. Si no la establecieran, se aplicará a partir del día siguiente de su promulgación en la Gaceta Oficial.

Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán para el período fiscal respectivo del contribuyente que se inicie con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley.

Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aun en los procesos que se hubieren iniciado bajo el imperio de leyes anteriores.

Artículo 12. Irretroactividad de las normas tributarias.

Las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo. Por excepción, las normas por las que se regulan infracciones, sanciones y recargos tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario o contribuyente salvo cuando se trate de actos ejecutoriados.

La derogación de una norma tributaria no impide su aplicación a los hechos producidos durante su vigencia.

Artículo 13. Vigencia de las resoluciones.

Las resoluciones que contengan instrucciones o normas generales u obligatorias para regular las relaciones formales de carácter tributario emitidas por el Director General de Ingresos o el Ministro de Economía y Finanzas, comenzarán a regir a partir del día hábil siguiente de su promulgación en la Gaceta Oficial y solo serán recurribles ante el Órgano Judicial.

Artículo 14. Ámbito espacial.

Las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometido a la potestad del órgano competente para crearlas; esto es, en el territorio de la República de Panamá.

La República de Panamá tiene un criterio impositivo o principio de territorialidad o de la fuente para todos sus tributos nacionales.

Artículo 15. Aplicación de las normas tributarias.

Las normas tributarias se aplicarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho público.

En tanto no se definan por el ordenamiento tributario los términos empleados en sus normas, se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.

No se podrán crear tributos, establecer ilícitos tributarios ni sanciones, conceder exoneraciones, ni extender las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley por vía de interpretación o analogía.

Artículo 16. Aplicación de la Analogía en procedimientos.

Solamente será admisible la aplicación de la analogía para llenar vacíos en materia procedimental, de acuerdo a lo dispuesto en la ley general de procedimiento administrativo que rige en la República de Panamá.

Artículo 17. Derogatoria implícita.

La derogatoria expresa o tácita de un Artículo o disposición legal, conlleva la derogatoria implícita de los decretos reglamentarios y de la de las resoluciones que desarrollaban la norma derogada.

Artículo 18. Calificación de hechos y simulación.

Los hechos con relevancia tributaria se calificarán con los mismos criterios, formales o materiales, utilizados por la ley al definirlos o delimitarlos.

En caso de actos o negocios simulados, el tributo se aplicará atendiendo a los actos o negocios realmente realizados.

Artículo 19. Cláusula anti elusiva general.

La Dirección General de Ingresos, conforme al procedimiento de fiscalización previsto en este Código, podrá desconocer la adopción de formas jurídicas cuando se realicen actos premeditados y diseñados con el único propósito de evitar el pago de tributos u obtener algún tipo de ventaja tributaria, vulnerando con suficiente voluntad y conocimiento el deber de contribuir.

Las consecuencias tributarias aplicables a las partes que en dichos actos hayan intervenido serán las que correspondan a los actos que realmente fueron ejecutados. En estos casos, corresponderá a la Dirección General de Ingresos probar la existencia del carácter doloso o fraude a la Ley tributaria, de las operaciones efectuadas por los obligados tributarios, así como la inexistencia de una finalidad distinta al puro y simple ahorro fiscal mediante forma manifiestamente impropias.

La administración tributaria deberá reconocer la buena fe de los contribuyentes. La buena fe en materia tributaria supone reconocer los efectos que se desprendan de los actos o negocios jurídicos o de un conjunto o serie de ellos, según la forma en que estos se hayan celebrado por los contribuyentes.

El hecho de que el contribuyente opte entre distintas alternativas lícitas para contratar, no constituye en sí mismo elusión ni la sola circunstancia que el mismo resultado económico o jurídico se pueda obtener con otro u otros actos jurídicos que derivarían en una mayor carga tributaria; o que el acto jurídico escogido, o conjunto de ellos, no genere efecto tributario alguno, o bien los genere de manera reducida o diferida en el tiempo o en menor cuantía, siempre que estos efectos sean consecuencia de la ley tributaria.

Se entenderá por elusión fiscal la realización de actos o negocios con una finalidad distinta a la de la ley tributaria, o sin otra justificación que la de conseguir rebajar la tributación de quien los realiza, inclusive para la obtención de créditos fiscales indebidos o en general, de algún beneficio tributario en dolo o fraude a la Ley.

La elusión fiscal se distingue de la defraudación fiscal o la evasión, porque en esta actuación no existen conductas dolosas o fraudulentas que vayan en detrimento del pago de ningún tributo.

Artículo 20. Cómputo de plazos y términos.

Los plazos legales y reglamentarios se contarán de la siguiente manera:

  1. Los términos de meses y años se ajustarán al calendario común.
  2. Todos los términos de días y horas que se señalen para la realización de un acto procesal comprenderán solamente los hábiles, a menos que una norma especial disponga lo contrario.
  3. Los términos de horas transcurrirán desde la siguiente de aquella en que se notificó a la persona interesada; los de días, desde el siguiente a aquel en que se produjo dicha notificación.
  4. En todos los casos, los términos y plazos que vencieran en día inhábil o día parcialmente inhábil, tanto para la Dirección General de Ingresos como para el Tribunal Administrativo Tributario, se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.

Artículo 21. Concepto de días inhábiles.

Se considerarán inhábiles tanto los días declarados feriados conforme a disposiciones legales, como aquellos en los cuales la respectiva oficina administrativa o las instituciones financieras autorizadas para actuar como oficina receptora de pagos tributarios no hubiesen estado abiertas al público o hubiesen abierto parcialmente.

Artículo 22. Suspensión de los términos.

Los términos de días u horas se suspenden durante los días en que por alguna razón deba permanecer parcial o totalmente cerrado el despacho respectivo.

Cuando los términos se fijen en meses o en años, únicamente se suspenderán si el cierre coincide con el último día hábil para llevar a cabo el acto procesal de que se trate.

Artículo 23. Presunción de legalidad y de buena fe.

Los actos de la Administración Tributaria se presumen legales salvo prueba en contrario.

Tienen fuerza obligatoria e inmediata, y serán aplicados mientras sus efectos no sean suspendidos, no se declaren contrarios a la Constitución Política, a la ley, o a los reglamentos generales por los tribunales competentes.

En todos los procesos iniciados por la Administración Tributaria prevalecerá el principio de buena fe e inocencia del obligado tributario o contribuyente.

Artículo 24. Normas por las que se rigen los tributos.

Los tributos cualesquiera que sean su naturaleza y carácter se regirán, en orden de importancia, por:

  1. Las disposiciones constitucionales;
  2. Las convenciones internacionales promulgadas en la Gaceta Oficial;
  3. El presente Código, las leyes propias de cada tributo y por las demás leyes que contengan disposiciones en materia tributaria;}
  4. Las normas reglamentarias propias de cada tributo;
  5. Por las demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados al efecto.

Artículo 25. Derecho supletorio.

Se aplicarán supletoriamente:

  1. Los principios generales del derecho tributario.
  2. Las disposiciones administrativas y los principios del derecho administrativo, especialmente las normas sobre Procedimiento Administrativo General.
  3. Las disposiciones procesales contenidas en el Código Judicial y los principios generales en materia de derecho procesal.
  4. Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que rijan materias relacionadas al Derecho Tributario.
  5. La jurisprudencia.
  6. Las opiniones de la Dirección General de Ingresos cuando correspondan ser vinculantes jurídicamente para el consultante.
  7. La Analogía, exclusivamente en materia de procedimiento.

Artículo 26. Aprobación de normas generales.

El Director General de Ingresos, siguiendo las políticas emanadas del Ministerio de Economía y Finanzas tiene como función específica, sin que en ningún caso pueda delegarla en sus subalternos, la de impartir, por medio de resoluciones, normas generales obligatorias para regular las relaciones formales de los contribuyentes con el Fisco.

Artículo 27. Alcance de los Decretos Reglamentarios.

Ningún Reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la Ley ni crear obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella.

Artículo 28. Gestión tributaria.

La gestión tributaria corresponde privativamente al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Ingresos, en cuanto no hubiere sido expresamente atribuida por Ley a otra entidad pública.

Artículo 29. Actividad reglada e impugnable.

El ejercicio de la potestad reglamentaria en materia tributaria, constituye actividad reglada y solamente será impugnable por la vía jurisdiccional de acuerdo a la Ley.

Título II - El Tributo y las Relaciones Tributarias

Artículo 30. Concepto de relación jurídico-tributaria.

La relación jurídica tributaria es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades que se originan por la aplicación de los tributos entre el Estado y los obligados tributarios.

Artículo 31. Obligaciones tributarias.

De la relación jurídica tributaria pueden derivarse obligaciones tributarias materiales y formales, tanto para el Estado como para los obligados tributarios.

Son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, las de realizar pagos a cuenta o estimados y de retener o percibir, así como todas las demás que tengan por objeto una prestación de dar de contenido económico.

Son obligaciones tributarias formales aquellas relacionadas con el deber de informar, presentar declaraciones, formularios, documentar las transacciones, entre otras.

Artículo 32. Concepto de hecho generador, no sujeción y exención.

El hecho generador es el presupuesto o la conducta establecida por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.

El supuesto de no sujeción o hecho no gravable, se produce cuando el hecho realizado por el obligado tributario no se encuentra comprendido en el presupuesto o la conducta contenida en la norma (hecho generador).

En los supuestos de exención o exoneración e incentivos, a pesar de realizarse el hecho generador, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.

Artículo 33. Periodo fiscal y obligación de pagar.

En los tributos periódicos, cada periodo determina la existencia de una obligación tributaria independiente.

La obligación de pagar se origina desde el momento en que el hecho generador se entiende legalmente producido. La exigibilidad de la obligación tributaria se puede producir en un momento distinto de su nacimiento.

Artículo 34. Momento en que ocurre el hecho generador.

Se considera ocurrido el hecho generador de la obligación tributaria y exigible sus resultados:

  1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzca los efectos que normalmente le corresponden; y
  2. En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable.

Artículo 35. Convenios entre particulares.

Los convenios entre particulares, referentes a la posición del obligado tributario o contribuyente y demás elementos de la obligación tributaria, no son oponibles al Fisco sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas, debido a que se trata de obligaciones de carácter públicas.

Sección 1 - Conceptos

Artículo 36. Sujeto Activo.

Es sujeto activo de la relación jurídica tributaria el Estado representado por el ente público titular de la potestad administrativa para la gestión y exigencia del tributo y frente a las relaciones jurídicas tributarias de los gobiernos locales lo será el Municipio.

Artículo 37. Obligados Tributarios.

Son obligados o sujetos pasivos tributarios las personas naturales o jurídicas, así como las entidades o corporaciones a las que la Ley Tributaria impone el cumplimiento de obligaciones materiales, sustantivas y/o formales. Un obligado tributario no necesariamente será un contribuyente.

Artículo 38. Clasificación de los obligados tributarios.

Son obligados tributarios los siguientes:

  1. Los contribuyentes.
  2. Los agentes de retención.
  3. Los agentes de percepción.
  4. Los obligados a repercutir.
  5. Los sucesores.
  6. Los terceros responsables.
  7. Los sujetos a los que les resulten de aplicación exenciones o beneficios tributarios.
  8. Los que deban cumplir con obligaciones formales, incluyendo los obligados conforme a las regulaciones sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal.

Artículo 39. Contribuyente.

Contribuyente es el obligado tributario, designado por la ley, quien realiza la conducta descrita como hecho generador de la obligación tributaria.

Tendrán también la condición de contribuyentes en las leyes en que así se establezca, las comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan un patrimonio separado, susceptible de tributación.

Será contribuyente directo aquel que realiza el hecho generador y se convierte en deudor por cuenta propia.

Por contribuyente indirecto se entenderá aquel que a pesar de no haber realizado el hecho generador la ley le impone realizar el pago a la Administración Tributaria, convirtiéndose en deudor por cuenta ajena.

Artículo 40. Obligaciones del contribuyente.

El contribuyente está obligado:

  1. A satisfacer el tributo a la Administración;
  2. A rembolsar el importe del tributo, o a soportar la retención o a percepción del mismo, en caso de que lo pague el responsable, el agente de retención o de percepción, o, en general, un tercero que deba satisfacerlo por imposición de la ley.
  3. A no realizar conductas fraudulentas, ni dolosas en detrimento del Tesoro Nacional.

Artículo 41. Agente de retención.

Es agente de retención la persona de derecho público o privado, a quien la ley de cada tributo, atendiendo a su actividad, función o posición contractual, le impone la obligación de retener los tributos o los importes a cuenta de éstos, de otros obligados tributarios y entregarlos al Fisco en el plazo señalado en la Ley.

Artículo 42. Agente de percepción.

Es agente de percepción la persona de derecho público o privado, a quien la ley de cada tributo, atendiendo a su actividad, función o posición contractual, le impone la obligación de percibir e ingresar a la Administración tributaria, el monto adicional cobrado con ocasión de los pagos que reciba de otros obligados tributarios, como tributo o pago a cuenta del tributo que correspondería a estos.

Artículo 43. Responsabilidad de los agentes de retención y percepción.

Los agentes de retención o percepción serán responsables ante el contribuyente por los valores retenidos o cobrados contraviniendo las normas tributarias correspondientes, cuando no los hubieren entregado al sujeto activo por quien o a cuyo nombre los verificaron, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal a que hubiere lugar.

Artículo 44. Obligados a repercutir. Está obligado a repercutir aquel que, conforme a ley, deba efectuar el traslado jurídico del tributo a terceros. Dicho tercero repercutido debe satisfacer al obligado tributario el importe del tributo repercutido.

Artículo 45. Sucesor a Título universal.

Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercidos o, en su caso, cumplidos por el sucesor a título universal de acuerdo con las normas civiles.

Artículo 46. Terceros responsables.

Constituyen terceros responsables, de manera solidaria, aquellas personas determinadas por la ley que pueden ser llamados al pago cuando los obligados tributarios, a que se refieren los numerales 1 al 4 del Artículo 38, hayan dejado de cumplir su obligación.

Los terceros responsables tendrán acción para repetir en contra de los obligados tributarios y recuperar el impuesto, los intereses y las costas pagadas. El recibo o constancia de pago prestará merito ejecutivo.

Artículo 47. Solidaridad.

Están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifique un mismo hecho generador y cuya solidaridad se encuentre expresamente establecida en la ley.

Artículo 48. Efectos de la solidaridad.

Los efectos de la solidaridad son:

  1. La obligación puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los obligados a elección del sujeto activo;
  2. La extinción de la deuda tributaria del obligado libera a todos los responsables de la deuda a su cargo;
  3. El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás, cuando sea de utilidad para el sujeto activo que los otros obligados lo cumplan;
  4. La exención o remisión de la obligación libera a todos los obligados, salvo que el beneficio haya sido conferido a determinada persona. En este caso el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficiado;
  5. Cualquier interrupción de la prescripción o de la caducidad, en favor o en contra de uno de los obligados favorece o perjudica a los demás;
  6. La suspensión o conclusión del procedimiento de cobranza coactiva respecto del contribuyente o uno de los responsables, surte efectos respecto de los demás;
  7. Efectuada la retención, percepción o repercusión, el agente u obligado tributario o contribuyente indirecto, es el único responsable ante el Fisco; y es solidario con el contribuyente directo frente al mismo sujeto activo, cuando se haya efectuado parcialmente; y
  8. En las relaciones privadas entre obligados tributarios o contribuyentes y responsables, la obligación se divide entre ellos, y quien efectuó el pago puede reclamar de los demás el total o parte proporcional según corresponda.

Sección 2 - Régimen Jurídico de la Responsabilidad Tributaria

Artículo 49. Establecimiento de la responsabilidad tributaria.

La responsabilidad de los obligados tributarios o contribuyentes ha de ser declarada mediante acto administrativo, en donde se señale la causal de atribución y el monto de la deuda objeto de la responsabilidad, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse con anterioridad. El acto administrativo que declare la responsabilidad podrá ser recurrible por medio de los recursos previstos en este Código.

Artículo 50. Alcance de la responsabilidad tributaria.

La responsabilidad de los obligados tributarios o contribuyentes sólo se extiende a la obligación principal o sustantiva, y no alcanzará a las sanciones ni a los intereses moratorios, sin perjuicio de las responsabilidades accesorias en que pueda incurrir el responsable por el incumplimiento de su obligación.

Artículo 51. Concepto de domicilio.

Se entiende por domicilio el lugar físico o electrónico de localización del obligado tributario o contribuyente en sus relaciones con la Administración Tributaria. El domicilio electrónico será aquel que tiene como objetivo permitir la comunicación electrónica entre los obligados tributarios o contribuyentes y la Administración Tributaria que permita cualquier manera de almacenamiento o tránsito de documentos y archivos electrónicos.

Artículo 52. Domicilio y residencia fiscal de las personas naturales.

El domicilio en el país de las personas físicas será determinado por:

  1. El lugar en donde resida, o
  2. El lugar donde desarrolle sus habituales actividades civiles o comerciales, en caso de no conocerse el lugar donde resida, o
  3. El que elija el sujeto activo, en caso de existir más de un domicilio en el sentido de este Artículo.

No obstante, para todos los supuestos de desarrollo de actividades civiles o comerciales según el literal b) anterior, se podrá considerar como domicilio el lugar donde se ejerza la gestión administrativa y dirección de negocios de la persona física.

Artículo 53. Domicilio y residencia fiscal de las personas jurídicas.

El domicilio en el país de las personas jurídicas y unidades económicas sin personalidad jurídica es:

  1. El de su domicilio social, o
  2. El lugar donde se encuentre su dirección o administración efectiva, o
  3. El lugar donde se halle el centro principal de su actividad, en caso de no conocerse dicha dirección o administración efectiva.
  4. El que elija el sujeto activo, en caso de existir más de un domicilio en el sentido de este

 

  1. Artículo.

Artículo 54. Personas domiciliadas en el extranjero.

El domicilio en el país de las personas físicas o jurídicas extranjeras es:

  1. Si tiene lugar fijo de negocios o establecimiento permanente en el país, los que establecen los Artículos 49 y 50 de este Código, o
  2. En los demás casos, tendrán el domicilio de su representante en el país en caso de tenerlo.

De no tener un domicilio conforme lo antes indicado, será considerado una persona física o jurídica no domiciliada en territorio panameño.

Artículo 55. Determinación y cambio de domicilio.

El obligado tiene el deber de actualizar ante la Dirección General de Ingresos cualquier cambio en la información que aportó al Registro Único de Contribuyentes. Mientras no se actualice la información, el domicilio declarado se considerará vigente.

La Administración Tributaria podrá rectificar de oficio el domicilio tributario de los obligados tributarios o contribuyentes mediante la comprobación pertinente.

Artículo 56. Deber de iniciativa.

Ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una obligación tributaria, los obligados tributarios o contribuyentes definidos en este Código, deberán cumplir dicha obligación por sí mismos, cuando no proceda la intervención de la Administración. Si ésta intervención correspondiere, los obligados tributarios deberán proporcionar la información necesaria para la determinación del tributo.

Artículo 57. Determinación Tributaria.

La determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual se declara la existencia y cuantía de la obligación tributaria o su inexistencia.

Artículo 58. Determinación Voluntaria del contribuyente.

La determinación de la obligación tributaria, se efectuará de acuerdo con las declaraciones voluntarias que presenten los obligados tributarios o contribuyentes en el tiempo y condiciones que establezca la ley. Las declaraciones deben presentarse en los formularios y/o medios electrónicos aprobados por la Dirección General de Ingresos.

Artículo 59. Determinación de Oficio.

La determinación o liquidación de oficio es el acto resolutorio mediante el cual la Administración Tributaria verifica la existencia de un hecho generador, realiza las operaciones de cuantificación y determina el importe de la deuda tributaria, comprobando o corrigiendo si así procediera la Declaración-Liquidación, y determinando en este caso una suma a ingresar o una suma a devolver o compensar de acuerdo con la normativa tributaria.

Artículo 60. Declaración Mixta.

La Dirección General de Ingresos, con fundamento en las declaraciones e informes del contribuyente, liquidará el tributo que éste haya declarado.

Artículo 61. Determinación por mandato legal.

Cuando la ley encomienda la determinación a la administración, prescindiendo total o parcialmente del contribuyente, aquélla deberá practicarse sobre base cierta.

En todos los casos de determinación de alcances sobre base cierta o presunta, el contribuyente podrá impugnar o recurrir e invocar todos los fundamentos de hecho y de derecho que considere pertinentes.

Artículo 62. Mecanismos de determinación de oficio.

La Dirección General de Ingresos podrá asimismo proceder a la determinación de oficio, sobre base cierta o sobre base presunta.

  1. Sobre base cierta, tomando en cuenta los elementos y documentos que permitan conocer en forma directa los hechos generadores del tributo.
  2. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan inducir la existencia y cuantía de la obligación, ante la ausencia de elementos y documentación.

Artículo 63. Supuestos de procedencia de los mecanismos de determinación de oficio.

La determinación sobre base presunta procede en cualquiera de las siguientes situaciones:

  1. Cuando el contribuyente o responsable hubiere omitido presentar la declaración; o
  2. Cuando no exhiba los libros o y documentos pertinentes o no los tenga.
  3. La determinación sobre base cierta se aplicará en todos los demás casos.

Sección 1 - La Disposiciones Generales

Artículo 64. Definición.

La deuda tributaria estará constituida por el tributo debido, los adelantos, los pagos fraccionados, las cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, las cantidades percibidas o que se debieron percibir, los recargos exigibles legalmente, los intereses moratorios y las sanciones pecuniarias.

Integraran parte de la deuda tributaria los montos establecidos en las sentencias judiciales ejecutoriadas, productos de sanciones pecuniarias como consecuencia de una condena por defraudación fiscal en la esfera judicial por procesos cuya competencia escapa de la Administración tributaria por ser de una cuantía igualo superior a los trescientos (300) mil balboas.

Sección 1 - La Disposiciones Generales

Artículo 65. Medios de extinción.

La obligación tributaria se extingue por:

  1. Pago.
  2. Compensación.
  3. Confusión
  4. Declaratoria de incobrabilidad
  5. Condonación o remisión
  6. Prescripción

Sección 2 - El Pago

Artículo 66. Obligados al pago.

El pago de los tributos debe ser realizado por los obligados tributarios o los contribuyentes a los que se refiere el Artículo 38. También podrán realizar el pago los terceros extraños a la obligación tributaria, subrogándose sólo en cuanto al derecho de crédito, las garantías y privilegios sustanciales.

Artículo 67. Medios de pago.

El pago de la deuda tributaria se realizará en moneda de curso legal. Para efectuar el pago se podrán utilizar los siguientes medios:

  1. Dinero en efectivo;
  2. Cheques;
  3. Débito en cuenta corriente o de ahorros;
  4. Tarjetas de débito y de crédito;
  5. Cualquier otro instrumento legalmente habilitado para el pago de tributos; y
  6. Excepcionalmente, mediante dación en pago en especie, debidamente refrendada por la Contraloría General de la República.

La entrega de cheques producirá el efecto de pago siempre que se hagan efectivos. Los débitos en cuenta corriente o de ahorro del obligado tributario, así como el pago con tarjetas de débito o de crédito surtirán efecto siempre que se hubiera realizado la acreditación en la cuenta correspondiente del Tesoro Nacional.

Se entiende efectuado el pago de la deuda tributaria cuando se haya realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes, oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su recepción, cuando por causas no imputables al obligado tributario o contribuyente la Administración Tributaria no haya recibido dicho pago.

La Administración Tributaria estará obligada a recibir pagos parciales aplicables al tributo que indique el obligado, aunque dichos pagos parciales no generan el derecho a ningún tipo de certificado de paz y salvo alguno.

Cuando un obligado tributario o contribuyente este moroso con el Tesoro Nacional por causa de un tributo nacional, pero a su vez, este está pendiente de un pago por parte del Estado se deberá realizar la compensación de dichas cuentas y así extinguir la obligación tributaria con la Administración Tributaria.

Esta compensación se realizará a solicitud del contribuyente y solamente con cuenta pendientes de pago correspondientes a dos (2) periodos fiscales anteriores o más. Esta compensación se realizará a solicitud del obligado tributario o contribuyente ante la Administración Tributaria, la cual deberá ser resuelta en término de treinta (30) días hábiles, mediante comunicación directa entre la Dirección General de Ingresos y la entidad pública pendiente de realizar dichos pagos.

Artículo 68. Plazo para el pago.

El pago deberá hacerse en el lugar, forma y dentro de los plazos que determine la normativa reguladora del tributo.

Los tributos omitidos que la Administración tributaria determine como consecuencia del ejercicio de sus facultades de fiscalización, así como las multas y los demás créditos tributarios, deberán pagarse una vez notificado el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

En aquellos casos en que la resolución determinativa de la obligación tributaria o la que resuelva recursos contra dichas resoluciones, se dicte fuera de los plazos establecidos en la ley, el cómputo de los intereses se suspenderá después de transcurrido el período de un año, de que se haya excedido para la emisión de dichos actos.

Cuando el exceso de dicho plazo se configure por conducta imputable (por negligencia o dolo) a funcionarios estos tendrán las responsabilidades disciplinarias señaladas en la Ley.

Artículo 69. Intereses y recargos por pago fuera de plazo.

El no pago en tiempo de los créditos derivados de la obligación tributaria generará un interés moratorio por mes o fracción de mes, contado a partir de la fecha en que el crédito debió ser pagado y hasta su cancelación. Este interés moratorio será de dos puntos porcentuales sobre la tasa de referencia del mercado que indique anualmente la Superintendencia de Bancos.

La tasa de referencia del mercado se fijará en atención a la cobrada por los bancos comerciales locales durante los seis meses anteriores en financiamientos bancarios comerciales.

Los pagos correspondientes a declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo del 10%, con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse, pero no de los intereses previstos en este Artículo.

Artículo 70. Imputación de pagos.

Cuando un contribuyente moroso haga un pago por cuota, partida o anualidad de cualquier tributo, este se imputará a las cuotas, partidas, o anualidades pendientes, más antigua, de la misma naturaleza.

Los pagos que el contribuyente realice de acuerdo con el artículo anterior se aplicarán en su orden de la siguiente manera:

  1. A la cancelación de la multa, recargos e intereses vencidos del tributo.
  2. A la cancelación del monto del tributo, gravamen o derecho.

Los excedentes se aplicarán al mismo tributo, gravamen o derecho del siguiente año moroso, en el mismo orden establecido en los ordinales 1. o Y 2. o del presente artículo, sucesivamente.

Artículo 71. Pago por terceros.

Cualquier tercero no vinculado a la obligación tributaria, podrá realizar el pago del tributo en nombre del obligado o sujeto pasivo tributario, entendiéndose que dicho pago será reconocido como uno hecho por el obligado tributario o contribuyente.

La relación que surja entre el tercero no vinculado a la obligación tributaria y el obligado se regirá por la legislación correspondiente.

Artículo 72. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.

Las deudas tributarias impagas o en proceso ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.

A tal fin, los obligados deberán presentar solicitud o completar los formularios respectivos ante la Dirección General de Ingresos en la cual se indique lo siguiente:

  1. Tipo de impuesto y periodos.
  2. Fundamentos.
  3. Identificación de los codeudores, fiadores u otros medios de garantía y autorización para solicitar las referencias de crédito.

Recibida la solicitud, la Dirección General de Ingresos deberá responderla dentro de los treinta días calendario.

El Director General de Ingresos podrá delegar en otros funcionarios, el conocimiento y aprobación de las solicitudes debido a la cuantía.

Los arreglos de pago que se autoricen devengarán intereses de conformidad con lo dispuesto en este Código.

La denegación de la solicitud es irrecurrible en la vía gubernativa.

No podrán celebrarse arreglos de pago cuando se trate de impuestos indirectos.

Artículo 73. Contenido del documento de arreglo de pago.

En caso de aprobación de la solicitud, se procederá a redactar un arreglo de pago que deberá contener, como mínimo lo siguiente:

  1. Identificación del contribuyente,
  2. Identificación del codeudor, fiadores o medios de garantía aceptados, si procede.
  3. Monto del impuesto y periodos fiscales correspondientes a los que se aplica el convenio.
  4. Condiciones y plazos de pago.
  5. Renuncia al domicilio del contribuyente y sus codeudores y/o fiadores solidarios, en caso de que existan.
  6. Autorización para los descuentos sobre las fuentes de ingresos con que se espera cubrir la obligación.

Artículo 74. Requisitos para otorgar certificados paz y salvo a contribuyentes bajo arreglo de pago.

Los contribuyentes que se encuentren bajo arreglo de pago, se les expedirá paz y salvo sobre los impuestos que adeuden al fisco, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  1. Que el contribuyente abone el 45% de la morosidad al momento de formalizar su solicitud de arreglo de pago.
  2. En caso de que se encuentre moroso en una cuota o dos, tendrá que ofrecer garantías colaterales que permitan a la Dirección General de Ingresos el cobro efectivo del impuesto del que se trate, las cuales pueden consistir en: garantías emitidas por empresas bancarias o financieras, fianzas de cumplimiento o garantías reales.

El certificado de paz y salvo obtenido bajo el arreglo de pago no puede ser utilizado para la transferencia de ningún bien inmueble.

Artículo 75. Causales de rescisión y resolución del arreglo de pago.

Son causales de rescisión y resolución del arreglo de pago las siguientes:

  1. La falsedad de la información suministrada.
  2. El incumplimiento del pago de dos mensualidades seguidas, si el obligado no se pone al día, al ser requerido por la Dirección General de Ingresos.
  3. Pérdida, disminución, depreciación o desvalorización de la garantía, salvo que ofrezca garantías adicionales.

Artículo 76. Plazos y condiciones del arreglo de pago.

Debe adecuarse a la última resolución de la DGI en esta materia.

La Dirección General de Ingresos podrá aplazar o fraccionar el pago de las cuotas de los tributos, anticipos, estimadas, pagos a cuenta, sanciones pecuniarias y demás recargos.

Excepcionalmente la Dirección General de Ingresos podrá conceder fraccionamientos y/o aplazamientos para el pago de obligaciones provenientes de tributos retenidos o percibidos, cuando las condiciones económicas del contribuyente lo justifiquen.

La Dirección General de Ingresos podrá mediante resoluciones generales conceder nuevos plazos y condiciones del arreglo de pago cuando se requiera adoptar nuevas políticas de recaudación.

Artículo 77. Prórrogas o fraccionamientos.

El Presidente de la República con la intervención del Ministro de Economía y Finanzas podrán, mediante Decreto Ejecutivo, conceder prórrogas o fraccionamientos y plazos para el pago de obligaciones vencidas o no vencidas, cuando el normal cumplimiento por los contribuyentes sujetos a la obligación tributaria se vea impedida en virtud de circunstancias excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor, que afecten la economía de un distrito, provincia o de todo el país.

Artículo 78. Pago por consignación.

El pago de la obligación tributaria podrá también hacerse mediante consignación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en todos aquellos casos en que el sujeto activo de la obligación tributaria o sus agentes se negaren a recibir el pago.

El pago por consignación tendrá los siguientes efectos:

  1. El contribuyente tendrá derecho a que se le expida el certificado paz y salvo correspondiente al tributo pagado por consignación.
  2. No se generarán intereses ni recargos sobre el importe del tributo pagado
  3. Se levantarán las medidas cautelares o de cobro coactivo sobre el importe del tributo pagado.

Estos efectos se producirán a partir de la fecha de presentación de la constancia del pago.

Sección 3 - Compensación

Artículo 79. Efectos de la compensación.

La compensación extingue de pleno derecho y hasta su concurrencia, los créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente o su cesionario, por concepto de tributos, intereses, multas y recargos, con las deudas tributarias por los mismos conceptos, igualmente líquidas, y no prescritas.

Las deudas tributarias podrán compensarse total o parcialmente con créditos por tributos y sanciones, líquidos, exigibles y no prescritos, siempre que sean administrados por la Dirección General de Ingresos.

Artículo 80. Formas de operar la compensación.

La compensación podrá realizarse por cualquiera de las siguientes formas:

1. Automática por los obligados tributarios o contribuyentes, únicamente en los casos establecidos expresamente por ley.

Cuando el contribuyente mantenga créditos a su favor en concepto de cualquier tributo administrado por la Dirección General de Ingresos, podrá notificar para que se compense de forma automática, sin necesidad de un proceso de fiscalización previo ni el cobro de cargos moratorios, cualquier deuda tributaria o multas hasta un máximo de cien mil balboas (B/. 100,000.00).

El contribuyente o su cesionario estarán obligados a notificar la compensación a la Dirección General de Ingresos, sin que ello constituya un requisito para la aplicación de la compensación y sin perjuicio de las facultades de fiscalización y determinación que pueda ejercer la Administración posteriormente.

2. A solicitud del obligado tributario o contribuyente.

Sin perjuicio del numeral 1 de este artículo, los obligados tributarios o contribuyentes podrán solicitar compensación de sus créditos fiscales de un tipo de tributo, con deudas en concepto de tributos, anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, recargos e intereses y sanciones pecuniarias de otros tributos que mantengan con la Dirección General de Ingresos.

En los casos de la compensación de cuentas pendientes de pago de acreedores del Estado con cuentas morosas por el obligado tributario o contribuyente se establece el siguiente procedimiento:

  1. Las cuentas pendientes de pago por parte del Estado sujetas a compensación serán las que tengan un periodo de impago de más de dos (2) años contados a partir del día en que fue recibido la cuenta conforme por la entidad correspondiente. Para la validez de la compensación será necesario que exista una certificación de existencia de la cuenta por parte Dirección de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, La Contraloría General de la República. Esta certificación no podrá exceder de un plazo mayor de quince (15) días hábiles contados a partir la presentación de la solicitud de certificación por parte de solicitado.
  2. Los impuestos compensables serán morosidades que tengan más de dos (2) años contados a partir del último día del año en que debió ser pagada la obligación.
  3. Las cuentas pendientes de pago susceptibles de compensación podrán ser cedidas a terceros que tengan tributos morosos Administrados por la Administración Tributaria en cuento exista un convenio de cesión entre las partes debido autenticado y registrado ante la entidad gubernamental dueña de la cuenta y los entes de control mencionados en el numeral 1 de este párrafo.
  4. Una vez certificado de acuerdo con el proceso establecido en el numeral 1 de este párrafo, el obligado tributario, cesionario o contribuyente presentará una solicitud formal de compensación ante la dirección general que deberá contener lo siguiente:
    1. Datos generales del obligado tributario o contribuyente.
    2. Datos generales del cedente o cesionario si es el caso.
    3. Certificación a que hace referencia el numeral 1 de este párrafo.
    4. Descripción de los tributos que serán sujetos a compensación.
El Departamento de cuenta corriente tendrá que compensar las cuentas luego de validar la información establecida en el numeral 4 de este párrafo sin necesidad de un requerimiento adicional más que la verificación de los saldos compensables en la cuenta corriente del obligado tributario o contribuyente.

3. De oficio por la Administración Tributaria.

Los créditos fiscales líquidos, sin solicitud expresa de compensación por parte de los interesados, podrán ser imputados de oficio por la Dirección General de Ingresos al pago de la deuda; comenzando por las deudas de períodos más antiguos, referentes a periodos no prescritos y en el orden de prelación de los conceptos establecidos en el artículo de imputación de pagos de este Código.

Si transcurridos tres meses a partir de la presentación de la declaración de rentas, el contribuyente no ha determinado a cuales impuestos pudiese aplicarse el crédito fiscal, la Dirección General de Ingresos deberá decretar de oficio la compensación de los créditos líquidos a favor del obligado o responsable por concepto de tributos, sus recargos e intereses, con sus deudas tributarias igualmente líquidas, referentes a periodos no prescritos, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, siempre que estos sean administrados por la Dirección General de Ingresos.

También son compensables en las mismas condiciones establecidas en el párrafo anterior, los créditos por tributos con los que provengan de multas firmes.

También podrán compensarse deudas tributarias con créditos en los procesos de auditoría o verificación de cumplimiento ejecutadas por la Dirección General de Ingresos.

Artículo 81. Créditos Fiscales.

Sólo se reconocerá como crédito fiscal, aquellas sumas que efectivamente haya ingresado el contribuyente al Fisco o que surjan como consecuencia de un beneficio o incentivo fiscal.

Artículo 82. Cesión de créditos fiscales.

Los créditos líquidos y exigibles de un contribuyente o responsable por concepto de tributos, podrán ser cedidos a otros contribuyentes o responsables, al sólo efecto de ser compensados con deudas tributarias del cesionario. A tales efectos se deberán cumplir los siguientes requisitos:

  1. El contribuyente o responsable deberá comunicar a la Dirección General de Ingresos la cesión;
  2. Solamente podrán cederse créditos administrados por la Dirección General de Ingresos;
  3. Los créditos deberán ser debidamente individualizados en cuanto al tipo de impuesto, periodo fiscal y cuantía.

Artículo 83. Inexistencia o ilegitimidad de la cesión.

Las compensaciones efectuadas por el cesionario conforme a lo establecido en el artículo anterior, solo surtirán efectos de pago en la medida de la existencia o legitimidad de los créditos cedidos. La Dirección General de Ingresos no asumirá responsabilidad alguna por la cesión efectuada, la cual en todo caso corresponderá exclusivamente al cedente y cesionario respectivo.

El rechazo o impugnación de la compensación por causa de la inexistencia o ilegitimidad del crédito cedido, hará surgir la responsabilidad personal del cedente. Asimismo, el cedente será solidariamente responsable junto con el cesionario por el crédito cedido. Se establece la obligatoriedad de informar la cesión de Créditos Fiscales entre las empresas fusionadas o escindidas ante la DGI para que surtan efectos fiscales.

Sección 4 - Confusión

Artículo 84. Procedencia.

La obligación tributaria se extingue por confusión, cuando el Estado o cualquier sujeto de derecho público quedare colocado en la situación del deudor, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objeto del tributo.

Sección 5 - Declaratoria de Incobrabilidad

Artículo 85. Supuestos de procedencia.

La Dirección General de Ingresos deberá de oficio, de acuerdo al procedimiento previsto en este Código, declarar incobrables las obligaciones tributarias y sus recargos y multas conexas que se encontraren en algunos de los siguientes casos:

  1. Las obligaciones tributarias prescritas.
  2. Aquellas cuyos sujetos pasivos u obligados hayan fallecido en situación de insolvencia comprobada, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 45 de este Código.
  3. Aquellas pertenecientes a obligados fallidos que no hayan podido pagarse, una vez liquidados totalmente sus bienes.
  4. Aquellas pertenecientes a personas naturales obligadas que se encuentren ausentes del país, declarado por autoridad competente, siempre que hubieren transcurrido cinco años contados a partir de la fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción sin que se conozcan bienes sobre los cuales puedan hacerse efectivas.

La Dirección General de Ingresos podrá disponer de oficio la no iniciación de las gestiones de cobranza coactiva de los créditos tributarios a favor del Fisco, cuando sus respectivos montos no superen la cantidad de cien balboas (B/. 100.00) y se demuestre gestiones fallidas del cobro en la vía administrativa de dicha deuda tributaria.

Sección 6 - Condonación

Artículo 86. Condonación.

La obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonada por la ley.

Sección 7 - Prescripción

Artículo 87. Plazo y cómputo general de prescripción, con el objetivo de mantener la cuenta corriente de los contribuyentes saneada con las deudas tributarias efectivamente cobrables.

Prescribirán de oficio y de forma automática a los seis años:

<ol style="list-style-type: decimal;">
<li>
<p>

La facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas, autoliquidadas, o por resolución ejecutoriada, y de las sanciones impuestas contados desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo de pago voluntario o el plazo establecido en el Artículo 68 de este Código, según corresponda.

</p>
</li>
<li>
<p>

2. La facultad de la Administración Tributaria para determinar la obligación y el pago de los obligados tributarios o contribuyentes omisos con sus recargos e intereses, contados desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración.

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</li>
<li>
<p>

La facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones tributarias, contados desde la fecha en que se cometió la infracción sancionable, incluyendo la defraudación fiscal administrativa.

</p>
<p>

Igual término de prescripción operará para que tenga validez el informe que sirve de fundamento para que la Dirección General de Ingresos presente una denuncia penal por defraudación fiscal ante el Ministerio Público por indicios de actividad dolosa en contra del Tesoro Nacional por cuantía igualo superior a los trescientos mil balboas (B/.300,000.00) como suma supuestamente defraudada al fisco.

</p>
</li>
<li>
<p>

El derecho a la devolución de pagos indebidos, pagos de más, o saldos a favor de los obligados tributarios contados desde el día siguiente a aquél en que se realizó el pago indebido, pagos de más o se constituyó el saldo a favor.

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</li>
</ol>

Prescribirá de oficio y de forma automática a los tres años:

La facultad de la Administración Tributaria para determinar la obligación adicional y el pago adicional de los obligados tributarios o contribuyentes inexactos con sus recargos e intereses, contados desde el día siguiente a aquél en que presento su autoliquidación o determinación voluntaria mediante declaraciones juradas o declaraciones liquidaciones de impuestos.

Prescribirá de oficio y de forma automática al año:

El derecho a solicitar y presentar la rectificación de las autoliquidaciones o determinaciones voluntarias mediante declaraciones juradas de impuestos, contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo para presentar la autoliquidación o determinación voluntaria.

Prescribirá de oficio y de forma automática a los tres años:

  1. El derecho a la devolución de pagos indebidos, pagos de más, o saldos a favor de los obligados tributarios contados desde el día siguiente a aquél en que se realizó el pago indebido, pagos de más o se constituyó el saldo a favor.
  2. La facultad de la Administración Tributaria para determinar la obligación adicional y el pago adicional de los obligados tributarios o contribuyentes inexactos con sus recargos e intereses, contados desde el día siguiente a aquél en que presento su autoliquidación o determinación voluntaria mediante declaraciones juradas o declaraciones liquidaciones de impuestos.

Prescribirá de oficio y de forma automática al año:

El derecho a solicitar y presentar la rectificación de las autoliquidaciones o determinaciones voluntarias mediante declaraciones juradas de impuestos, contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo para presentar la autoliquidación o determinación voluntaria.

Artículo 88. Computo del plazo.

El cómputo del plazo de prescripción previsto en el Artículo 87, al término de seis años se contará así:

  1. En el caso previsto en el numeral 1, desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo de pago voluntario o el plazo establecido en el Artículo 68 de este Código, según corresponda.
  2. En el caso previsto en el numeral 2, desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración.
  3. En el caso previsto en el numeral 2, desde la fecha en que se cometió la infracción sancionable.

El cómputo del plazo de prescripción previsto en el Artículo 87, al término de tres años se contará así:

  1. En el caso previsto en el numeral 1, para la devolución de impuestos, desde el día siguiente a aquél en que se realizó el pago indebido, pago de más o se constituyó el saldo a favor.
  2. En el caso previsto en el numeral 2, para determinar la obligación adicional desde el día siguiente al vencimiento del plazo para presentar la autoliquidación o determinación voluntaria.

El cómputo del plazo de prescripción previsto en el Artículo 87, al término de un año se contará así:

El derecho a solicitar y presentar la rectificación, contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo para presentar la autoliquidación o determinación voluntaria.

Artículo 89. Interrupción de la prescripción.

El término de la prescripción se interrumpe, según corresponda:

<ol style="list-style-type: decimal;">
<li>
<p>

Por cualquier actuación administrativa, debidamente notificada al obligado tributario o contribuyente de conformidad con las normas establecidas en este Código, conducente al reconocimiento, regularización, fiscalización, aseguramiento (caución), comprobación, verificación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible.

</p>
<p>

No obstante, podrá considerarse interrumpido el término de prescripción cuando se publiquen a través de los medios de circulación nacional las listas de los morosos tributarios que no hayan actualizado su domicilio tributario en el registro único de contribuyentes (RUC) de la Dirección General de Ingresos.

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<p>

Se entenderá no producida la interrupción del término de la prescripción, si las actuaciones encaminadas al cobro de los impuestos, no se inician en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de notificación o si, una vez iniciadas, se suspenden por más de un año.

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</li>
<li>
<p>

Por cualquier actuación del obligado tributario conducente al pago o liquidación de la deuda.

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</li>
<li>
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Por la solicitud de prórrogas, arreglos de pago u otras facilidades de pago.

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</li>
<li>
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Por cualquier acto fehaciente del obligado tributario que pretenda ejercer el derecho de devolución ante la Administración Tributaria, o por cualquier acto de esa Administración en que se reconozca la existencia del pago indebido, pago de más o del saldo acreedor.

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</li>
<li>
<p>

Por la presentación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación o determinación voluntaria.

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<li>
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Por la notificación de cualquier actuación en la esfera de la jurisdicción coactiva iniciada por la Administración Tributaria o por la adopción de medidas cautelares.

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Por cualquier abono a la deuda tributaria realizado exclusivamente por contribuyente moroso, reconociendo con esta acción la obligación tributaria.

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<li>
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Se considerará interrumpida la prescripción a través de los medios electrónicos que indiquen la información personal de los obligados tributarios o contribuyentes al momento de completar sus datos en registro único de contribuyentes, como puede ser a través de los correos electrónicos, teléfono de cualquier tipo, SMS, redes sociales y cualquier medio confiable que permita tener contacto con los contribuyentes. Se dejará constancia de las gestiones que se realizaron para notificar al contribuyente.

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</ol>

La Dirección General de Ingresos queda autorizada para obtener de cualquiera entidad, pública o privada, dedicada a la prestación de servicios públicos (distribución y comercialización de energía eléctrica, telecomunicaciones, televisión por cable, microondas, satelital, telefonía móvil; agua potable suministrada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y por las demás entidades de servicios públicos), sin excepción, toda la información de base de datos y similares que sea necesaria para contactar a los contribuyentes. Dicha información será manejada por la Dirección General de Ingresos con la más estricta confidencialidad.

Interrumpida la prescripción se iniciará de nuevo el cómputo del plazo; sin embargo, el plazo de prescripción que se interrumpe con motivo del ejercicio del derecho a determinar la obligación o liquidaciones adicionales, imponer sanciones y exigir el pago de la deuda, a que se refiere el Artículo 87, adicionado con el nuevo plazo que se inicie a partir de producirse las referidas causales de interrupción, no podrá exceder de seis años. La prescripción no se verá afectada cuando se trate de procedimientos parciales de determinación ejecutados a un contribuyente.

Artículo 90. Suspensión de la prescripción.

El cómputo del plazo de la prescripción se suspende por la interposición del recurso de reconsideración o apelación directa, cuando dicha impugnación trate o esté relacionada con la deuda tributaria a prescribir.

Artículo 91. Alcance de la prescripción.

La prescripción del derecho de la Dirección General de Ingresos para determinar y exigir el pago de la obligación tributaria extingue el derecho a los intereses, recargos y a cualquier otra medida en contra del obligado relacionada con la deuda tributaria a prescribir.

La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados tributarios o contribuyentes al pago, salvo que se hubiese interrumpido el curso de la prescripción para alguno de ellos.

La prescripción del derecho de la Administración tributaria para determinar y exigir el pago de la obligación de un periodo tributario determinado, no impide la obtención o utilización de la información sobre hechos o situaciones producidas en dicho periodo para la determinación de obligaciones tributarias de periodos no prescritos.

Artículo 92. Declaración de la prescripción.

La prescripción deberá ser declarada de oficio o a pedido del obligado tributario o contribuyente, sea por la vía de la solicitud, invocada o de la excepción en la jurisdicción coactiva, retrotrayendo sus efectos al momento del cumplimiento del plazo de prescripción.

La declaración de la prescripción de oficio de los tributos nacional implica la aplicación automática en el sistema informático de la Administración Tributaria del estado de cuenta correcto de todos los contribuyentes.

Artículo 93. Pago de una obligación prescrita.

El pago de la obligación prescrita no implicará la renuncia de la prescripción y dará derecho a solicitar la devolución de lo pagado.

Sección 8 - Privilegios de la Deuda Tributaria

Artículo 94. Orden de privilegio.

La deuda tributaria goza de privilegio general sobre todos los bienes de los obligados tributarios y tendrá prelación sobre los demás créditos con excepción de:

  1. Acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real, siempre que éste se haya constituido y registrado en la forma exigida por ley y con anterioridad a la determinación de la deuda tributaria.
  2. Las pensiones alimenticias y los salarios, cualquiera que fuere su fecha.
  3. Las cuotas de seguridad social.
  4. Cualquier otro crédito privilegiado establecido por la Ley.

Título III - Atribuciones y Obligaciones de la Administración Tributaria

Artículo 95. Acceso a las actuaciones.

Los obligados tributarios o contribuyentes tendrán acceso a las actuaciones administrativas, a realizar todas las gestiones inherentes al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las concernientes a las actividades procesales.

La revisión de los expedientes se podrá realizar en cualquier día hábil.

Artículo 96. Medidas para mejor proveer.

La autoridad administrativa impulsará de oficio el procedimiento. En cualquier estado del trámite podrá disponer medidas para mejor proveer, en cuyo caso se suspenderá el cómputo de los plazos administrativos por un t que no podrá exceder de sesenta días, para la conclusión de los procedimientos establecidos en este Código.

Esta medida es aplicable a los trámites iniciados por una solicitud general ante la Administración Tributaria y no a solicitudes especiales o procesos iniciados por la interposición de un recurso.

Artículo 97. Motivaciones.

Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de control tributario extensivo y fiscalización previstas en este Código, o en otras leyes tributarias, o bien que consten en los expedientes o documentos que tenga en su poder la Administración Tributaria, servirán para fundamentar sus resoluciones y las de cualquier otra autoridad u organismo competente en materia de tributos, y la documentación que exista de dichos hechos deberán ser parte de los expedientes que se levanten sobre los mismos.

Artículo 98. Notificación.

Se notificará a los obligados tributarios o contribuyentes, en días hábiles, las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses.

Toda notificación deberá contener el texto íntegro de la parte resolutiva o dispositiva de la resolución o acto administrativo, con indicación de los recursos administrativos que proceden en su contra, órgano ante el cual deberán presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los obligados tributarios puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

Los plazos empezarán a correr desde el día hábil siguiente al que se tenga por realizada la notificación, independientemente del medio utilizado.

Artículo 99. Formas de notificación.

Las formas de notificación son, de manera general:

  1. Personal: que consiste en entregar al obligado tributario o contribuyente copia íntegra de la resolución o del documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación del día, hora, así como la persona que recibe el documento y firma.
  2. Por escrito: mediante memorial del obligado tributario dándose por notificado de la resolución o acto administrativo.
  3. Por edicto: es aquella que se realiza mediante la comunicación pública de la resolución o aviso de cobro, en los casos que indica la Ley.
  4. Tácita o por conducta concluyente: es aquella que se produce cuando el contribuyente o responsable realice cualquier actuación que implique el conocimiento del acto, desde el día siguiente en que se efectuó dicha actuación.
  5. Por medios electrónicos: que indiquen la información personal de los obligados tributarios o contribuyentes al momento de completar sus datos en registro único de contribuyentes, con la finalidad de comunicar, informar o hacer gestiones de cobro, como puede ser a través de los correos electrónicos, teléfono de cualquier tipo, SMS, redes sociales y cualquier medio confiable que permita tener contacto con los contribuyentes.

Se dejará constancia por parte de la Administración Tributaria de las gestiones que se realizaron para notificar al contribuyente, por estos medios electrónicos para que los mismos tengan validez.

La Administración Tributaria y el Tribunal Administrativo Tributario podrán desarrollar e implementar formas adicionales de notificación utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, que comunicarán a los contribuyentes mediante la expedición de resoluciones o acuerdos del Pleno, según corresponde.

Artículo 100. Notificación personal.

Se notificarán personalmente las siguientes resoluciones:

  1. La primera resolución en la cual se afecten los derechos e intereses de los obligados tributarios.
  2. Las resoluciones que pongan fin a una instancia o a un recurso.
  3. Las resoluciones en que se ordene el traslado de toda petición, solicitud o se ordene su corrección para reconocer un documento. 4. La primera resolución que se dicte en un proceso que ha estado paralizado por seis meses o más.
  4. Las resoluciones que recaigan sobre el derecho de petición o solicitud general.
  5. Las resoluciones que inician el procedimiento de cobro coactivo.

Artículo 101.

Las notificaciones personales se realizarán en el domicilio tributario o al correo electrónico declarado por abogado idóneo del contribuyente o el obligado tributario en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) después de haberse dictado y notificado por escrito de la notificación que da inicio a un proceso en el cual se afecten los derechos e intereses de los obligados tributarios o contribuyentes.

En caso de que los mismos no tengan domicilio tributario registrado en la Administración Tributaria, deberán señalarlo en el primer escrito o comparecencia.

Artículo 102. Personas que pueden recibir notificaciones.

Las notificaciones se practicarán al obligado tributario o contribuyente, su representante legal o apoderado general o abogado con poder constituido bajo las formalidades de la Ley.

En el acuse de recibo de la notificación deberá constar, como mínimo:

  1. La identificación del notificador,
  2. La indicación del día, hora, así como la persona notificada y su firma.

Artículo 103. Edicto en puerta.

En los casos de notificación personal, cuando el obligado tributario o contribuyente, representante legal, o apoderado general o abogado con poder no fuere localizado en el último domicilio informado, en dos días hábiles distintos, se hará constar en un informe suscrito por el notificador o secretario del despacho encomendado, el cual se adicionará al expediente, y se procederá a la notificación por edicto en puerta. De igual manera se procederá cuando el obligado tributario o contribuyente, representante legal o apoderado general, abogado con poder, no hubiere informado el domicilio tributario o el domicilio informado fuere inexistente, o no corresponda al contribuyente, o bien no pudiese ser ubicado.

El edicto se fijará en la oficina correspondiente durante un plazo de cinco días hábiles, dentro de los cuales además se publicará en un diario de circulación nacional, durante tres días consecutivos. El edicto contendrá la expresión del asunto de que se trate, la fecha y la parte dispositiva de la resolución o acto administrativo y la advertencia de los recursos procedentes.

Artículo 104. Notificación por edicto.

El edicto contendrá la expresión del proceso en que ha de hacerse la notificación, la fecha y la parte dispositiva de la resolución que deba notificarse. Será fijado el día siguiente de dictada la resolución y el término de duración de su fijación será de cinco días. Este edicto se agregará al expediente con expresión del día y hora de su fijación y desfijación. Desde la fecha y hora de su desfijación se entenderá hecha la notificación.

En el caso de la notificación personal electrónica se entenderá por notificado al obligado tributario o contribuyente, o apoderado legal, cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la copia digital del documento notificado o del documento generado electrónicamente en el sistema de notificaciones electrónicas. Se exceptúan a este tipo de notificaciones electrónica las reguladas en el Artículo 100 de este Código.

Artículo 105. Notificaciones al Director General de Ingresos.

Al Director General de Ingresos, o al funcionario a quien este delegue facultades para ser notificado en nombre de la Dirección General de Ingresos, se le notificarán todas las resoluciones que se dicten dentro del procedimiento de segunda instancia seguido por el Tribunal Administrativo Tributario. Le serán notificadas las resoluciones personalmente al Director o al Funcionario encargado de las funciones de Director que inicien y pongan fin a la instancia. Las demás resoluciones le serán notificadas por edicto.

En el supuesto que el Director General de Ingresos comunique por escrito al tribunal que se da por notificado, antes de la desfijación del edicto, se entenderá surtida la notificación.

El día de la fijación del edicto, el tribunal remitirá al despacho del Director General de Ingresos una copia certificada de la resolución respectiva, con la constancia de la fecha de fijación.

Quedará surtida la notificación una vez desfijado el edicto.

Para los efectos de las notificaciones personales, si el Director General de Ingresos o el funcionario con las funciones encargadas no se encontrare en su despacho al momento de la visita del notificador, se considerará legalmente notificado transcurridas cuarenta y ocho horas, contadas a partir del ingreso a su despacho de una copia certificada de la resolución respectiva, de lo cual se dejará constancia en el expediente mediante informe secretarial.

Artículo 106. Carga de la prueba.

En los procedimientos tributarios, cuando los obligados tributarios o contribuyentes hagan valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. La carga de la prueba incumbe a la Administración Tributaria respecto de los hechos constitutivos de la obligación tributaria de carácter dolosos, como en los casos de defraudación fiscal, mientras que incumbe la carga de la prueba al contribuyente u obligado tributario respecto de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la obligación tributaria cuya controversia no implique el establecimiento de una actuación dolosa. Corresponde al contribuyente u obligado tributario, según el caso, demostrar los hechos o actos que configuren sus costos, gastos, pasivos, créditos fiscales, exenciones, no sujeciones o hechos no gravables, descuentos, así como cualquier beneficio fiscal que alegue existente a su favor, y para desvirtuar cualquier determinación de oficio o adicional realizada por la Administración Tributaria que gozará de la presunción de legalidad. La obligación de aportar prueba se entiende cumplida si se designan, de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria. Para la comprobación de los hechos constitutivos de la obligación tributaria material, la Administración Tributaria estará obligada a incorporar los papeles de trabajo o documentos correspondientes a la auditoría o fiscalización efectuada a los obligados tributarios conjuntamente al expediente administrativo correspondiente, bajo la advertencia que los mismos son actuaciones preparatorias, constituyendo el acto administrativo impugnable aquel con carácter definitivo, firmado por la autoridad competente y que surte efectos jurídicos sobre el obligado tributario o contribuyentes.

Artículo 107. Principios que rigen la prueba.

No habrá reserva de prueba. El secretario o la secretaria o quien haga sus veces, deberá mostrar a cualquiera de las partes, siempre que lo solicite, las pruebas de la contraria y también las que se hayan evacuado a petición de la solicitante. No será exigible la prueba negativa, salvo en aquellos casos que puedan ser provistas por fuentes probatorias registrales o similares, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos. La Administración Tributaria no podrá solicitar o requerir al obligado tributario o contribuyente documentación que repose por cualquier causa en sus archivos y que el interesado invoque como fundamento de su petición, solicitud o como prueba, siempre y cuando indique el tipo de documento y cualquier otra información que facilite su individualización.

Artículo 108. Admisibilidad de las pruebas.

Las pruebas deben ceñirse a la materia el proceso y son inadmisibles las que no se refieren a los hechos discutidos así como las legalmente ineficaces. La autoridad competente puede rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibido por la ley, notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha del proceso; también puede rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes o ineficaces, las cuales deberán rechazarse mediante decisión motivada. De la misma forma deberá siempre expedirse una resolución de admisibilidad o no de las pruebas aportadas, tanto en la primera instancia ante la Dirección General de Ingresos como en la segunda instancia ante el Tribunal Administrativo Tributario.

Artículo 109. Medios de prueba.

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho, tales como: el testimonio, la inspección oficial, las acciones exhibitorias, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos, las fotocopias o las reproducciones mecánicas y los documentos enviados mediante facsímil y cualquier otro elemento racional que sirva a la formación de la convicción del funcionario, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley ni sean contrarios a la moral o al orden público. En el caso de la prueba de facsímil y las copias, la Administración Tributaria deberá asegurarse de su autenticidad, confrontándolos con su original en un periodo razonable, no superior a diez días hábiles, y excepcionalmente por procesos en materia de tributación internacional hasta por 30 días hábiles, después de su recepción, o por cualquier otro medio que considere apropiado, cuando las mismas sean presentada por una petición o solicitud ante la Administración Tributaria. Cuando dichas pruebas de facsímil o copias, se aporten para acompañar un recurso de reconsideración o apelación, las mismas deberán presentarse debidamente autenticadas mediante notario público que de fe de que fueron confrontadas con su original, o en su defecto confrontadas con su original en las oficinas de la Administración Tributaria o el Tribunal Administrativo Tributario por el funcionario competente en el período probatorio de dicho proceso.

Artículo 110. Prueba testimonial.

Se admite la prueba testimonial la cual podrá consistir en:

  1. Declaraciones rendidas ante Notario, las cuales deben ser presentadas juntas con el recurso interpuesto o dentro del período de pruebas dentro del proceso en donde se interpuso el recurso de reconsideración, o apelación en los casos en que fuera admisible. Estas podrán ser ratificadas o ampliadas por el funcionario del conocimiento cuando este estime conveniente hacerlo.
  2. Declaración rendida ante el funcionario competente.

Artículo 111. Prueba documental.

La prueba documental consistirá en documentos públicos o privados.

Artículo 112. Documento Público.

El documento público se presume auténtico mientras no se pruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. 27Las copias de documentos públicos podrán ser aportadas sin necesidad de autenticación, siempre que reposen sus originales en los archivos de la Administración Tributaria. Cuando el contribuyente invoque como prueba el contenido de documentos que reposen en los archivos de la Administración Tributaria o acompañe copia simple del mismo, se procederá a la ubicación del documento original, a su cotejo y posterior anexo o inclusión en el expediente respectivo.

Artículo 113. Documento Privado.

Los documentos privados deben presentarse en sus originales para que tengan valor probatorio, pero tendrán el mismo valor:

  1. Las copias compulsadas y certificadas por notario.
  2. Cuando sean cotejada con su original por la Administración Tributaria o la autoridad competente, y;
  3. Cuando se presente en copia fotostática o reproducida por cualquier otro medio técnico, siempre que sea autenticada por la persona encargada de la custodia del original.

También tendrá carácter de prueba documental los demás actos a los que la ley le reconozca el carácter de tal.

Artículo 114. Documentos, libros y registros contables.

Los documentos, libros y registros contables constituyen elemento de prueba, siempre y cuando se lleven conforme lo establece el Código de Comercio. Igual valor tendrán los sistemas de registros contables electrónicos y de facturación electrónica que cumpla con los requisitos establecidos por la Administración Tributaria. Cuando la contabilidad no se lleve conforme lo establece el Código de Comercio, o no exista del todo, la Administración Tributaria podrá aplicar el método de base presunta a que se refiere el numeral 2 del Artículo 62 de este Código.

Artículo 115. Requisitos de las pruebas rendidas por contadores públicos autorizados.

Los peritajes, informes, certificaciones o cualquier otro acto propio de la profesión de contador público autorizado, para que sea admisible en materia tributaria, deberán contar con los siguientes requisitos: 1. Nombre y números de cédula de identidad personal y de idoneidad profesional. 2. Domicilio profesional. 3. Objeto del peritaje, informe, certificación o del acto del que se trate. 4. Fuentes utilizadas en la confección de la prueba. 5. Normas o principios contables (si aplica). 6. Procedimientos y métodos aplicados para llegar a las conclusiones. 7. Cualquier otro elemento que haya servido en la elaboración de los peritajes, informes, certificaciones o cualquier otro acto propio de la profesión de contador público autorizado 8. Conclusiones. Los peritajes, informes, certificaciones o cualquier otro acto propio de la profesión de contador público autorizado de los que trate este

Artículo serán presentados cumpliendo con los requisitos aquí enunciados. Los peritajes, informes, certificaciones o cualquier otro acto propio de la profesión de contador público autorizado de los que trate este artículo deberán ser emitidos con independencia y objetividad de conformidad con lo establecido en las normas que rigen la profesión, so pena de nulidad de la prueba. En ningún caso se puede confundir la fe pública de la que gozan los contadores públicos autorizados para dar fe, de la información contable y financiera de los obligados tributarios o contribuyentes, con la fe pública de la que gozan los notarios públicos para dar validez o autenticidad de los documentos que requieren de ser notariados. 28

Artículo 116. Peritajes.

En los procedimientos tributarios podrán practicarse experticias para la comprobación o apreciación de hechos que exijan conocimientos especiales. A tal efecto deberá indicarse los hechos y elementos que abarcará la experticia y el estudio técnico a realizar. La Administración Tributaria y el obligado tributario o contribuyentes, procederán a designar a un experto, indicando su nombre y apellido, cédula de identidad, profesión, lugar de su notificación, objeto y límites de la experticia, el cuál puede ser sustituido sólo una vez, antes de la toma de posesión como perito designado en el proceso. El experto o los expertos designados, según sea el caso, deberán manifestar en forma escrita la aceptación, su condición de independencia profesional y prestar juramento de cumplir cabalmente con las tareas asumidas; debiendo fijar sus honorarios. El dictamen del experto o de los expertos, según el caso, deberá extenderse por escrito, expresando el contenido, motivos y resultados del mismo de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. Los costos de la experticia incluyendo los honorarios del experto o los expertos, según sea el caso, correrán por cuenta de la parte que la solicite. Cuando se designe por parte del obligado tributario o contribuyente un perito, corresponderá de igual forma, tanto a la Administración Tributaria como al Tribunal Administrativo Tributario designar un perito, y siempre los honorarios también correrán para ambos peritos por cuenta de la parte que solicito el peritaje.

Artículo 117. Banco de datos de peritos.

El Tribunal Administrativo Tributario confeccionará un listado público de expertos en materia tributaria y en áreas afines, los cuales acreditaran sus calificaciones profesionales y áreas de especialidad para ser elegibles como peritos de la Administración Tributaria o del propio Tribunal. No se podrán designar como peritos a los funcionarios de la Dirección de la Dirección General de Ingresos en los procesos llevados en la vía gubernativa ante la propia Dirección General de Ingresos ni ante los jueces tributarios, ni ante el Tribunal Administrativo Tributario. La Dirección General de Ingresos designará como peritos a los mismos expertos en materia tributaria o áreas afines, de la lista confeccionada por el Tribunal Administrativo Tributario, lo que será una lista compartida por estas dos entidades. Esto sin perjuicios de que los funcionarios auditores participen en el proceso a consideración del juez tributario o el Tribunal Administrativo Tributario para aclarar y responder por su labor de fiscalización. Los peritos se deberán regir por las reglas que se establecen en este Código y lo dispuesto en el Código Judicial.

Artículo 118. Oportunidad de la Presentación.

Las pruebas pueden presentarse junto con la petición, recurso o escrito inicial de que se trate, o dentro del período probatorio que se conceda para el efecto.

Artículo 119. Presunciones.

Las presunciones establecidas por las leyes tributarias admiten prueba en contrario, excepto en los casos en que ellas expresamente lo prohíban.

Artículo 120. Valoración de la prueba.

La prueba se apreciará conforme a la regla de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos.

Artículo 121. Término de prueba.

El término de prueba será fijado de acuerdo con la importancia y complejidad de cada caso, y no podrá ser inferior a diez días hábiles ni mayor a veinticinco días, cuando se por controversia locales, y no será inferior a diez días hábiles ni mayor a cuarenta y cinco días hábiles cuando sean de naturaleza de tributación internacional. Cuando se trate de pruebas que deban recabarse en el extranjero, el plazo no será inferior a treinta días hábiles. En los asuntos estrictamente jurídicos se prescindirá del término de prueba de oficio.

Artículo 122. Concepto y clases de determinación o liquidación adicional.

Las determinaciones administrativas serán parciales o integrales y podrán consistir en liquidaciones adicionales o en gravámenes de oficio. Tendrán el carácter de integrales las practicadas con base en el procedimiento de fiscalización mediante comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes a este

Artículo 122.

En los demás casos tendrán el carácter de parciales aquellas cuyo alcance este limitado a ciertos elementos de la obligación tributaria, condición de la que deberá dejarse expresa constancia en la resolución o acta de conformidad o acuerdo respectivo. La determinación de oficio que haga la Dirección General de Ingresos no eximirá al contribuyente que haya omitido hacer las declaraciones de las sanciones que le correspondan.

Artículo 123. Liquidación o alcance parcial.

Los tributos comprobados e investigados en el curso de un procedimiento que hubiera terminado con una liquidación de alcance parcial o integral, no podrán ser objeto nuevamente de un procedimiento de fiscalización posterior, salvo se determine fraude por parte del obligado tributario o contribuyente.

Artículo 124. Liquidación o alcance total o integral.

Los tributos a los que no se hayan extendido las actuaciones de comprobación e investigación podrán ser objeto de un procedimiento de comprobación o investigación posterior, salvo que la fiscalización haya sido formalmente declarada total o integral.

Artículo 125. Etapas del procedimiento de determinación.

El procedimiento de determinación administrativa de los tributos sujetos a declaración-liquidación o auto-liquidables por los obligados tributarios, se inicia con actuaciones de comprobación o de fiscalización, según se regula en el Capítulo III de este Título.

Artículo 126. Propuesta de regularización tributaria.

Como resultado de la determinación administrativa, se emitirá un acto administrativo preparatorio, resolución no definitiva, que no será susceptible de impugnación, donde se 30hará una propuesta de regularización, dejando constancia de los hechos u omisiones que se hubieren conocido y entrañen incumplimiento de las normas tributarias de naturaleza administrativa por parte del obligado tributario o contribuyente, también fundamentando las imputaciones o cargos que se le puedan formular por defraudación fiscal, o los montos autoliquidados indebidamente en su perjuicio para efectos de su compensación o devolución, o para compensar con el monto ajustado en más que proponga la Administración. Cuando dicho acto administrativo preparatorio, no definitivo, que no será susceptible de impugnación, corresponda a la fundamentación de imputaciones o cargos que se le puedan formular por defraudación fiscal a un obligado tributario o contribuyente, arroje un monto igualo superior a los trescientos mil balboas (300,000.00), se levantará un informe que deberá ser remitido al Ministerio Público debido a que escapa del conocimiento de la Administración Tributaria. Dicho informe sobre la de supuesta defraudación fiscal debe estar debidamente refrendado, por el Director General de Ingresos y por un Auditor Forense idóneo de dicha entidad para determinar el incumplimiento y el monto de la obligación tributaria, bajo el siguiente procedimiento: El informe deberá ser transmitido a la mayor brevedad posible al Tribunal Administrativo Tributario, el cual tendrá un término de treinta (30) días hábiles para evaluar y pronunciarse sobre si existen los elementos mínimos probatorios de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por frívola, temeraria, intrascendente o que carezca de elementos probatorios. Dicha evaluación la realizarán la unidad técnica del Tribunal Administrativo Tributario. Si la determinación de los revisores del Tribunal Administrativo Tributario es que existen elementos mínimos probatorios de la supuesta comisión del delito, se enviará un informe razonado al Director General de Ingresos para que éste formule la denuncia al Ministerio Público dentro del término previsto. El mismo será firmado por el magistrado sustanciador y el jefe de la Unidad Técnica Tributaria del Tribunal Administrativo Tributario. Si el Tribunal Administrativo Tributario desestima el informe de la Dirección General de Ingresos por frívolo, temerario, intranscendente o por la ausencia de los elementos mínimos probatorios de la supuesta comisión del delito, deberá enviarle a la Dirección General de Ingresos una nota explicando las razones por la cual la denuncia no debe ser remitida al Ministerio Público. En tal instancia, el informe y el caso seguirán el procedimiento administrativo correspondiente. En todo caso, quien decidirá si da inicio a la investigación en la esfera judicial, será el Ministerio Público.

Artículo 127. Procedimiento de la Regularización tributaria.

El contribuyente dispondrá de un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del acto previsto en el Artículo 126, numeral 1, para manifestar su conformidad, solicitar un acuerdo conclusivo cuando éste proceda, o formular por escrito sus descargos y ofrecer las pruebas que respalden a su derecho. Dicho escrito de descargos no se entenderá como ninguna acción de reclamo. En el caso de que en el acto administrativo preparatorio o propuesta de regularización se defina que el monto presuntamente defraudado sea igual o superior a trescientos mil balboas (BI. 300,000.00), el expediente será remitido al Tribunal Administrativo Tributario por la autoridad competente y refrendado por un auditor forense. 31Para efecto de los casos en que la cuantía sea menor a trescientos mil balboas (B/.300,OOO.OO), agotado el plazo a que se refiere este artículo, y en caso de disconformidad del contribuyente, la Administración Tributaria dictará resolución, que será el acto administrativo definitivo, susceptible de impugnación, en la cual considerará las alegaciones y pruebas del obligado tributario, sea para dejarla sin efecto o para confirmar total o parcialmente la propuesta de regularización, determinando los tributos omitidos y sus recargos, y aplicando las sanciones pertinentes. La resolución determinativa también podrá declarar la existencia de montos autoliquidados indebidamente en su perjuicio por el obligado tributario para efectos de su compensación, devolución o disminución del ajuste realizado. Contra esta resolución cabe el recurso de reconsideración ante la Dirección General de Ingresos, y posteriormente la apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario, si carece o no contiene los elementos necesarios para la configuración de la posible defraudación fiscal.

Artículo 128. Conformidad con la propuesta de regularización tributaria.

El contribuyente dispondrá de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del acto previsto en el artículo anterior para manifestar su conformidad, solicitar un acuerdo conclusivo cuando éste proceda, o formular por escrito sus descargos y ofrecer las pruebas que respalden a su derecho. Agotado el plazo a que se refiere este artículo, y en caso de disconformidad del contribuyente, la Administración Tributaria dictará resolución, que será el acto administrativo definitivo, susceptible de impugnación, en la cual considerará las alegaciones y pruebas del obligado tributario, sea para dejarla sin efecto o para confirmar total o parcialmente la propuesta de regularización, determinando los tributos omitidos y sus recargos, y aplicando las sanciones pertinentes. La resolución determinativa también podrá declarar la existencia de montos autoliquidados indebidamente en su perjuicio por el obligado tributario para efectos de su compensación, devolución o disminución del ajuste realizado. Contra esta resolución cabe el recurso de reconsideración ante el juez administrativo tributario o la Apelación Directa ante el Tribunal Administrativo Tributario.

Artículo 129. Resolución de determinación.

La resolución administrativa de determinación deberá dictarse dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el artículo anterior y se notificará al contribuyente. No será necesario dictar la resolución de determinación si el contribuyente ha manifestado su conformidad con el incumplimiento de las normas tributarias de naturaleza administrativa por parte del obligado tributario o contribuyente, o con las imputaciones o cargos formulados, o con los montos autoliquidados indebidamente en su perjuicio, mediante un escrito de allanamiento presentado por sí mismo o por medio de apoderado general, representante legal, o abogado, y en todo caso con poder con facultades para allanarse, cuando no se actué por sí mismo. Esa conformidad surtirá los mismos efectos de una resolución determinativa firme o acto administrativo ejecutoriado. En caso de que la conformidad o acuerdo sea parcial, deberá dictarse resolución en relación con los aspectos respecto de los que no haya existido dicha conformidad.

Artículo 130. Determinación o liquidación administrativa.

La determinación o liquidación administrativa hará exigible la obligación tributaria, y servirá de título ejecutivo para el procedimiento de cobro coactivo, salvo que se interponga recurso de reconsideración o apelación y este pendiente de quedar ejecutoriada, en los términos regulados en el Título VI de este Código.

Artículo 131. Pago bajo protesta de la obligación determinada.

El contribuyente podrá pagar, bajo protesta, el monto del tributo y sus intereses determinados, en el traslado de cargos u observaciones, de que trata el acto administrativo preparatorio de propuesta de regularización tributaria. Dicho pago no se considerará como una rectificación de la declaración, ni como una aceptación de los hechos imputados en el traslado. En el evento de que la impugnación del contribuyente sea declarada, total o parcialmente a lugar, a favor del contribuyente ya sea, en sede administrativa o jurisdiccional, la Administración deberá reintegrar al contribuyente las sumas pagadas bajo protesta sin intereses.

Artículo 132. Liquidación provisional de tributos.

Cuando los obligados a presentar declaraciones, informes, comunicaciones y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las normas tributarias, convirtiéndose en omiso de las obligaciones formales, la Administración Tributaria exigirá la presentación del documento respectivo, procediendo en forma sucesiva los siguientes actos: 1. Requerir al obligado para que presente el documento respectivo en un plazo de treinta días. 2. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de tributos, podrá exigirle al obligado a declarar: a. Una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las tres últimas declaraciones de que se trate; o b. La que resulte para dichos períodos de una determinación efectuada por la Administración. La Administración deberá considerar esta cantidad a pagar como un pago provisional que no libera a los obligados de presentar la declaración respectiva. 3. Si el obligado tributario presenta la declaración omitida antes de que se haga efectiva la cantidad resultante conforme a lo previsto en el literal [a] anterior, quedará liberado de hacer el pago determinado provisionalmente. Si la declaración se presenta después de haberse efectuado el pago provisional determinado por la Administración, este se imputará contra el importe que tenga que pagar con la declaración que se presente, conforme a los criterios establecidos en el Artículo 70 de este Código.

Artículo 133. Requisitos del acto administrativo resolutivo. El acto administrativo resolutivo deberá contener los siguientes requisitos:

  1. Nombre o razón social del obligado tributario, incluyendo el número de identificación tributaria (Registro Único de Contribuyentes).
  2. Los fundamentos de hecho y de derecho, con expresión de motivos y apreciación y valoración de la prueba producida y métodos aplicados a la fiscalización.
  3. En caso de tratarse de una determinación de tributos, el tributo, su tasa o alícuota, su base imponible, el periodo fiscal liquidado, importe adeudado o a devolver y sus elementos determinantes más sus intereses; y en su caso, la sanción a aplicar. En los demás casos, expresará el objeto o propósito de la resolución.
  4. El carácter parcial de la liquidación, de ser el caso, con indicación de los elementos de la obligación tributaria objeto de ésta.
  5. Fecha, nombre, cargo y firma autógrafa o electrónica del funcionario competente.
  6. Los recursos que procedan contra el acto administrativo resolutivo y los plazos para interponerlos.

Artículo 134. Obligación de resolver por Fiscalización.

La Administración Tributaria está obligada a resolver todas las peticiones o solicitudes y cuestiones que se formulen dentro de los procedimientos de fiscalización en el plazo establecido en las normas respectivas o, en caso de que éstas no lo establezcan, en un plazo no mayor de dos meses contados de la fecha de presentación de la petición o solicitud. En el caso de las peticiones, transcurrido dicho plazo, el interesado podrá entender desestimada su petición. El obligado tributario o contribuyente podrá interponer la correspondiente queja ante el Defensor del Contribuyente por vulneración de derechos causados por el retardo de la autoridad competente para resolver en un término de quince días contados a partir del vencimiento del plazo para decidir o emitir la respectiva la resolución.

Artículo 135. Utilización de tecnologías electrónicas e informáticas.

La Administración Tributaria promoverá como principio general la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que las leyes establezcan. Estas técnicas podrán ser automatizadas o no, según que requieran o no la intervención humana en la actuación respectiva. Los procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos garantizarán la identificación de los obligados tributarios o contribuyentes y de los funcionarios u órganos de la Administración Tributaria.

Artículo 136. Aprobación de programas y aplicaciones.

Los programas y aplicaciones electrónicas, informáticos que vayan a ser utilizados por la Administración Tributaria para el ejercicio de sus potestades, habrán de ser previamente a probados por ésta en la forma que se determine en la ley; y no podrán transgredir ni rebasar las normas legales tributarias. La Administración Tributaria deberá proceder a la implementación de soluciones informáticas o manuales para que en el menor tiempo posible se subsanen las deficiencias mencionadas en el párrafo anterior. En estos casos no se aplicarán recargo, intereses y multas. En caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes según los casos, para la definición de especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad del sistema de información. Asimismo, se garantizará la identificación de los órganos competentes para la programación y supervisión del sistema de información. Cuando se utilicen medios electrónicos, se usarán elementos de seguridad tales como la clave de acceso, la tarjeta inteligente u otros que la Administración le autorice al obligado.

Artículo 137. Equivalencia de soportes documentales.

Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos e informáticos por la Administración Tributaria, o los que ésta emita como copias de originales almacenados por estos mismos medios, así como las imágenes electrónicas de los documentos originales o sus copias, tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable.

Artículo 138. Verificación de autenticidad de los documentos.

Los documentos emitidos en papel por medios electrónicos e informáticos podrán verificar su autenticidad e integridad mediante un código seguro de verificación o una firma 34electrónica, o mediante ambos medios, generados electrónicamente y vinculados a su autor; que, en su caso, permitan contrastar su contenido accediendo por medio telemáticos a los archivos del órgano u organismo emisor.

Cuando al tiempo de emitir el documento en papel el sistema de información genere un documento con el mismo contenido en soporte electrónico, ambos tendrán la condición de originales.

Artículo 139. Digitalización de documentos por la Administración.

La Administración Tributaria podrá obtener imágenes electrónicas de documentos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, la integridad y conservación del documento imagen, dejando constancia de ello. La Administración Tributaria podrá expedir copias en papel, de cualquier clase de documento electrónico, ya sea original, imagen electrónica de original o copia; realizando su cotejo un funcionario público debidamente asignado y autorizado.

Artículo 140. Expedientes administrativos.

Los expedientes administrativos en que se integren las actuaciones y procedimientos tributarios podrán recogerse en soporte papel o electrónico utilizando, en este último caso, tecnologías informáticas con las condiciones y limitaciones establecidos por ley. La remisión de expedientes prevista en la normativa tributaria podrá ser sustituida por la puesta a disposición del expediente electrónico.

Artículo 141. Obligación de informar y asistir para facilitar el cumplimiento voluntario. La Administración Tributaria proporcionará asistencia a los contribuyentes en el cumplimiento voluntario de sus obligaciones, a través de los medios que estime pertinentes, en particular sus sitios electrónicos u otros mecanismos electrónicos como las redes sociales, y para ello deberá:

  1. Facilitar a los obligados tributarios o contribuyentes programas informáticos de asistencia para la confección y presentación de solicitudes, formularios, declaraciones juradas, declaraciones-liquidaciones, comunicaciones e informes, así como para el cumplimiento de otras obligaciones tributarias
  2. Explicar las normas tributarias utilizando en lo posible un lenguaje claro y accesible y, en los casos en que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir a los obligados tributarios o contribuyentes documentos impresos o digitales explicativos, según lo considere necesario.
  3. Elaborar los formularios de declaración e informes en forma que puedan ser completados por los obligados tributarios y contribuyentes; y distribuirlos con oportunidad, e informar de las fechas y lugares de presentación.
  4. Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se exija a los obligados tributarios contribuyentes la presentación de declaraciones, comunicaciones y demás documentos a que estén obligados, cuál es el documento cuya presentación se exige.
  5. Difundir y mantener actualizada toda la información que se refiera a instructivos, software de ayuda, trámites, y particularmente los criterios de aplicación de las normas tributarias y respuestas a consultas formales, entre otros, en su sitio Web.

Dichos criterios deberán publicarse sin revelar los nombres de los obligados tributarios involucrados u otros datos que lleven a la identificación de éstos, en atención al deber de reserva y confidencialidad de la información particular de los obligados tributarios y contribuyentes.

Artículo 142. Obligación de publicidad de los actos tributarios.

La Administración Tributaria deberá:

  1. Publicar las resoluciones dictadas por la Administración Tributaria que establezcan disposiciones de carácter general sobre procedimientos ante la Dirección General de Ingresos, deberán ser agrupadas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los obligados tributarios.
  2. Difundir entre los obligados tributarios los recursos y medios de defensa que se pueden hacer valer contra las resoluciones de la Administración Tributaria y órganos ante quién imponerlos.
  3. Efectuar en distintas partes del país reuniones de información con los obligados tributarios y contribuyentes, especialmente cuando se modifiquen las normas tributarias y durante los principales períodos de presentación de declaraciones.
  4. Realizar cualquier otra acción tendiente a lograr los objetivos señalados.

Artículo 143. Asistencia a los obligados tributarios o contribuyentes y otros interesados.

Los obligados tributarios contribuyentes, así como cualquier interesado, podrán dirigirse a la Administración Tributaria para solicitar información sobre trámites, requisitos o criterios administrativos, aun cuando no medien las condiciones de admisibilidad de la consulta tributaria. Las solicitudes podrán realizarse de forma verbal, por vía telefónica, por medios electrónicos o impreso.

Artículo 144. La Consulta Tributaria sobre interés directo.

Cualquier persona podrá consultar a la Administración Tributaria representada a través de la Dirección General de Ingresos sobre la aplicación de las normas tributarias legales. A ese efecto, el consultante deberá exponer en forma clara las circunstancias, antecedentes y demás datos constitutivos de la situación que motiva la consulta, y deberá asimismo expresar su opinión fundada en los fundamentos jurídicos que apliquen. Para esos efectos, se entenderá que una situación de hecho es concreta cuando se individualiza en sus características particulares. En atención a que la consulta se deberá sustentar en fundamentos jurídicos, la misma deberá ser presentada por medio de abogado idóneo, tanto si se realiza en nombre de personas naturales, como personas jurídicas.

Artículo 145. La Consulta Tributaria sobre situaciones de alcance general.

Asimismo podrán formular consultas tributarias los profesionales que se dediquen a la tributación, colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones o fundaciones sin fines de lucro entre otras, asociaciones empresariales y organizaciones profesionales, así como las federaciones que agrupen a los organismos o entidades antes mencionados, cuando se refieran a cuestiones que afecten a sus miembros o asociados o al ejercicio profesional. Cualquiera persona estará legitimada para realizar este tipo de consulta y en todo caso por medio de abogado idóneo, cumpliendo con las características de la consulta tributaria sobre interés directo.

Artículo 146. Efectos de la contestación a la Consulta Tributaria.

La contestación tendrá efectos vinculantes solamente para la Administración Tributaria, en la medida que ésta favorezca los intereses del consultante. Sus efectos se limitarán al caso concreto consultado y no alcanzará a los hechos generadores que ocurran con posterioridad. En ese sentido, las obligaciones tributarias cuyo plazo para declarar o pagar haya vencido con posterioridad a la contestación de la consulta y antes de la publicación general o comunicación individual de un cambio de criterio, no podrán ser determinadas aplicando un 36criterio contrario al expuesto en la opinión original, siempre que este último sea más favorable para el consultante que el nuevo criterio.

Artículo 147. Perdida del carácter vinculante de la Consulta Tributaria.

Carecerá de efecto vinculante la consulta evacuada sobre la base de circunstancias, antecedentes y datos inexactos proporcionados por el consultante. El efecto vinculante también cesará si ha existido una modificación de estas circunstancias, antecedentes y datos o si se da una modificación de la legislación aplicable al caso. En todo caso, la Administración Tributaria no podrá alterar posteriormente su criterio vinculante, salvo el caso de que las informaciones o documentos que sustentaron la consulta resulten erróneos, de notoria falsedad o si la respuesta contraviniere una disposición legal expresa.

Artículo 148. Plazo para resolver la Consulta Tributaria.

Para evacuar la consulta, la Administración Tributaria dispone de sesenta días. La presentación de la consulta no suspende el deber de cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes. El acto administrativo que resuelva una consulta no admitirá recurso alguno ni tampoco podrá ser objeto de proceso contencioso administrativo ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

Artículo 149. Formas de asistencia administrativa mutua o recíproca en materia fiscal.

La autoridad tributaria está facultada, en su calidad de Autoridad Competente delegada, para solicitar, recabar y recibir toda información y documentación que sea necesaria para el cumplimiento de convenios tributarios internacionales que permitan el intercambio de información para fines fiscales. Asimismo, está facultada para enviar y recibir información en virtud de dichos convenios tributarios internacionales, con los Estados Contratantes de los mismos, además de preparar y tramitar las solicitudes de información en los que la administración tributaria panameña tenga interés. Para estos efectos, prevalecerá lo dispuesto en las leyes especiales y sus disposiciones reglamentarias, así como en los convenios internacionales debidamente ratificados por la República de Panamá y en plena vigencia y en cualquier otra ley especial o convenio internacional que en el futuro se adopte

Artículo 150. Intercambio de información.

Las fuentes privadas y públicas están obligadas a dar respuesta al requerimiento de

información y entregar la información y documentación requerida por la Autoridad Competente dentro del plazo señalado. El órgano ejecutivo reglamentará el procedimiento aplicable al intercambio de información previo requerimiento.

Artículo 151. Confidencialidad de la información en Intercambio de Información. Toda información y documentación recibida por la autoridad competente reviste de carácter confidencial, secreto y de uso exclusivo y privado de la autoridad competente y, por ninguna circunstancia, podría hacerla transcender, salvo con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la leyes especiales y convenios.

Artículo 152. Sanciones.

La fuente de información que no cumpla con entregar a la autoridad competente, dentro del plazo otorgado, la documentación e información que corresponda en la aplicación de la presente ley, viole obligaciones de confidencialidad, tanto de sí como de terceros que actúen en su nombre, incluya información falsa en sus reportes o no aplique correctamente los procesos de debida diligencia de acuerdo con este Código y la leyes especiales, será sancionado por la autoridad competente, tomando en consideración la gravedad de la falta, la reincidencia y la magnitud del daño.

Capítulo IX Obligaciones de Colaboración y de Información

Artículo 153. Disposición general.

Constituyen deberes de los obligados tributarios, sean sujetos de imposición o no, entre otros, los siguientes:

  1. La inscripción en los registros de la Administración Tributaria, a los que deben aportar los datos necesarios y comunicar, oportunamente, sus modificaciones, especialmente en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
  2. Presentar declaraciones juradas, declaraciones-liquidaciones, comunicaciones y autoliquidaciones.
  3. Llevar y conservar los libros de contabilidad y registros tributarios que las normas correspondientes establezcan.
  4. Respaldar las operaciones de enajenación o transferencia de bienes y de prestación de servicios mediante comprobantes extendidos en forma legal.
  5. Suministrar información establecida con carácter general o mediante requerimientos individualizados en la forma y plazos que se determine.
  6. Atender a la Administración Tributaria y prestarle la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.

La Administración Tributaria podrá, mediante resolución general, para determinados grupos o categorías de obligados tributarios, conceder simplificaciones en el cumplimiento de los deberes de contabilidad, registro y conservación establecidos por las normas tributarias, cuando dicho cumplimiento sea complejo u oneroso o redundante, y la tributación no sufra perjuicio.

Artículo 154. Deberes de información de terceros.

Los obligados tributarios o contribuyentes, personas naturales o jurídicas, de Derecho Público o Privado, están obligados a cooperar con la Administración Tributaria en las funciones de fiscalización, debiendo proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes pertinentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, que le sean requeridos por la referida Administración. Esta obligación es aplicable a todas las profesiones, respetándolo que corresponda al secreto profesional, siempre que se trate de información, que no esté relacionada o no tenga trascendencia tributaria, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.

Artículo 155. Deberes relativos a la facilitación de la fiscalización y recaudación.

Los obligados tributarios o contribuyentes deberán facilitar las tareas de recaudación, fiscalización, comprobación, investigación y determinación que realice la Administración Tributaria en cumplimiento de sus funciones, observando los deberes que les impongan las leyes y los reglamentos.

Artículo 156. Requerimiento de información y personas exentas.

La Administración Tributaria podrá solicitar información sobre contribuyentes u obligados tributarios previamente escogidos para auditoría, mediante criterios objetivos de selección vigentes a la fecha de la solicitud. Asimismo, en los demás casos, deberá indicar el uso que se le dará a la información requerida. La Administración no podrá exigir información a:

  1. Los ministros del culto, en cuanto a los asuntos de los fieles, relativos al ejercicio de su ministerio.
  2. Las personas que, por disposición legal expresa, pueden invocar el secreto profesional, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.
  3. Los funcionarios que, por disposición legal, están obligados a guardar secreto de datos, correspondencia o comunicaciones en general.
  4. Los ascendientes o los descendientes hasta el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad; ni el cónyuge del auditado o fiscalizado.

Artículo 157. Deberes de colaboración de los funcionarios del sector público y otras entidades.

Las autoridades, de todos los niveles de la organización política del Estado, cualquiera que sea su naturaleza, estarán obligados a suministrar a la Administración Tributaria los datos y antecedentes pertinentes con trascendencia tributaria.

Artículo 158. Obligación de guardar reserva de la información tributaria.

Los funcionarios que intervengan en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias y del Tribunal Administrativo Tributario, estarán obligados a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes, por terceros responsables o por terceros, así como de las informaciones obtenidas en el ejercicio de las facultades de fiscalización. Dicha reserva no comprenderá los casos en que la Administración Tributaria deba suministrar datos a:

  1. Las autoridades judiciales en procesos del orden penal, entiéndase jueces o magistrados de la jurisdicción penal, así como el Ministerio Público, en los procesos en que el Estado sea parte.
  2. Las autoridades judiciales y administrativas encargadas de la protección de menores de edad y procesos de pensión alimenticia en la jurisdicción de familia.
  3. La Unidad de Análisis Financiero para la prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de armas de destrucción masiva.
  4. La Contraloría General de la República o Tribunal de Cuentas respecto de sus funciones de control de la gestión de la Administración Tributaria y por las investigaciones que se inicien por denuncias de corrupción o peculado.
  5. Las comisiones legislativas de investigación por la Asamblea Nacional de Diputados.
  6. Las Administraciones Tributarias de otros países en cumplimiento de lo acordado en convenios internacionales.
  7. Al Tribunal Administrativo Tributario y a los Jueces Administrativos Tributarios.
  8. Las que requiera el funcionario Defensor del Contribuyente adscrito al Despacho de Ministro de Economía y Finanzas.

Las autoridades o funcionarios que tengan conocimiento de las declaraciones, datos e informaciones estarán obligados al más estricto y completo secreto respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de secreto se considerará falta disciplinaria muy grave.

Artículo 159. Deber de confidencialidad de los agentes tributarios.

Los agentes de retención y percepción, retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta, sólo podrán utilizar las declaraciones, los datos e informes relativos a otros obligados tributarios o contribuyentes para el correcto cumplimiento y efectiva aplicación de su obligación de retener, percibir y de ingresar en forma definitiva o a cuenta, o de suministrar información a la Administración. Dichos datos deberán ser comunicados a la Administración Tributaria en los casos previstos en la normativa propia de cada tributo. Los referidos datos, declaraciones o informes tienen carácter reservado. Los agentes de retención o percepción, retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta quedan sujetos al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. El obligado tributario o contribuyente a quien se refiere la información podrá dar su consentimiento formal para que ésta sea compartida o divulgada.

Artículo 160. Acceso a la información por el propio contribuyente.

El contribuyente, su representante legal, o cualquier otra persona debidamente autorizada por aquél, pueden examinar los datos y anexos consignados en sus respectivas declaraciones juradas, declaraciones-liquidaciones, lo mismo que cualquier expediente que contemple ajustes o reclamaciones formuladas sobre dichas declaraciones.

Título IV - Procedimientos ante la Administración Tributaria

Sección I - La Disposiciones Generales

Artículo 161. Cortesía profesional.

Las relaciones entre los funcionarios de la Administración Tributaria y los contribuyentes u obligados tributarios o contribuyentes o sus representantes legales, deben conducirse de manera profesional, empleando formas respetuosas tanto en la comunicación personal, como en la redacción de los escritos.

Artículo 162. Registro de profesionales.

La Dirección General de Ingresos mantendrá un registro actualizado de los profesionales del derecho, de la contabilidad, de auditores y de otras profesiones que requieran idoneidad certificada, donde se haga constar lo siguiente:

  1. Nombre completo.
  2. Domicilio profesional, que incluirá el número de teléfono y el correo electrónico.
  3. Copia autenticada del certificado de idoneidad.
  4. Firma electrónica cuando este habilitada.

El registro de profesionales será utilizado para acreditar la idoneidad profesional dentro de la jurisdicción tributaria y reconocerlos como auxiliares de la Administración Tributaria.

Artículo 163. Otorgamiento de poderes.

Los poderes que se otorguen en asuntos administrativos fiscales podrán ser conferidos en cualquiera de las formas admitidas por el Articulo 625 del Código Judicial.

Artículo 164. Registro de solicitudes.

En todas las oficinas competentes para tramitar expedientes se llevará un registro especial de solicitudes, en el cual se inscribirá, dentro de las veinticuatro horas posteriores a su recibo, lo siguiente:

  1. El nombre, RUC, la dirección del solicitante y correo electrónico.
  2. La solicitud que contenga cada memorial y la fecha de presentación de éste; y,
  3. El registro de la correspondencia, comunicaciones u oficios que se expidan o reciban en dicha oficina relacionados con la solicitud.

Artículo 165. Constancia de recibo de documentos.

Todo el que presente una solicitud o aporte cualquier otro documento, podrá exigir una constancia que exprese la materia objeto de aquélla, el número de entrada en el registro existente para tal efecto, el día y hora de su presentación.

Podrá también exigir constancia de los documentos probatorios que presente.

Artículo 166. Inimpugnabilidad de los actos propios.

Los funcionarios o empleados públicos no pueden impugnar los actos administrativos fiscales, salvo en los casos en que directamente se vulnere un derecho que en particular les esté reconocido.

Sección 2 - De las Solicitudes

Artículo 167. Reglas de competencia.

Toda solicitud o petición general de carácter tributario, cuya tramitación no esté especialmente regulada en cualquier otro Título de este Código, se regirá por las disposiciones del presente Título y las normas reglamentarias expedidas por la Dirección General de Ingresos o el Ministerio de Economía y Finanzas.

Son competentes para tramitar las solicitudes o peticiones los departamentos o secciones del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la distribución de competencia funcional en donde aplique el Libro VII del Código Fiscal y que no sean de competencia de la Administración Tributaria. En materia tributaria por tributos nacionales, la competencia exclusiva y excluyente le corresponde a la Dirección General de Ingresos, con excepción de la materia aduanera y municipal. Cuando no exista disposición legal que asigne la competencia para tramitar y resolver determinada solicitud, la designación la hará el Ministro de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta la naturaleza del caso. El Ministro de Economía y Finanzas puede delegar esta facultad en el Secretario General de éste Ministerio.

Artículo 168. Presentación de solicitudes o peticiones generales por escrito y las comparecencias personales.

Pueden presentar solicitudes o peticiones generales de carácter tributario todas las personas directamente interesadas en ellas sean obligados tributarios o contribuyentes. Las personas naturales podrán comparecer personalmente o por medio de apoderado legal y gestionar por sí mismas en todos aquellos asuntos que no impliquen controversia o requieran la interposición de un recurso. En los asuntos que requieran la interposición de recursos se deberán presentar a través de abogado idóneo.:. Las personas naturales podrán hacerse acompañar por su asesor tributario que puede ser un profesional de cualquier disciplina, salvo en aquellos casos que se requiera hacer representar por abogado idóneo. De igual forma podrá comparecer el representante legal o apoderado legal de toda persona jurídica debidamente comprobado y con evidencia de las facultades para gestionar ante la Administración Tributaria, salvo en aquellos casos en que se requiera interponer recursos, estos se deberán interponer a través de abogados idóneos.

Cuando se trate de meras peticiones, el funcionario u organismo competente podrá exigir, si lo estima necesario, que el firmante del escrito le presente, dentro de un plazo que no podrá exceder de quince (15) días hábiles lo siguiente:

  1. El poder que acredite la personería del compareciente, si no fuese éste el mismo interesado; y,
  2. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el solicitante reclama, en el caso de tener este representación legal o contractual de alguna persona natural o jurídica, o cuando el derecho que reclama provenga de haberlo transmitido otra persona por cualquier título.

No se dará curso al escrito en que se formule una mera petición, si no se presentan los documentos expresados en el párrafo anterior cuando estos sean exigidos. Pero la presentación de este escrito producirá el efecto de que se tenga por interpuesta la petición siempre que dichos documentos sean presentados dentro del término que señale el organismo o funcionario respectivo. De no presentarse los documentos dentro de dicho término, se ordenará el archivo del expediente. La Dirección General de Ingresos mediante reglamentación podrá establecer que trámites ante la Administración Tributaria tienen carácter de solicitud o peticiones generales, y cuáles de mera petición o mera solicitud que por razones de confidencialidad y reserva de la información, establecerá cuando se requiere de la representatividad de abogado idóneo o cuando a través de cualquier tercero, y a su vez, dispondrá de que trámites aprovechando el uso de la tecnología pueden gestionarse o no, a nombre de los contribuyentes en las plataformas tecnológicas que buscan facilitar la relación del fisco con el contribuyente. En casos excepcionales se reconocer facultades de actuación a los agentes residentes de las sociedades nacionales o extranjeras, mediante reglamentación de la Dirección General de Ingresos. De igual forma se harán estas excepciones con los administradores de fideicomisos y las fundaciones de interés privado.

Artículo 169. Contenido de las solicitudes o peticiones generales.

Las solicitudes, por regla general, sólo podrán referirse a un asunto, y únicamente presentarse por el interesado, obligado tributario o contribuyente, representante legal o abogado idóneo. Las solicitudes colectivas se admitirán cuando se formulen por personas que ostenten un mismo derecho o aspiren al mismo beneficio.

Artículo 170. Estado de las solicitudes.

Todo interesado en una solicitud podrá comparecer personalmente o por medio de su representante legal o apoderado a la respectiva oficina, para que se le dé a conocer el curso y estado de tramitación de aquélla.

Artículo 171. Requisitos de las solicitudes o peticiones generales. Los memoriales que contengan solicitudes de carácter fiscal deberán reunir, por lo menos, los siguientes requisitos:

  1. Ser extendidos en papel simple;
  2. Expresar el nombre o la denominación del funcionario u organismo al cual va dirigido;
  3. La clara exposición de lo que se solicita;
  4. La relación de los hechos que sirven de antecedentes a la solicitud;
  5. Cita de las disposiciones legales en que basa o fundamenta la solicitud;
  6. Lugar y fecha en que el escrito se presenta;
  7. Ser firmado por el solicitante, o por el apoderado legal con expresión del número de su cédula de identidad personal; y en su caso del número de idoneidad profesional; y
  8. El número de teléfono, correo electrónico, el domicilio declarado o en su caso, el domicilio forense y número de teléfono del apoderado legal.

Artículo 172. Documentación complementaria y saneamiento.

No se dará curso al escrito en que se formule una petición, si no se presentan los documentos necesarios para su trámite, dentro del término que señale el funcionario respectivo.

El término para subsanar la solicitud será de diez días hábiles, pero dependiendo de la naturaleza de la documentación requerida y el tiempo necesario para recabarla, el funcionario podrá otorgar un lapso mayor sin exceder los treinta días.

De no presentarse los documentos dentro de dicho término, se ordenará el archivo del expediente. Cuando la ley o los reglamentos establezcan requisitos documentales o de otro tipo, para la tramitación de una solicitud, no se podrá exigir ningún otro documento, excepto los previamente establecidos.

Artículo 173. De las solicitudes Generales o Petición General.

Petición es la solicitud que haga un particular para obtener un beneficio, apoyándose en un derecho establecido legalmente o acudiendo a la facultad discrecional de ley, de la Administración Tributaria para concederlo. Negada la solicitud el peticionario tendrá derecho a hacer uso de los recursos ordinarios establecidos en éste Código.

Artículo 174. De la solicitud por error evidente.

Cualquiera persona directa y particularmente afectada por un acto administrativo puede comparecer, ante la oficina correspondiente y solicitar al encargado de ésta que se le manifiesten los fundamentos y datos que hayan sido tenidos en cuenta en el acto administrativo de que se trate; pudiendo hacer, en vista de ellos, por escrito, las objeciones que estime convenientes a su derecho, las cuales deberán ser admitidas por el expresado funcionario cuando exclusivamente el error cometido sea evidente. Entiéndase por error evidente, aquellos que no alteren el fondo de la decisión, como error en la denominación de tributo, nombre del obligado tributario o contribuyente, es decir errores de forma. La facultad que se concede en el inciso anterior, se entenderá sin perjuicio del derecho que tiene todo interesado en un acto administrativo fiscal para presentar los recursos dentro de los términos correspondientes a partir de la negativa de la corrección del error evidente, de conformidad con las demás disposiciones de este Código.

Artículo 175. De la solicitud por error evidente matemático o aritmético, imputación de créditos o débitos en la cuenta corriente.

En los casos en los que el contribuyente estime que existe un error matemático, o de imputación de créditos o débitos en su cuenta corriente, presentará ante la Dirección General de Ingresos una solicitud acompañada de los documentos y las explicaciones en las que fundamenta la existencia del error.

Una vez recibida la solicitud, se procederá a su revisión por parte de la unidad administrativa asignada a tales efectos, la cual deberá aprobar o desaprobar la solicitud en un término no mayor de 60 días.

Cuando la solicitud sea aprobada, se cursará comunicación a la unidad administrativa correspondiente para que proceda a ejecutar las correcciones, inoída parte. En caso contrario, se notificará al contribuyente la negativa, quién podrá presentar los recursos a partir de dicha notificación, de conformidad con las demás disposiciones de este Código, al igual que se entenderá negada dicha corrección si la Administración Tributaria no se pronuncia en un lapso de 60 días.

Artículo 176. De la solicitud de su información personal.

Toda persona tiene derecho a obtener su información personal contenida en archivos, registros o expedientes que mantengan la Dirección General de Ingresos y el Tribunal Administrativo Tributario, así como sus dependencias, y a corregir o eliminar información que sea incorrecta, irrelevante, incompleta o desfasada, a través de los mecanismos pertinentes.

El contribuyente tendrá derecho a obtener copias autenticadas, a su costa, de los documentos que integren cualquier proceso, o que repose en cualquier archivo que se maneje o se encuentre bajo custodia de la Dirección General de Ingresos o el Tribunal Administrativo Tributario. También se podrá presentar una solicitud de información en los siguientes casos:

  1. Cuando está siendo revisado, auditado o fiscalizado de cualquier forma por la Administración Tributaria, para conocer sobre la naturaleza y alcance de la investigación y a los informes y actuaciones realizados en el expediente de la revisión, fiscalización o auditoría de la cual es objeto.
  2. También tendrá derecho a conocer la identidad de los funcionarios que están a cargo, independientemente de la denominación de la diligencia o proceso, así como a conocer la identidad de sus superiores jerárquicos inmediatos.

Las solicitudes de información se podrán presentar en cualquier momento y no estarán limitadas ni restringidas por las etapas de los procedimientos ni por ninguna otra restricción.

Artículo 177. Plazo de contestación de solicitudes.

No deberá exceder de dos meses el tiempo que transcurra desde el día en que se presente una solicitud o petición general ante la Dirección General de Ingresos, hasta aquél en que se dicte resolución que ponga término a dicha solicitud o petición. Podrán excederse los plazos hasta un término adicional de tres meses si se ha ordenado o requerido al obligado tributario o contribuyente, o cualquier persona interesada el aporte de documentos u otras diligencias necesarias para decidir sobre lo solicitado. Transcurridos los términos indicados en los párrafos anteriores sin que medie resolución, se entenderá negada la solicitud y el solicitante podrá interponer los recursos ordinarios que le concede la Ley, debiendo interponer obligatoriamente primero un recurso de reconsideración dentro de los quince días hábiles siguientes a cada uno de los términos indicados anteriormente, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a la acción de silencio administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Dicho recurso será de conocimiento de los jueces administrativos tributarios. Transcurridos sesenta días sin que el juez administrativo tributario se pronuncie sobre dicho recurso, se entenderá nuevamente negada y entonces, cabe la apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario, de igual forma si dicha solicitud es objeto de pronunciamiento desfavorable al solicitante o peticionario dentro del término establecido, podrá éste interponer el recurso de apelación.

Cuando la vía recursiva se active por razón del silencio administrativo negativo o porque no hay pronunciamiento dentro de los términos enunciados en los dos párrafos iniciales de este artículo, no cabe la apelación directa ante el Tribunal Administrativo Tributario, sino que debe agotar primero el recurso de reconsideración. El silencio administrativo negativo de las solicitudes o peticiones generales no tendrá validez, hasta que no entren en funciones los jueces administrativos tributarios. Mientras estos juzgados entren en funciones aplicará la regla dispuesta en el procedimiento general administrativo.

Artículo 178. Caducidad de la instancia.

Cuando transcurriere el plazo sin que los interesados hayan presentado los documentos necesarios para la resolución de la solicitud, se declarará de oficio caducada la instancia y se archivará el expediente.

Artículo 179. Caducidad de la instancia y plazo de prescripción de la acción.

La caducidad de la instancia no lleva aparejada la de la acción de prescripción, pero las solicitudes caducadas no interrumpirán el plazo de prescripción.

Artículo 180. Desistimiento.

Siempre que los solicitantes o peticionarios desistan de su pretensión durante la tramitación, de dichas solicitudes se admitirá el desistimiento del mismo y Director General de Ingresos deberá resolverlo, a menos que el Estado tenga interés en su continuación. Transcurrido el término de dos meses sin que se pronuncie el Director General de Ingresos o el funcionario con competencia para ello, se entenderá aceptado el desistimiento. De igual forma, cabe el desistimiento o allanamiento cuando se trate de procesos controversiales en los que hay interpuesto alguno de recursos reconocidos en este proceso.

Artículo 181. Fin de la instancia.

A toda solicitud o petición general presentada y tramitada en debida forma recaerá una resolución que le pondrá término a la instancia.

Artículo 182. Contenido de las resoluciones.

Las resoluciones que se dicten en negocios administrativos tributarios deben expresar:

  1. Organismo o funcionario que la dicte, lugar de la expedición y fecha;
  2. Nombre del interesado y asunto sobre el cual verse la resolución;
  3. Exposición clara de los hechos en que se funda la resolución;
  4. Motivación de la resolución y cita pertinente de los preceptos legales aplicables;
  5. Parte resolutiva, en la que decidirá concretamente la cuestión planteada;
  6. La expresión de los recursos que procedan, el organismo o funcionario ante el cual se han de presentar y el término para interponerlos; y
  7. La firma del funcionario que la dicte y la orden de notificarla y registrarla; y también de publicarla, cuando fuere el caso.

Artículo 183. Notificación de las resoluciones.

Las notificaciones de mero trámite se harán por edicto, que se fijará en la oficina correspondiente por un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fijación del edicto.

La notificación de las resoluciones que dan inicio a un proceso o que ponen fin a las solicitudes o petición general será siempre personal.

El oficio de notificación deberá contener copia de la parte resolutiva o del documento en que conste el acto administrativo completo. Contendrá, además, la expresión de los recursos que procedan, el organismo o funcionario ante el cual se han de presentar y el término para interponerlos.

Se utilizarán para la notificación los diferentes medios enunciados en este Código de Procedimiento Tributario.

Sección 1 - Procedimiento de Repetición y Devolución

Artículo 184. Derecho de repetición y devolución.

Los obligados tributarios o contribuyentes tienen acción para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente o de más por concepto de tributos, sanciones e intereses, así como por pagos a cuenta y otros pagos debidos en virtud de las normas sustantivas de los distintos tributos que generen un crédito a favor. Asimismo, en caso de que existan obligaciones a cargo de los obligados tributarios o contribuyentes, estos tendrán derecho a la devolución de los saldos acreedores confirmados por la Administración Tributaria que excedan la compensación prevista en el Artículo 80 de este Código.

Los pagos debidos e indebidos que den derecho a devoluciones devengarán un interés en atención a la tasa LIBOR vigente y que se generará a partir de un año después de la fecha en que se realizó la solicitud de devolución. La realización de una auditoria o fiscalización a un contribuyente con motivo de atender su solicitud de devolución es opcional por parte de la Administración Tributaria.

En todos los casos que por razón de la compraventa de bienes inmuebles y que por razón del pago del 3% de adelanto de impuesto de ganancia de capital que den derecho a un monto en devolución y los mismos no sean devueltos dentro del término de seis meses generan intereses a favor del contribuyente a partir del día siguiente al vencer dicho plazo.

Artículo 185. Concepto de Pago Indebido.

Se considerará pago indebido:

  1. El que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya exención por mandato legal;
  2. El efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador; y
  3. Aquel que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o cobrado fuera de la medida legal.

Artículo 186. Pago en exceso o de más.

Se considerará pago en exceso o de más, aquel que resulte en demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la Ley sobre la respectiva base imponible.

Artículo 187. Procedimiento de devolución de pagos indebidos.

El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:

  1. Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.
  2. Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación o determinación voluntaria.
  3. Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción de dicha sanción.
  4. Cuando el hecho generador no se haya causado. 5. Cuando así lo establezca la normativa tributaria.

Artículo 188. Procedimiento de devolución de pagos indebidos a instancias del interesado.

Cuando el procedimiento se inicia a instancia del interesado, deberá presentar solicitud en la que se expondrá con claridad todos los hechos y fundamentos que acrediten la existencia de una de las circunstancias indicadas, acompañando los documentos y pruebas pertinentes. La resolución que decide la solicitud, deberá notificarse dentro del plazo de seis meses desde la fecha de la misma, salvo que se haya requerido nueva documentación al solicitante, en cuyo caso se interrumpe el cómputo del plazo original, por el tiempo concedido para el aporte de la documentación requerida. De no resolverse en el plazo original y sus prórrogas, de haberlas; el procedimiento iniciado a solicitud de parte se entenderá denegado para efectos de que se ejerza los recursos correspondientes, siempre que haya transcurrido un año después de vencido el plazo original y sus prórrogas. Cuando un obligado tributario o contribuyente considere que la presentación de una autoliquidación ha dado lugar a un ingreso indebido y pretenda la devolución, deberá solicitar la rectificación de la autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 193 de este Código. Una vez aprobada la rectificación, se deberá ordenar la devolución, sin perjuicio de la compensación previa a que se refiere el Artículo 80 de este Código.

Artículo 189. Procedimiento de devolución de pago en exceso o de más.

La Administración Tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa de cada tributo. Así, cuando de la presentación de una autoliquidación o determinación voluntaria resulte una cantidad a devolver por pago en exceso o de más, deberá efectuar la devolución que proceda en un plazo no mayor de seis meses.

Si la autoliquidación o determinación voluntaria se presenta de manera extemporánea, este plazo correrá a partir de la presentación de dicha autoliquidación. El procedimiento de devolución se iniciará con una solicitud del obligado tributario o contribuyente, acompañado de copia simple de los documentos que dan lugar a la solicitud, salvo que la Administración Tributaria requiera de un documento en su original o copia debidamente autenticada. En estos casos, el plazo para devolver se contará desde la presentación de la solicitud, transcurrido el mismo sin que haya pronunciamiento, se entenderá denegada para efectos de que se ejerzan los recursos correspondientes, incluyendo la vía contencioso administrativa, siempre que haya transcurrido seis meses después de vencido el plazo para devolver.

Artículo 190. Repetición de tributos retenidos o percibidos.

Cuando la acción de repetición se refiera a tributos únicos y definitivos retenidos o percibidos indebidamente mediante las figuras del agente de retención o de percepción, la misma podrá ser ejercida por los respectivos agentes de retención o percepción, o por el contribuyente, de acuerdo con las siguientes reglas:

  1. Cuando la acción sea ejercida por los agentes de retención o percepción, éstos deberán presentar el listado de los contribuyentes a quienes, de ser procedente, deberán efectuarse los pagos de los importes reclamados, salvo que dichos agentes acrediten en forma fehaciente la autorización de aquellos para su cobro; y
  2. Cuando la acción sea ejercida por el contribuyente, éste deberá acreditar fehacientemente que el agente respectivo practicó la retención o percepción. En tal caso, la Administración Tributaria verificará si dicho agente ingresó oportunamente al Fisco las sumas retenidas o percibidas.

En todos los casos de devolución, el contribuyente podrá optar por solicitar la compensación o cesión de lo pagado indebidamente entre cualquiera de los tributos administrados por la Administración Tributaria.

Artículo 191. Partida presupuestaria.

Para garantizar la devolución indicada en esta Sección, el presupuesto de la Administración Tributaria incluido en la Ley de Presupuesto de la República, debe considerar anualmente una partida, cuya estimación estará a cargo de la Dirección General de Ingreso.

Cuando la partida presupuestaria resulte insuficiente en un año fiscal específico, deberán considerarse esta circunstancia en la estimación del presupuesto del año siguiente.

La Administración deberá proceder al pago respectivo a más tardar durante el ejercicio presupuestario siguiente al de la fecha del reconocimiento del crédito.

Artículo 192. Certificados.

A solicitud del interesado, la Administración Tributaria podrá expedir Certificados habilitados para el pago de impuestos, como instrumentación del reconocimiento de las devoluciones aprobadas.

Estos certificados serán nominativos, con valor nominal equivalente a las sumas devueltas, negociables y exentas de todo impuesto con una fecha de expiración de un año.

Sección 2 - Procedimiento de Liquidación

Artículo 193. Deber de iniciativa.

Ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una obligación tributaria, los obligados tributarios o contribuyentes deberán cumplir dicha obligación por sí mediante autoliquidación o determinación voluntaria cuando no proceda la intervención de la Administración. Si ésta correspondiere, deberán declarar los hechos y proporcionar la información necesaria para la determinación del tributo por la Administración Tributaria.

Artículo 194. Rectificación de declaraciones.

Los obligados tributarios o contribuyentes, podrán rectificar sus declaraciones tributarias, sin que les sea aplicable la multa prevista en el Artículo 277 de este Código, antes de que se les haya notificado cualquier requerimiento especial, en relación con la declaración tributaria que se corrige. Cuando los obligados tributarios, rectifiquen sus declaraciones tributarias, deberán presentar en debida forma una nueva declaración en los lugares habilitados para este fin; y liquidar y pagar, cuando sea aplicable los tributos que pudieran corresponder, además de los recargos, intereses y sanciones pecuniarias, establecidos para el pago fuera de plazo.

Artículo 195. Rectificativas que disminuyen el tributo a pagar.

Para corregir las declaraciones tributarias que disminuyen el tributo a pagar o aumenten el saldo a favor del contribuyente, se presentará solicitud a la Administración Tributaria, en el que deberán exponerse detalladamente los hechos que se refieran al derecho del interesado, acompañando los documentos y pruebas. Después de presentadas las pruebas y documentos a que se refiere este artículo por parte del obligado tributario la Administración Tributaria estará en disposición de aceptar o rechazar la solicitud de contribuyente. Sólo se podrá rectificar una sola vez por período fiscal.

Artículo 196. Efectos de la declaración rectificativa.

La declaración rectificativa surtirá efecto con su presentación siempre que determine igual o mayor obligación. 48En caso contrario, cuando se disminuya el tributo a pagar o aumente el saldo a favor del contribuyente, surtirá efectos si dentro de un plazo de seis meses siguientes a su presentación, la Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de efectuar la verificación o fiscalización posterior. La declaración rectificativa presentada con posterioridad a la culminación de un procedimiento de fiscalización parcial que comprenda el tributo y período fiscalizado, pero que rectifique sólo aspectos que no hubieran sido revisados en dicha fiscalización, surtirá efectos desde la fecha de su presentación siempre que determine igualo mayor obligación. En caso contrario, surtirá efectos si dentro de un plazo de seis meses siguientes a su presentación, la Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de efectuar la verificación o fiscalización posterior. Iniciado un procedimiento de fiscalización o al haberse presentado una solicitud de no aplicación del cálculo alterno del impuesto sobre la renta (CAIR) no podrá presentarse declaración rectificativa de ninguna naturaleza.

Artículo 197. Procedimiento de comprobación abreviada.

Cuando la autoliquidación o determinación voluntaria del obligado tributario o contribuyente contenga defectos formales, errores aritméticos, discrepancia con datos que provienen de sus otras declaraciones, o errores legales que se hagan evidentes de la propia declaración, se procederá a la realización de actuaciones de comprobación formal, que concluirán con su respectiva resolución.

Artículo 198. Inadmisibilidad de declaraciones rectificativas.

Transcurrido el plazo de prescripción no podrá presentarse declaración rectificativa alguna como regla general. El plazo para presentar declaración rectificativa de la declaración jurada de rentas anual y de las distintas modalidades del impuesto sobre la renta, como ganancia de capital, retenciones y dividendos, será de treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha de presentación de la declaración original El plazo para presentar declaración rectificativa de las declaraciones-liquidaciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles (ITBMS) o el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) será de doce (12) meses contados a partir de la fecha de presentación de la declaración original. Toda declaración jurada de impuestos será susceptible de ser rectificada y si no tiene un término límite fijado en la Ley tendrá como fecha límite para presentar declaraciones rectificativas dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la declaración original.

Sección 3 - Inscripción y Verificación de Cumplimiento de Deberes Formales

Artículo 199. Deberes y formalidades de inscripción, liquidación y para el suministro de información.

Todas las personas naturales, y las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica, que en razón de su actividad o condición resulten obligados tributariamente, deben incorporarse al Registro Único de Contribuyentes (RUC) u otros registros pertinentes, proporcionando los datos que les sean requeridos, en especial su correo electrónico, entre otros y manteniéndolos permanentemente actualizados, comunicando cualquier cambio de 49situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, cambio o cese de actividades, traspaso o cesión de bienes, transformación de sociedades y similares, en la forma y condiciones que establezca la Ley. La incorporación y comunicación de ulteriores novedades al Registro Único de Contribuyentes, y la determinación de los tributos por los obligados tributarios o contribuyentes, deberá efectuarse mediante declaraciones que éstos confeccionarán y presentarán en las formas, plazos y lugares que al efecto disponga la Ley y sus reglamentos. Las mismas condiciones regirán para los terceros obligados a suministrar información de carácter periódico.

Artículo 200. Verificación de obligaciones formales.

La Administración Tributaria podrá ejercer sus facultades de verificación del cumplimiento de las obligaciones formales de los obligados tributarios o contribuyentes, mediante los siguientes mecanismos:

1. Actuaciones presenciales en los establecimientos abiertos al público que podrán resultar en la constatación mediante acta de fiscalización de cualquier incumplimiento que pueda implicar la aplicación de sanciones. En este caso, los funcionarios de verificación deberán exhibir autorización expresa emanada de la Dirección General de Ingresos. Respecto a la conducta del fiscalizado o su representante legal, dependiente del establecimiento, se dejará constancia en el acta de fiscalización, cualquiera de las siguientes circunstancias, sin que esto afecte la validez y el valor probatorio de la misma:

  1. No comparecen a firmar el acta,
  2. Se niegan a firmarla; o
  3. Se niegan a aceptar la copia del acta, La firma y aceptación del acta de cierre por parte del fiscalizado no implica la aceptación de su contenido.

El sujeto objeto de la fiscalización tendrá derecho a exponer en dichas actas su posición frente a la fiscalización o inspección realizada.

2. Verificación de datos que constan en los sistemas informáticos de la Administración Tributaria, que permitan detectar obligados tributarios o contribuyentes ocultos que han incumplido su deber de inscripción y obligados tributarios o contribuyentes omisos que han incumplido su deber de declaración. Detectado un incumplimiento, la Administración Tributaria instará al obligado a repararlo o podrá realizar actuaciones de oficio para ponerlo en estado de cumplimiento, todo sin perjuicio de iniciar el correspondiente procedimiento sancionador.

Artículo 201. Atribuciones para fiscalizar.

La Administración Tributaria a fin de comprobar o investigar que los obligados tributarios o contribuyentes han cumplido con las normas tributarias; y en su caso, determinar los tributos omitidos, investigar administrativamente faltas o infracciones tributarias e imponer las sanciones que correspondan, estará facultada para:

  1. Requerir a los obligados tributarios, para que exhiban en su domicilio o establecimientos, los libros, registros y documentos que sustenten la contabilidad o que estén directamente relacionados con hechos vinculados a la generación de obligaciones tributarias.
  2. La Administración Tributaria también podrá revisar los medios de almacenamiento, así como la información y documentación relacionada.
  3. Practicar fiscalizaciones en el domicilio de los contribuyentes, los terceros responsables o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad.
  4. Practicar inventarios de toda clase de bienes.

La Administración Tributaria podrá ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, pudiendo requerir el auxilio de la Policía Nacional para ejercerlas cuando el requerido reincida en obstaculizar o impedir las diligencias, pudiendo inclusive practicar allanamientos y secuestrar bienes y documentos de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 202. Desarrollo del procedimiento de fiscalización.

El procedimiento de fiscalización se iniciará mediante la notificación de un acta de inicio de la fiscalización expedida por la Dirección General de Ingresos, en la que se informará el alcance total o parcial de las actuaciones, detallando los tributos y los períodos fiscales que comprenderá, los lugares donde ha de practicarse el acto de fiscalización, así como la identificación del o de los funcionarios actuantes. Cuando exista reincidencia en la oposición a la entrada de los fiscalizadores, estos podrán llevar a cabo su actuación solicitando el auxilio de la Policía Nacional. Las actuaciones que se desarrollen en el curso del procedimiento de fiscalización se documentarán en actas, en las que se harán constar en forma detallada los hechos y omisiones que se hubieren conocido por los fiscalizadores.

Artículo 203. Medidas durante la fiscalización.

Durante el desarrollo de la fiscalización los funcionarios actuantes, a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad; podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, u oticinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al fiscalizado o a la persona con quien se extienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen. En el caso de que algún documento que se encuentre en los muebles. archivos u oficinas que se sellen, sea necesario para que el fiscalizado pueda realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los tiscalizadores, quienes podrán sacar copia del mIsmo, dejándose constancia de este hecho.

Artículo 204. Plazo para el desarrollo de la fiscalización.

Las actuaciones de fiscalización deberán concluirse en un plazo máximo de seis meses. No obstante, se podrá prorrogar por otros cuatro meses cuando se den las siguientes circunstancias:

  1. Cuando las actuaciones revistan especial complejidad.
  2. Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el obligado tributario o contribuyente ha ocultado a la Administración Tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice o no ha aportado la documentación requerida dentro de un plazo razonable.
  3. Cuando la fiscalización corresponda por precios de transferencia o un asunto de tributación internacional el plazo podrá extenderse hasta seis meses adicionales de fiscalización.

Las providencias que concedan ampliación del plazo legalmente previsto serán motivadas. Asimismo, las actuaciones de fiscalización no podrán suspenderse por más de cuatro semanas por causas no imputables al obligado tributario o contribuyente.

La no conclusión de las actuaciones de fiscalización en el plazo, o de su suspensión por más del plazo indicado en el párrafo anterior, producirá la caducidad; que se decretará de oficio o a solicitud de parte, y el consiguiente archivo de la actuación. En estos casos no se podrá iniciar contra el mismo contribuyente otra diligencia de fiscalización sobre los mismos tributos y periodos fiscales por un lapso de dos años.

Artículo 205. Acta final de cierre de la fiscalización por Incumplir obligaciones formales.

Cuando a juicio de los funcionarios actuantes se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar un reclamo u objeción por incumpliendo de obligaciones formales, levantarán un acta final de cierre de las actuaciones de fiscalización. Si en este acto no estuviere presente el fiscalizado o su representante, se le dejará citación para que esté presente a una hora determinada del día siguiente. Si no se presentare, el acta final de cierre se levantará ante dos testigos hábiles e independientes, presentes en el lugar fiscalizado. En ese momento el encargado de la fiscalización y el fiscalizado, su representante legal o los testigos presenciales, según corresponda; firmarán el acta de cierre de la que se dejará copia al fiscalizado. Dentro del término de 10 días siguientes al acta de cierre de fiscalización se dictará la resolución que establece la sanción de corresponder la misma, por el incumplimiento de obligaciones formales.

Artículo 206. Validez y valor probatorio del acta de fiscalización.

Respecto a la conducta del fiscalizado o su representante legal, se dejará constancia en el acta de fiscalización, cualquiera de las siguientes circunstancias, sin que esto afecte la validez y el valor probatorio de la misma: 1. No comparecen a firmar el acta, 2. Se niegan a firmarla; o 3. Se niegan a aceptar la copia del acta, La firma y aceptación del acta de cierre por parte del fiscalizado no implica la aceptación de su contenido. De igual forma se establece que el obligado tributario o contribuyente puede plasmar su descargo en acta de fiscalización. Dentro del término de 10 días siguientes al acta de cierre de fiscalización se dictará la resolución que establece la sanción de corresponder la misma, por el incumplimiento de obligaciones formales.

Artículo 207. Resolución de Propuesta de regularización al concluir la fiscalización por deuda tributaria. Concluidas las actuaciones de los funcionarios fiscalizadores y con posterioridad a la emisión de un acta de cierre de fiscalización, cuando dicha fiscalización establezca una deuda tributaria, se emitirá una resolución firmada por la autoridad competente denominada propuesta de regularización. Dicha propuesta contendrá los ajustes o modificaciones a la autoliquidación o determinación voluntaria del sujeto fiscalizado, o la determinación que consideren procedente en caso de no haber mediado declaración. Así mismo podrá contener la eventual sanción a imponer cuando además de la deuda tributaria se detenten incumplimientos formales. Cuando las actuaciones de los funcionarios fiscalizadores determinen que existen indicios de una posible causa de defraudación fiscal la cual debe estar certificada por un funcionario 52idóneo en auditoria forense de la Administración Tributaria y la misma corresponde a una posible lesión al Tesoro Nacional igual o superior al monto de trescientos (300) mil balboas, no se dictara una propuesta de regularización sino que se remitirá un informe debidamente refrendado por el Director de Ingresos al Tribunal Administrativo Tributario, de acuerdo a lo regulado en los Artículos 126 y 126-A de este Código de Procedimiento Tributario. Cuando bajo las mismas circunstancias señaladas en el párrafo anterior la cuantía sea menor a los trescientos (300) mil balboas el procedimiento a seguir es el que se estable en el Título de este Código que regula los ilícitos tributarios. En todo caso será necesario indicar los hechos, pruebas y fundamentos jurídicos que respaldan los ajustes, otorgándole al fiscalizado un plazo de diez días para que manifieste su conformidad total o parcial, o para que alegue lo que convenga a su derecho. Dentro de este plazo el fiscalizado podrá solicitar que su presentación se realice mediante entrevista oral con los funcionarios involucrados en la fiscalización y otros designados para estos propósitos. Para efectos del plazo de conclusión de actuaciones a que se refiere este artículo, será con la emisión de esta propuesta de regularización, en que se tendrán por concluidas. Dicha propuesta de regularización se realizara a través de una resolución la cual al no surtir ningún efecto jurídico sobre el sujeto fiscalizado no podrá ser objeto de ningún recurso de impugnación. La propuesta de regularización sobre la que se haya emitido conformidad no podrá modificarse, salvo que hubiese mediado manifiesto error de hecho. La emisión de conformidad se deberá realizar mediante nota simple dirigida al Director de Ingresos y firmada por el sujeto fiscalizado sea persona natural o jurídica, en todo caso cuando la nota pueda ser firmada por el obligado tributario o contribuyente, la misma deberá ser firmada por el representante legal debidamente facultado para dicha actuación.

Artículo 208. No aceptación de la propuesta de regularización.

Cuando se mantenga la inconformidad total o parcial del fiscalizado, se procederá a emitir la resolución correspondiente con la respectiva liquidación la cual tendrá carácter definitivo sin petjuicio de los recursos que concede la Ley. Dicha resolución se deberá emitir por parte de la Dirección General de Ingresos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de los diez días para que el sujeto fiscalizado hubiese manifestado su conformidad o no con la propuesta de regularización. Dicha resolución podrá ser objeto de los recursos de impugnación que concede este Código de Procedimiento Tributario.

Artículo 209. Aseguramiento de pruebas en el procedimiento de fiscalización y cobro.

Para la conservación de la documentación exigida con base en las disposiciones de este Código y de cualquier otro elemento de prueba relevante para la determinación de la deuda tributaria, se podrán adoptar las medidas que se estimen precisas al objeto de impedir su desaparición, destrucción o alteración. Las medidas habrán de ser proporcionales al fin que se persiga. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. Las medidas podrán consistir en el aseguramiento, depósito o secuestro de las mercaderías o productos sometidos a gravamen. Las medidas cautelares así adoptadas se levantarán si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopción. También se podrán adoptar las medidas a que se refiere el Artículo 211, sin necesidad de haberse iniciado un proceso de cobro coactivo cuando exista información relevante sobre una posible lesión al tesoro nacional y evitar se convierta en irrisoria el cumplimiento de las posibles deudas tributarias.

En ningún caso las medidas de aseguramiento de pruebas deben afectar el normal funcionamiento de las actividades del contribuyente u obligado. Cuando un mismo bien sea necesario para la actividad del contribuyente u obligado y tenga relevancia tributaria, se deberán tomar las medidas conducentes al aseguramiento mediante copia u otro medio eficaz, para reproducir la información con relevancia tributaria.

Artículo 210. Lugar para el ejercicio de la fiscalización.

Los actos de fiscalización podrán desarrollarse indistintamente según determinen los órganos encargados de la misma:

  1. En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio tributario o en el del representante que a tal efecto hubiere designado.
  2. En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.

Los fiscalizadores de los tributos podrán entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones para ejercer las funciones previstas en el Artículo 200 de este Código, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 201.

Artículo 211. Naturaleza del procedimiento de cobro coactivo.

El procedimiento de cobro coactivo es de naturaleza ejecutiva, sin perjuicio, de la aplicación de este Código aplicaran supletoriamente las normas del Código Judicial en materia ejecutiva. La competencia para conocer del mismo corresponde a la Administración Tributaria y al Tribunal Administrativo Tributario.

Artículo 212. Facultad de imponer medidas cautelares.

La Dirección General de Ingresos podrá practicar el secuestro de los bienes específicos del obligado tributario hasta la concurrencia de su obligación, siempre que se den las siguientes circunstancias:

  1. Que haya motivo racional y fundado para creer que procederá a ocultar o enajenar sus bienes.
  2. Que los antecedentes en el cumplimiento de sus obligaciones indiquen la posibilidad de incumplimiento voluntario.
  3. Que se decrete preferentemente sobre bienes y derechos, cuyo gravamen no afecte el normal desenvolvimiento del giro del contribuyente.

Parágrafo: El cumplimiento de las obligaciones omitidas o la constitución de garantías con la anuencia de la Administración Tributaria, determinará el levantamiento inmediato de las medidas cautelares.

Artículo 213. Proporcionalidad y provisionalidad de las medidas cautelares.

Las medidas habrán de ser proporcionales al daño que se pretenda evitar, y en ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. Las medidas cautelares tendrán siempre carácter provisional y deberán ser levantadas si desaparece el peligro que se ha procurado evitar, o bien cuando el contribuyente otorga caución suficiente.

Artículo 214. Facultad de cobranza.

La Dirección General de Ingresos, investida para el ejercicio de la dirección activa del Tesoro Nacional, procederá al cobro de los créditos a favor del Estado no asignados a otra institución y de las deudas tributarias ejecutoriadas a favor del Fisco, siempre que sean liquidas, exigibles y de plazo vencido y que no hubieren sido pagadas o garantizadas dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el ejercicio de la jurisdicción coactiva a nivel nacional. El Director General de Ingresos podrá delegar dicha facultad en otros funcionarios de la Administración Tributaria.

Artículo 215. Órganos competentes para la ejecución y facultades.

Los procedimientos de cobro coactivo de tributos y de los créditos a favor del Tesoro Nacional que no estén adjudicados a otras dependencias estatales, serán ejecutados a través del Despacho del Juez Ejecutor de la Dirección General de Ingresos.

Artículo 216. Requisitos para ser juez ejecutor.

Para ser Juez Ejecutor, al momento de la designación se debe cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Ser ciudadano panameño, mayor de treinta años.
  2. Haber ejercido como abogado por un período no menor de cmco años en las especialidades de derecho administrativo, procesal o tributario.
  3. No haber sido condenado ni hallarse procesado por delitos dolosos, ni haber sido destituido por medidas disciplinarias en la Administración Pública o el Órgano Judicial.
  4. No ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente de la República, de los ministros de Estado ni del Director General de Ingresos o los magistrados del Tribunal Administrativo Tributario. El despacho del juez ejecutor se integrará con una secretaria de trámites, que será la encargada del manejo y custodia de los expedientes.

Para ser secretario de trámites se requiere los mismos requisitos que para ocupar el cargo de juez ejecutor.

Artículo 217. Competencia de los jueces ejecutores.

La competencia se determinará por el domicilio fiscal declarado por el obligado o contribuyente en el Registro Único de Contribuyentes.

Cuando se desconozca el domicilio o paradero del obligado o contribuyente, será competente el juez ejecutor del lugar donde esté ubicado el bien inmueble o se haya ejecutado el hecho generador de la obligación tributaria.

Cuando el juez ejecutor deba practicar alguna diligencia específica en lugares fuera de su circunscripción territorial, comisionará en el juez ejecutor competente del lugar en donde se encuentra el objeto de la diligencia, para que la practique.

El juez ejecutor, al finalizar su gestión de cobro, deberá asignar a la entidad acreedora los montos correspondientes recuperados.

Artículo 218. Impugnaciones a las decisiones del juez ejecutor.

El Tribunal Administrativo Tributario conocerá, en única instancia, de las tercerías, incidentes, excepciones y nulidades que sean presentadas en estos procesos, correspondiéndole sustanciarlas y resolverlas.

En ningún caso tales actuaciones suspenderán la continuidad del proceso, pero no se dictará la resolución decretando el remate o entrega de los bienes embargados hasta que dichas actuaciones se decidan previamente y queden debidamente ejecutoriadas.

Artículo 219. Responsabilidad del despacho ejecutor.

Las actuaciones de los jueces deben ser objetivas e imparciales, de forma tal que las medidas cautelares impuestas en contra de las disposiciones legales consagradas en este Código, serán sancionadas de conformidad con la Ley 38 de 2000 y el Código de Ética de los funcionarios públicos.

Artículo 220. Ejecución de garantías de la deuda previa al cobro coactivo.

Si la deuda tributaria estuviera garantizada mediante aval, prenda, hipoteca o cualquier garantía real o personal, se procederá en primer lugar a ejecutarla, lo que se realizará en todo caso por los órganos de cobranza administrativa de la Dirección General de Ingresos competentes a través del procedimiento administrativo de cobro administrativo, antes de remitir el expediente del contribuyente al proceso de cobro coactivo. Si por el incumplimiento de un arreglo de pago en la vía administrativa en donde se establecieron las garantías de dicho arreglo, se deberá ejecutar dichas garantías antes de enviar el expediente a la jurisdicción coactiva.

Artículo 221. Prestan mérito ejecutivo y será considerados

Títulos ejecutivos los siguientes:

  1. Las liquidaciones de tributos contenidas en resoluciones ejecutoriadas que practiquen los respectivos funcionarios fiscales. 2. Las resoluciones ejecutoriadas administrativas o judiciales de las cuales surjan créditos a favor del Tesoro Nacional.
  2. Las resoluciones ejecutoriadas dictadas por funcionarios de la Administración Pública o de la Administración Tributaria.
  3. La declaración jurada de tributos no pagados, dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de su presentación y que hayan transcurridos seis 6 meses desde la presentación de dicha declaración jurada original.
  4. Los alcances líquidos definitivos deducidos o determinados en firme contra los contribuyentes u obligados a efectuar retenciones de tributos, acompañados en todo caso del documento legal constitutivo de tales obligaciones tributarias.
  5. El estado de cuenta y las certificaciones de deudas tributarias de los obligados tributarios o contribuyentes por deudas debidamente ejecutoriadas.
  6. Cualquier otro acto administrativo ejecutoriado en el que se haga constar sumas adeudadas a favor del Tesoro Nacional.
  7. Los Laudos arbitrales tributarios.

Artículo 222. Recargo por cobro ejecutivo.

El cobro por la vía ejecutiva de los créditos a favor del Tesoro Nacional, causará un recargo adicional del veinte (20%) por ciento. No obstante, siempre que exista garantías reales o efectivas del cobro total de la deuda o por su pago total podrá la Administración Tributaria en su condición de parte del proceso, transar o convenir con respecto al pago total o parcial de este recargo, y siempre que el proceso ejecutivo no se encuentre ejecutoriado. Si se satisface la deuda tributaria antes de notificarse del inicio del procedimiento de cobro coactivo no se causará este recargo en la vía ejecutiva y hasta 5 días después de notificado. En estos procesos no habrá condena en costas.

Artículo 223. Iniciación del periodo para el cobro ejecutivo.

La recaudación de los tributos se realizará mediante el procedimiento de cobro ejecutivo, cuando no se realice el pago voluntario en la forma y con los efectos previstos en este Código en un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha en que el título ejecutivo que impone el pago del impuesto quedó ejecutoriado.

Artículo 224. Iniciación del procedimiento de cobro ejecutivo.

El procedimiento de cobro ejecutivo se iniciará mediante auto de libramiento de pago notificado personalmente al deudor, en la que se identificará la deuda pendiente y se le requerirá para que efectúe su pago. El auto de libramiento de pago que dicte el juez ejecutor, con la cual se inicie el proceso, deberá contener, además:

  1. La identificación del ejecutado (sujeto pasivo de la obligación, contribuyente o responsable de la obligación).
  2. La descripción del título ejecutivo que sirve de base al proceso ejecutivo.
  3. La orden de mandamiento de pago en la que se indicará la suma clara, exacta, líquida y exigible; y con desglose del capital, intereses y recargo.
  4. Advertir de las excepciones y demás medidas procesales a que tiene derecho el ejecutado contra la citada resolución.
  5. Fundamento de Derecho.

La Administración Tributaria en proceso coactivo podrá ordenar el embargo sobre los bienes del deudor, a través de las medidas cautelares que aplican en todo proceso ejecutivo. El aviso de remate se notificará por edicto. No se iniciara el cobro coactivo cuando el obligado tributario o contribuyente ha realizado la consignación o pago bajo protesta previsto en este Código, o cuando haya prestado caución suficiente.

Artículo 225. Oposiciones al procedimiento de cobro ejecutivo.

Contra la resolución a que se refiere este Capítulo, solamente se podrán interponer los siguientes incidentes o excepciones dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que da inicio al procedimiento de cobro ejecutivo:

1. Pago.

2. Arreglo de pago vigente.

3. De prescripción o extinción de la deuda.

4. Inexistencia de la obligación, por falta de ley que establezca el tributo o por exención legal vigente;

5. Resolución no ejecutoriada pendiente de resolverse en la propia Dirección General de Ingresos, o en el Tribunal Administrativo Tributario o en la Corte Suprema de Justicia;

Artículo 226. Tramites de incidentes y excepciones.

Los incidentes o excepciones deberán ser presentados ante el juez ejecutor dentro de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la resolución ejecutiva, acompañados con las pruebas de la excepción alegada. El juez ejecutor remitirá copia de la actuación al Tribunal Administrativo Tributario dentro del término de 5 días hábiles, so pena de desacato.

Cuando se trate de nulidades absolutas, de hechos cuyo conocimiento sea posterior al plazo establecido en el inciso anterior o sea producto de hechos sobrevinientes podrá presentarse el incidente o excepción en cualquier etapa del proceso.

El Tribunal Administrativo Tributario deberá resolver los incidentes en un término de sesenta días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba las copias de la actuación del juzgado ejecutor.

En ningún caso tales actuaciones suspenderán la continuidad del proceso, pero no se dictará la resolución decretando el remate o entrega de los bienes embargados hasta que dichas actuaciones se decidan previamente y queden debidamente ejecutoriadas.

En caso de incumplimiento de una de estas fases, se aplicara el procedimiento de queja previsto en el Artículo 353 de este Código, que se presentará ante la autoridad nominadora por parte del afectado.

Artículo 227. Presentación de excepciones ante otra Autoridad.

Si el juzgado ejecutor se negare a recibir el escrito de excepciones, el mismo podrá ser presentado ante un Juez Tributario, quien dispondrá de veinte y cuatro horas para notificar y entregar al funcionario ejecutor el mencionado escrito, con constancia de la presentación respectiva, sin perjuicio del recurso de hecho regulado en el Código Judicial.

Artículo 228. Tramitación del embargo.

En caso de no existir garantía suficiente de la deuda, los recargos e intereses aplicables, se procederá a declarar el embargo sobre los bienes del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria. En el embargo se guardará el orden siguiente:

  1. Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades financieras.
  2. Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.
  3. Sueldos y salarios.
  4. Bienes inmuebles.
  5. Establecimientos mercantiles o industriales.
  6. Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.
  7. Frutos y rentas de toda especie.
  8. Bienes muebles y semovientes.
  9. Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo.

Siguiendo el orden anterior, se embargarán sucesivamente los bienes y derechos conocidos en ese momento por el juez ejecutor hasta que se presuma cubierta la deuda.

Por último, se dejarán aquellos para cuya ejecución sea necesaria la entrada en el domicilio del deudor. Igual tratamiento se dará cuando los bienes embargados estén constituidos por bienes perecederos u otros que por su naturaleza impliquen costos para su mantenimiento o conservación.

En estos casos, el juez ejecutor brindará las facilidades al ejecutado para el mantenimiento, conservación y disposición de dichos bienes, quedando exceptuada de toda responsabilidad por eventuales pérdidas o deterioros de los bienes embargados siempre y cuando haya brindado dichas facilidades.

A solicitud del deudor, se podrá alterar el orden de embargo si los bienes que señale garantizan con la misma eficacia y prontitud el cobro de la deuda, que los que preferentemente deban ser embargados; y no se causare con ello perjuicio a terceros.

Artículo 229. Bienes inembargables.

No se embargarán los bienes o derechos que la ley declare inembargables con carácter general, ni aquellos de cuya realización se presuma que resultaría fruto insuficiente para la cobertura del costo de dicha realización. No son embargables los bienes señalados en el Artículo 1650 del Código Judicial, con las modificaciones siguientes:

  1. Los libros, máquinas, equipos, instrumentos, útiles y demás bienes muebles indispensables para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del deudor, sin limitación;
  2. Las máquinas, animales e instrumentos propios para el cultivo agrícola en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca al que están asignados, sin limitación; y
  3. Las máquinas, enseres y semovientes, propios de las actividades industriales, comerciales o agrícolas, cuando el embargo parcial traiga como consecuencia la paralización de la actividad o negocio; pero en tal caso, podrán embargarse junto con la empresa misma.

Artículo 230. Bienes obrantes en entidades depositarias o con varios titulares.

La Administración Tributaria podrá disponer del embargo de fondos, valores, títulos u otros bienes entregados o confiados por el ejecutado a una determinada oficina de una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria, en la cuantía que proceda. Si de la información suministrada por la persona o entidad depositaria en el momento del embargo se deduce que los fondos, valores,

títulos u otros bienes existentes exceden del valor del embargo, el juez ejecutor decidirá cuales quedan embargados hasta la cuantía que proceda. Cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares, sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario, presumiéndose dividido el saldo en partes iguales, salvo que se pruebe una titularidad material diferente. Si lo embargado es una participación del ejecutado en personas jurídicas, el juez antes de fijar fecha para el remate comunicará al representante de ellas, el avaluó de dicha participación, a fin de que manifieste dentro de los diez días siguientes, si los otros accionistas o consocios desean adquirirla por dicho precio. En caso de que dentro de este término no se haga la anterior manifestación, se fijara fecha el remate; y si los accionistas y consocios desearán hacer uso de tal derecho, el representante consignará ante el juez ejecutor el diez por ciento al hacer la manifestación indicando los nombres de los adquirientes, y el saldo dentro de los treinta días siguientes. Sin embargo, para el pago de este, las partes podrán acordar plazos hasta de seis meses. Si el saldo no se consigna oportunamente el consignatario perderá las sumas abonadas, las cuales quedarán a favor de la Administración.

Artículo 231. Tercerías.

Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio de los bienes o derechos embargados o cuando un tercero considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia al Fisco, formulará reclamación de tercería ante el Tribunal Administrativo Tributario mediante el procedimiento de tercería excluyente de propiedad según se establece en este artículo.

Tratándose de una reclamación por tercería de dominio se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes controvertidos, una vez que se hayan tomado las medidas de aseguramiento que procedan. Esto es sin perjuicio de que se pueda continuar dicho procedimiento sobre el resto de los bienes o derechos del ejecutado que sean susceptibles de embargo hasta que quede satisfecha la deuda; en cuyo caso se dejará sin efecto el embargo sobre los bienes objeto de la reclamación. El tercero que sea propietario de bienes embargados, podrá interponer Tercería Excluyente de Propiedad ante el Juez Tributario en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien.

Artículo 232. Tramite de la tercería excluyente de propiedad.

La tercería excluyente de propiedad deberá tramitarse de acuerdo a las siguientes reglas:

  1. Sólo será admitida si el tercero prueba su derecho con documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento, que acredite la propiedad de los bienes.
  2. El Tribunal Administrativo Tributario emitirá su decisión en un plazo no mayor de treinta días hábiles siguientes a la notificación.
  3. La resolución dictada por el Tribunal Administrativo Tributario no es recurrible y toda vez que este es un organismo de única instancia para conocer de los procesos de cobro coactivo no cabe ninguna acción ante la esfera judicial.

Artículo 233. Afianzamiento o acuerdo de pago de las obligaciones tributarias.

En cualquier tiempo, antes de verificado el remate de los bienes o no habiendo postor a quien adjudicar el remate, el ejecutado podrá pagar la deuda o afianzar el monto total del 59proceso por cualquiera de los medios legales para celebrar un arreglo directo con la Dirección General de Ingresos y adoptar un sistema de pago a plazos que sea convenido por las partes. Las condiciones de dicho arreglo de pago estarán previstas mediante reglamentación de la Administración Tributaria. En caso de incumplimiento del arreglo de pago o de la causa que mantenía paralizado el proceso, se continuará con este y se procederá a hacer efectiva la fianza o el remate.

Artículo 234. Entorpecimiento de las actuaciones.

Si durante el embargo la persona con quien se realice la diligencia no abriere las puertas de las construcciones, edificios o casas señalados para la ejecución o en los que se tenga indicios fundados de que existen bienes muebles embargables, el ejecutor, previo acuerdo fundado del jefe de la oficina ejecutora, tomará las medidas pertinentes, para que el depositario pueda proseguir con la diligencia. En igual forma procederá el ejecutor cuando la persona con quien se realice la diligencia no abriere los muebles en los que aquel tenga razones fundadas de que guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. El ejecutor sellará y enviará en depósito a la oficina ejecutora dichos muebles, donde serán abiertos con presencia del deudor o su representante legal en un término razonable no menor a diez días; y en caso de que no se apersonaren en el término concedido se procederá a su apertura ante la presencia de un notario público y se procederá a su inventario y avalúo.

Artículo 235. Documentación de las diligencias de embargo.

Cada actuación de embargo se documentará en acta, que será suscrita por todos los que participaron en dicha actuación. Hecho el embargo, se notificará al ejecutado y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes, si no se hubiesen realizado con ellos las actuaciones, y a los condueños o cotitulares de los mismos. Si los bienes embargados fueren inscribibles en un registro público, la Administración Tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente, conforme a mandamiento expedido por el Juez Ejecutor. Cuando se embarguen bienes muebles, la Administración Tributaria podrá disponer su depósito en la forma que ella determine, asegurando la conservación de los mismos y respondiendo por su deterioro o integridad material. Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o industrial o, en general, de los bienes y derechos integrantes de una empresa, para asegurar la continuidad en la dirección de la actividad y prevenir que se produzcan perjuicios irreparables en la solvencia del deudor, el juez ejecutor, previa audiencia del titular del negocio, podrá acordar el nombramiento de un funcionario que intervenga en la gestión del negocio en condiciones de Administrador Judicial Tributario o Interventor Tributario, cuyos honorarios serán sufragados por el embargado.

Artículo 236. Administrador Judicial Tributario o Interventor Tributario.

El Interventor Tributario será responsable de prevenir actos tendientes a burlar la medida cautelar impuesta, procurando en todo momento no afectar las operaciones normales de la empresa. Para ser Interventor Tributario, el designado deberá tener conocimientos y experiencia en el giro de actividad de la empresa embargada. Para estos propósitos se confeccionará una lista de profesionales calificados o idóneos, que se someterá a escrutinio público mediante su divulgación en la Gaceta Oficial. El embargado podrá solicitar por motivos fundados la remoción del Administrador Judicial Tributario o Interventor Tributario o la sustitución de la medida mediante caución suficiente al efecto.

Artículo 237. Cesación de la Administración y rendición de cuentas.

El Juez Ejecutor podrá ordenar el levantamiento de la intervención cuando el ejecutado cancele el crédito tributario, afiance la obligación o por otros motivos fundados. En todo caso, el interventor rendirá cuenta periódica semestral, detallada y oportuna de su gestión o a requerimiento del Juez Ejecutor o del ejecutado.

Artículo 238. Tasación de los bienes embargados.

La tasación de los bienes embargados se efectuará por un perito nombrado por el juez ejecutor y uno nombrado por el ejecutado.

Cuando la valoración de los peritos difiera, se tomará como referencia el promedio resultante.

Dicha tasación no se llevará a cabo cuando el obligado y el juez ejecutor hayan convenido en el valor del bien o exista una referencia de su valor de mercado.

Artículo 239. Aviso de remate.

Determinado el valor de los bienes embargados, el Juzgado Ejecutor fijará día, hora y lugar para el remate; señalamiento que se publicará por tres veces, en días distintos, en la Gaceta Oficial. En los avisos no se hará constar el nombre del ejecutado sino las bases del remate, descripción de bienes, su avalúo y demás datos que el ejecutor estime necesarios. Si son varios los bienes muebles embargados, el remate podrá hacerse, unitariamente, por lotes o en su totalidad, según convenga a los intereses de la recaudación, debiendo constar este particular en los avisos respectivos.

Artículo 240. Presentación de Posturas.

El día del remate, las ofertas se presentarán de nueve de la mañana a dos de la tarde ante el Secretario del Juzgado Ejecutor, quien dará ingreso al documento y lo registrará dejando constancia de la fecha, hora, lugar y documentación presentada.

Artículo 241. Requisitos de la Postura.

Las posturas se presentarán por escrito y contendrán:

  1. Los datos de identificación y domicilio del postor, según sea persona natural o jurídica;
  2. El acto para el cual se presenta como postor;
  3. El bien y valor total de la postura; y
  4. La firma del postor. En el caso de las personas jurídicas, la representación legal será verificada mediante consulta al Registro Público.

Artículo 242. No Admisión de las Posturas.

No serán admisibles las posturas que no vayan acompañadas de por lo menos el diez por ciento del valor de la oferta en cheque certificado a la orden del Tesoro Nacional o cualquier otro medio admitido por la Ley. Se deberá aportar certificado de depósito judicial del banco nacional.

Artículo 243. Calificación de Posturas.

Dentro de los tres días posteriores al remate, el Juzgado Ejecutor examinará la legalidad de las posturas presentadas, y calificará el orden de preferencia de las admitidas, teniendo en cuenta la cantidad y demás condiciones de las mismas, describiéndolas con claridad y precisión. En la misma providencia, adjudicará al mejor postor los bienes rematados.

Solamente cuando dos o más postores coincidan en el monto y en el bien objeto del remate, se convocará a dichos postores para que puedan mejorar su oferta.

Artículo 244. Subasta entre postores concurrentes.

El día y hora señalados en la convocatoria, el ejecutor concederá a los postores concurrentes quince minutos para que puedan mejorar sus ofertas, hasta por tres veces consecutivas. Los postores intervendrán verbalmente.

La inasistencia del postor a la convocatoria, se entenderá ratificación de su oferta original.

En caso de igualdad de ofertas o si ninguno de los postores acude a la convocatoria, se decidirá por la suerte.

De lo actuado en la subasta se dejará constancia en acta suscrita por el Juez Ejecutor, el Secretario y los postores participantes, si hubiere.

Artículo 245. Nulidad del Remate.

El remate o la subasta serán nulos y el funcionario ejecutor responderá de los daños y perjuicios que se ocasionaren:

  1. Cuando no se hubieren publicado los avisos previos al remate o subasta, en la forma establecida en esté Código.
  2. Cuando se hubiere verificado en día, hora o lugar distintos de los señalados para el efecto; y
  3. Si el rematista es una de las personas prohibidas de intervenir en el remate, según el Artículo 252 de este Código.

En las nulidades declaradas responderán por los daños y perjuicios que se causen tanto el Juez Ejecutor como el postor inhabilitado, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar.

Artículo 246. Ejecutoria de la resolución de adjudicación.

La resolución de adjudicación será notificada a los postores participantes por edicto que será fijado en la Secretaría por un término de tres días consecutivos. Una vez vencido este término, los postores participantes habilitados podrán impugnar ante el Tribunal Administrativo Tributario, la resolución de adjudicación en un término de cinco días hábiles.

Artículo 247. Adjudicación.

Una vez ejecutoriada la resolución de adjudicación, el postor vencedor deberá consignar en un término de cinco días hábiles el valor ofrecido. Comprobado el pago, se procederá a emitir el auto mediante el cual se adjudican los bienes rematados, libres de todo gravamen, y se devuelven a los demás postores las cantidades por ellos consignadas. El auto de adjudicación contendrá la descripción de los bienes; y copia certificada del mismo, que servirá de título de propiedad y que se mandará protocolizar e inscribir en los registros correspondientes.

Artículo 249. Abandono de la oferta.

El postor vencedor que, notificado para que cumpla, no lo hiciere oportunamente, responderá por el abandono de la oferta, o sea del valor de la diferencia existente entre el precio que ofreció pagar y el que propuso el postor que le siga en preferencia.

El abandono de la oferta y las costas causadas por la misma, se pagarán con la cantidad consignada como fianza con la postura, y si ésta fuere insuficiente, el Juzgado Ejecutor podrá librar mandamiento de pago y rematar otros bienes del ofertante fallido.

Artículo 249. Enajenación de los bienes embargados.

La enajenación de los bienes embargados se llevará a efecto mediante las siguientes reglas: Servirá como base del remate el sesenta y cinco por ciento del valor de la tasación.

  1. Si en la primera convocatoria no se presentan postores, se realizará una segunda en la que la base de la postura será del cincuenta por ciento del valor de la tasación.

 

  1. Si en la segunda convocatoria tampoco se presentan postores, se convocará por una tercera y última vez, con las siguientes reglas adicionales:
    1. Tratándose de bienes muebles, no se señalará precio base.
    2. Tratándose de bienes inmuebles, la base de la postura será del cuarenta por ciento del valor de la tasación.

El Juez Ejecutor, ordenará el remate inmediato de los bienes embargados cuando éstos corran el riesgo de deterioro o pérdida por caso fortuito o fuerza mayor o por otra causa no imputable al depositario. Cuando el bien embargado sea dinero, su aprehensión será considerada como pago del deudor. Tratándose de remate de inmuebles, el ejecutado podrá pedir que los mismos se dividan en lotes para obtener mayores ventajas. El importe por el que se adjudicarán dichos bienes será el de la suma ofertada y pagada. Cuando no se presenten postores, el remate concluirá con la adjudicación al Fisco de los bienes embargados por el valor base del remate. En cualquier tiempo, antes de verificado el remate de los bienes o no habiendo postor a quien adjudicar el remate, el ejecutado podrá pagar la deuda o afianzar el monto total del proceso por cualquiera de los medios legales para celebrar un arreglo directo con la Administración Tributaria y adoptar un arreglo de pago. En caso de incumplimiento del arreglo de pago o de la causa que mantenía paralizado el proceso, se continuará con este y se procederá a hacer efectiva la fianza o a concluir el remate.

Artículo 250. Terminación del proceso de cobro coactivo.

Efectuado el remate de los bienes o realizado el pago total de la deuda, se procederá a dictar los oficios, actos administrativos o instrucciones pertinentes a las inscripciones a que hubiera lugar en los registros respectivos u otras entidades, para que procedan según lo que se les instruya, así como al Departamento o Sección de Cuenta Corriente del Contribuyente para los efectos de la emisión de los paz y salvo respectivos, si fuera procedente.

Artículo 251. Paralización de la enajenación de bienes.

En cualquier fase del proceso, podrá ofrecerse la sustitución de las medidas cautelares por otra garantía, que deberá ser aceptada por el juez ejecutor en forma expresa, siempre que sea equivalente al monto embargado y que a criterio del juez cumpla con los elementos mínimos para garantizar la deuda.

Artículo 252. Inhibición para la adquisición de bienes embargados.

Ningún funcionario de la Administración Tributaria ni el administrador judicial tributario o Interventor Tributario, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, podrán por sí o por medio de interpuesta persona participar, asesorar o adquirir los bienes que se enajenen objeto de embargos. Tampoco podrá convertirse en denunciantes de defraudación fiscal con el objetivo de reclamar recompensa del sujeto deudor del fisco que se encuentran administrando por orden del Juez Ejecutor o el Director de Ingresos. Cualquier participación, incluida la enajenación, efectuada con infracción a este precepto será nula y los infractores serán sancionados conforme a este Código sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.

Artículo 253. Abandono de bienes muebles embargados.

Se produce el abandono de los bienes muebles que hubieran sido embargados y no retirados de los almacenes de la Administración Tributaria en un plazo de treinta días hábiles, en los siguientes casos: l. Cuando habiendo sido adjudicados los bienes en remate y el adjudicatario hubiera cancelado el valor de los bienes, no los retire del lugar en que se encuentren. 632. Cuando el Juez Ejecutor hubiera levantado las medidas cautelares dictadas sobre los bienes, y el ejecutado, o el tercero que tenga derecho sobre dichos bienes, no los retire del lugar en que se encuentren. El plazo, a que se refiere el primer párrafo, se computará a partir del día siguiente de la fecha de remate o de la fecha de notificación de la resolución emitida por el Juzgado Ejecutor en la que ponga el bien a disposición del interesado.

Artículo 254. Distribución del Producto del cobro por la vía ejecutiva.

Cuando dos o más sujetos activos tengan tributos por cobrar a un mismo obligado, el producto del remate o subasta se distribuirá por los tributos que administran. en el siguiente orden de prelación:

  1. Caja de Seguro Social.
  2. Dirección General de Ingresos.
  3. Autoridad Nacional de Aduanas.

Artículo 255. Facultad para declarar el archivo de las actuaciones por falta de interés fiscal o incobrabilidad.

El titular de la Administración Tributaria podrá establecer las condiciones para depurar la lista de morosos y actualizar los créditos tributarios firmes a favor del Fisco. En ejercicio de esta facultad podrá tomar en cuenta los siguientes elementos:

  1. Cuantías inferiores a cien balboas (B/.1 00.(0);
  2. Incobrabilidad, tomando en cuenta los presupuestos que establece este Código para su declaratoria; y
  3. El cumplimiento del plazo de prescripción de oficio de acuerdo a lo dispuesto en este Código de Procedimiento Tributario.

Será rechazado de plano cualquier solicitud de prescripción en la vía administrativa de la Dirección General de Ingresos, cuando exista un expediente abierto en la jurisdicción coactiva, sin perjuicio del deber de declaratoria de la prescripción de oficio que tiene la Administración Tributaria.

Artículo 256. Vacíos en el procedimiento de cobro coactivo.

Los vacíos en estos procesos serán llenados con las disposiciones del Código Judicial referentes a los juicios ejecutivos.

Título V - Ilícitos Tributarios y Sanciones Tributarias

Sección 1 - La Disposiciones Preliminares

Artículo 257. Facultad sancionadora.

La Dirección General de Ingresos tiene la competencia discrecional de ley, de determinar y sancionar administrativamente los Ilícitos Tributarios tipificados en este Código, S111 perjuicio de los recursos que contra ellas puedan ejercer los contribuyentes u obligados.

Artículo 258. Concepto de Ilícitos Tributarios y clasificación.

Constituye Ilícitos Tributarios todo incumplimiento de normas tributarias sustanciales o formales, por comisión o por omisión, que esté tipificado y sancionado en este Código o en normas jurídicas de rango legal. 64Los Ilícitos Tributarios se clasifican en leves, graves y defraudación fiscal administrativa o penal, según lo dispuesto en cada caso en este Código. Los Ilícitos Tributarios se calificaran de forma unitaria, pero se aplicará la sanción más alta por una sola vez.

Artículo 259. Principios y normas aplicables.

Las disposiciones de este Título se aplican a todas los Ilícitos Tributarios. A falta de normas tributarias expresas en materia de procedimiento, se aplicarán supletoriamente los principios generales y normas del derecho en materia punitiva. En particular, serán aplicables los principios de legalidad, de presunción de inocencia, tipicidad, responsabilidad subjetiva o culpabilidad, dolo, proporcionalidad, no concurrencia de jurisdicciones ni de sanciones. Las sanciones por Ilícitos Tributarios solamente serán imputables al agente causal del hecho tipificado como infracción. Por su naturaleza personal, las sanciones por infracciones tributarias, no son transmisibles a los herederos y legatarios.

Artículo 260. Tipicidad de los Ilícitos Tributarios.

La acción u omisión en que consiste los Ilícitos Tributarios debe estar expresamente tipificada en una norma con rango de ley.

Artículo 261. Principio de no concurrencia.

Una misma acción u omisión que deba aplicarse como criterio de graduación de una infracción o como circunstancia que determine la calificación de una infracción como grave o muy grave, no podrá ser sancionada como infracción independiente. Se considerarán infracciones separadas la persistencia de incumplimientos de obligaciones formales precedidos de distintos requerimientos administrativos. Sin embargo, si las acciones u omisiones que conforman el tipo de una infracción pueden ser consideradas como actos preparatorios de otro tipo de infracción, sólo procederá la sanción correspondiente a este último. En el caso de que el mismo hecho viole más de un tipo de infracción, sólo se aplicará la sanción más grave. En los supuestos en que las conductas apreciadas pudieran ser constitutivas de delitos tributarios, la Administración Tributaria trasladará el expediente a conocimiento del Tribunal Administrativo Tributario para que este resuelva, si el mismo debe remitirse al Ministerio Público, y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo, mientras autoridad judicial no dicte sentencia en firme, tanga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución por el Ministerio Público porque la cuantía defraudada este por debajo de los trescientos (300 ) mil balboas. La sanción de la autoridad judicial producto de una sentencia condenatoria no excluirá la imposición de sanción administrativa, salvo que la sanción por delito incluya un componente pecuniario. De no haberse estimado la existencia del delito por debajo de trescientos (300) mil balboas, la Administración Tributaria continuará el expediente sancionador con base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados, y se reanudará el cómputo del plazo de prescripción en el punto en el que estaba cuando se suspendió. Las actuaciones administrativas realizadas durante el período de suspensión se tendrán por inexistente.

Artículo 262. Irretroactividad de las normas sobre Ilícitos Tributarios.

Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman ilícitos, establezcan sanciones más benignas, o términos de prescripción de la infracción más breve o de la sanción más leve. 65

Artículo 263. Extinción de sanciones.

Las sanciones por Ilícitos Tributarios se extinguen:

  1. Por pago o cumplimiento de la sanción.
  2. Por muerte del infractor.
  3. Por amnistía o moratoria dispuesta por Ley.
  4. Por prescripción.

Sección 2 - Responsabilidad

Artículo 264. Sujetos infractores. Serán sujetos infractores las personas naturales o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes. Entre otros, serán sujetos infractores los siguientes:

  1. Los contribuyentes de los tributos.
  2. Los agentes de retención, agentes de percepción y obligados a repercutir.
  3. Los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales.

Artículo 265. Cómplice.

Se considerará cómplice de un ilícito tributario o infracción tributaria toda persona natural no incluida en el artículo anterior que participe directa e intencionalmente en la realización de un ilícito tributario o una infracción tributaria y cuya conducta influyera de manera determinante en el resultado. Influye de manera determinante aquel que toma parte en la ejecución de la infracción o presta al infractor una ayuda sin la cual no hubiera podido completarla.

Artículo 266. Opiniones profesionales.

No constituyen suministros de medios, apoyo ni participación en ilícitos tributarios, las opiniones, proyecciones, estudios o dictámenes de profesionales y técnicos, en los que se expresen interpretaciones de los textos legales y reglamentarios relativos a los tributos en ellos establecidos y a su aplicación financiera, contable, tributaria o legal en el marco del giro ordinario de los negocios de los contribuyentes. Tampoco se reputará como complicidad la elaboración de estudios sobre alternativas de tributación, siempre que dichos estudios se fundamenten en argumentos razonables sobre la aplicación e interpretación de la ley, los reglamentos y las normas internacionales de información financiera, aun cuando los mismos resulten en una disminución de la obligación tributaria. No se considerará como ilícito tributario la conducta que se derive de la aplicación de criterios de interpretación otorgada a las normas jurídicas tributarias, así como las normas financieras adoptadas por la República de Panamá, ni el refrendo de las declaraciones de impuestos u opiniones sobre estados financieros. De igual manera se establece que serán sancionados aquellos profesionales que sean reincidentes en las conductas en los dispuesto en los Artículos 18 y 19 de Código.

Artículo 267. Responsabilidad subjetiva. La responsabilidad por Ilícitos Tributarios es personal.

Los Ilícitos Tributarios se sancionarán cuando se realizan dolosamente, es decir con intención.

Las conductas culposas se sancionarán cuando por negligencia se omita el cumplimiento de deberes legalmente exigibles a los contribuyentes u obligados.

En el caso de las personas jurídicas, las mismas responderán por las infracciones que les sean imputables, mediante la aplicación de sanciones pecuniarias, que no serán concurrentes o extensivas, por la misma causa a las personas naturales que actúen por ellas en cualquier capacidad.

Artículo 268. Eximentes de responsabilidad. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por Ilícitos Tributarios en los siguientes supuestos: 1. Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario. 2. Cuando concurra, caso fortuito o fuerza mayor. 3. Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma. 4. Cuando se ha actuado bajo subordinación jerárquica, siempre que la orden no revista el carácter de una evidente infracción tributaria. 5. El error de hecho y de derecho excusable. 6. Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 7. Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha supuesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma, o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración competente. También se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando se haya determinado o valorado elementos del hecho generador o de la base imponible con fundamento técnico suficiente, aunque luego se considere que ha mediado error. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las posibles infracciones que puedan cometerse como consecuencia de la presentación incorrecta de las nuevas declaraciones autoliquidaciones o solicitudes.

Artículo 269. Principio de certeza y de seguridad jurídica de las infracciones. Cuando la Administración Tributaria haya tenido duplicidad de criterio en la aplicación de una norma, no podrá aplicar el nuevo criterio durante el periodo en el cual el criterio anterior estuvo vigente, excepto en los casos en que el nuevo criterio sea favorable al contribuyente.

Artículo 270. Regularización voluntaria de formas incorrectas. Los obligados tributarios o contribuyentes que voluntariamente, sin que medie ninguna actuación de la Administración Tributaria, regularicen su situación tributaria o subsanen las declaraciones, autoliquidaciones o determinaciones voluntarias, o solicitudes de beneficios fiscales o de devolución o compensación presentadas con anterioridad de forma incorrecta, no incurrirán en responsabilidad por las infracciones tributarias cometidas con ocasión de la presentación de aquéllas.

Artículo 271. Responsabilidad solidaria de sujetos intervinientes en la comisión de Ilícitos Tributarios. Los cómplices responderán del pago de las sanciones tributarias de conformidad con el grado de participación que se les pruebe y distribuida ésta entre el número de participantes.

Sección 3 - Sanciones

Artículo 272. Tipos de sanciones. Las sanciones aplicables serán: 671. Intereses Moratorios. 2. Multa, que podrá ser proporcional o una suma fija. 3. Comiso de los efectos materiales objeto de la infracción o utilizados para cometerla. 4. El cierre temporal del establecimiento donde se cometió la infracción, solamente en los casos establecidos en este Código, nunca por más de dos días y sólo si se es reincidente de la infracción. 5. Arresto, solamente en los casos de competencia de la esfera judiciaL es decir, por defraudación fiscal arriba de tres (300) cientos mil balboas. 6. Las multas o montos establecidos por sanciones no pagadas dentro del término de 48 horas serán remitidas inmediatamente a la jurisdicción coactiva, siempre que se trate de resoluciones ejecutoriadas. Los recargos aplicables por deudas tributarias serán considerados indemnización a favor del Tesoro Nacional por incumplir con los plazos de pago y no son una sanción. Las impugnaciones interpuestas se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 340 de este Código.

Artículo 273. Circunstancias agravantes. Las sanciones, si fuere procedente, se graduarán tomando en cuenta las siguientes circunstancias agravantes: 1. La reincidencia. Habrá reincidencia siempre que el sancionado por resolución firme cometiere una nueva infracción del mismo tipo dentro del plazo de veinticuatro meses contados a partir de la comisión de aquél. 2. La importancia del perjuicio fiscal cuantitativo causado intentado causar tesoro nacional. 3. Las actuaciones dolosas o culposas que se puedan determinar.

Artículo 274. Circunstancias atenuantes. Son circunstancias atenuantes: 1. El grado de instrucción o conocimiento y educación del infractor. 2. La conducta que el autor asuma en el esclarecimiento de los hechos. 3. La presentación de la declaración y pago de la deuda para regularizar la obligación tributaria. 4. El cumplimiento de los requisitos omitidos que puedan dar lugar a la imposición de la sanción. 5. Las demás circunstancias atenuantes que resulten de los procedimientos administrativos o judiciales, aunque no estén previstas expresamente por la Ley.

Artículo 275. Reducción de Sanciones. Cuando el infractor subsane, en forma espontánea, su incumplimiento sin que medie ninguna actuación de la Administración para obtener la reparación, no procederá sanción alguna. Cuando el infractor repare su incumplimiento después de la actuación de la Administración Tributaria, pero antes de la notificación del traslado de cargos, la sanción se rebajará en un 75%. Cuando, notificado el traslado de cargos y dentro del plazo establecido para impugnarlo, el infractor acepte los hechos planteados en ese traslado y subsane el incumplimiento, la sanción será rebajada en un 50%. En estos casos, el infractor deberá comunicar a la Administración Tributaria, los hechos aceptados y adjuntará las pruebas de pago o arreglo de pago de los tributos y sanciones que correspondan. Para los efectos de los párrafos anteriores, se entenderá como actuación de la Administración toda acción realizada y documentada, con la notificación al sujeto pasivo, 68conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al impuesto y período de que se trate.

Artículo 276. Graduación de las sanciones. Para la determinación de las sanciones se utilizará la sana crítica en cuanto a la proporcionalidad, capacidad económica y oportunidad de la pena, tomando en consideración las atenuantes o agravantes del infractor.

Sección 1 - Infracciones o contravenciones Materiales

Artículo 277. Infracciones o contravenciones materiales. Constituyen infracciones o contravenciones materiales las relacionadas con la omisión de tributos, solicitud y obtención de beneficios fiscales o devoluciones indebidas.

Artículo 278. Infracciones o contravenciones materiales por omisión o inexactitud. Constituyen infracciones o contravenciones tributarias materiales por omisión, inexactitud o por obtención o aplicación improcedente de devoluciones o beneficios fiscales: 1. Omitir o presentar tardíamente la presentación de declaraciones, autoliquidaciones o determinaciones voluntarias, necesarias para la liquidación de tributos. Esta infracción se configura cuando los obligados tributarios dejen de ingresar, dentro de los plazos legalmente establecidos, los montos tributarios que correspondan, por medio de la omisión de las declaraciones o autoliquidaciones a que estén obligados. La base de la sanción estará constituida por el importe determinado de oficio, más los intereses y el recargo aplicable 2. Presentar declaraciones o autoliquidaciones inexactas o determinaciones voluntarias inexactas, que sean necesarias para la liquidación de tributos. Esta infracción se configura cuando los obligados tributarios dejen de ingresar, dentro de los plazos legalmente establecidos, los montos tributarios por medio de la presentación de declaraciones o autoliquidaciones inexactas o determinaciones voluntarias inexactas tardías. Para estos fines, se entenderá por inexactitud: a. El empleo de datos, de los cuales se derive un menor impuesto o un saldo menor por pagar o un mayor saldo a favor del contribuyente o responsable. b. Las diferencias aritméticas que contengan las declaraciones presentadas por los obligados tributarios. Estas diferencias se presentan cuando al efectuar cualquier operación aritmética se apliquen tarifas distintas de las fijadas legalmente que impliquen valores de impuestos menores a los que debían corresponder. e. Tratándose de la declaración de retenciones o percepciones, la omisión de alguna o la totalidad de las retenciones o percepciones que debieron haberse efectuado, o las efectuadas y no declaradas, o las declaradas por un valor inferior al que corresponda. La base de la sanción será, para los literales precedentes, la diferencia entre el importe liquidado en la determinación de oficio y el importe autoliquidado o determinado voluntariamente en la declaración del obligado tributario o contribuyente: o la diferencia entre la cuantía que resulte de la adecuada liquidación del tributo y la que hubiera procedido de acuerdo con los datos declarados más los intereses y el recargo aplicable El agente de retención será solidariamente responsable con el obligado tributario o contribuyente, o beneficiario.

Artículo 279. Calificación de los ilícitos tributarios.

Las infracciones o contravenciones tributarias se calificarán en leves y graves, y además se establece la defraudación fiscal o evasión como un ilícito según lo dispuesto en este Código. Las contravenciones o infracciones son las violaciones de leyes o reglamentos, dictados por los órganos competentes, que establecen deberes formales. También se considerarán contravenciones o infracciones la realización de actos tendientes a obstaculizar las tareas de determinación y fiscalización de la Administración Tributaria. La evasión o defraudación fiscal, se reconoce como las formas o conductas adoptadas por un contribuyente para no pagar o disminuir sus impuestos violentando la ley con carácter doloso. Contraria será la planificación fiscal o economía de opción como la conducta que busca la formula legítima y autorizada para lograr el mismo efecto económico de otros negocios gravados, sin caer en el hecho impositivo de un determinado tributo, o sufriendo una carga menor que en el otro negocio, que nunca será una conducta sancionable.

Artículo 280. Infracciones o contravenciones leves.

Son aquellas infracciones que no suponen ocultación ni la utilización intencional de medios fraudulentos.

En estos casos la sanción implicará una multa que será equivalente entre el veinticinco y cincuenta por ciento del valor de los tributos dejados de pagar.

Artículo 281. Infracciones o contravenciones leves por concepto de Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (lTBMS).

Comete infracción leve por concepto de este impuesto, el contribuyente que se halle en alguno de los casos siguientes, previa comprobación de éstos: 1. El que documente irregularmente, ya sea con omisión del número de contribuyente como transmitente o adquiriente en el caso en que ambos sean contribuyentes del impuesto, ya sea con omisión de cualquier requisito legal, cuando la irregularidad no se traduzca en disminución del pago del impuesto. 2. El que utilice documentación o facturas en sus operaciones sin haberse registrado ante la Dirección General de Ingresos, cuando estuviere obligado a hacerlo. 3. El contribuyente que presente declaración tardía sin impuesto causado a pagar por razón del total de créditos a su favor. 4. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones formales que imponga la Dirección General de Ingresos de conformidad con el Parágrafo 13 del

Artículo 1057-V del Código Fiscal. La infracción establecida en el numeral 3 se sancionará con multa de diez balboas. Las infracciones se sancionarán con multas de cien balboas a quinientos balboas la primera vez, y con multas de quinientos balboas a cinco mil balboas en caso de reincidencia.

Artículo 282. Infracciones o contravenciones graves.

Se calificarán como graves aquellas infracciones que se hayan cometido mediante la ocultación de datos a la Administración Tributaria.

1. Se entenderá que existe ocultación de datos cuando se presenten declaraciones en las que se omitan operaciones, ingresos, rentas, productos o bienes que incidan de manera significativa en la determinación de la deuda tributaria, afectándola materialmente en más de un 20%. Por debajo de este porcentaje se entenderá que la infracción es leve.

2. Obtener devoluciones o aplicarse compensaciones de manera intencional e indebida. Esta infracción se contigura cuando el obligado tributario haya obtenido o aplicado intencionalmente la devolución o compensación de tributos sobre sumas inexistentes o por cuantías superiores a las que correspondan. La base de la sanción será la cantidad devuelta o compensada indebidamente.

3. El que no entregue a la Administración Tributaria, dentro del plazo señalado en el requerimiento legal de pago, las cantidades retenidas por concepto de impuestos. La base de la sanción será la cantidad que debió ser entregada. En estos casos la sanción implicará una multa que será de una a dos veces el valor de los tributos dejados de pagar.

Artículo 283. Defraudación Fiscal o Evasión. La evasión o defraudación fiscal, se reconoce como las formas o conductas adoptadas por un contribuyente para no pagar o disminuir sus impuestos violentando la ley con carácter doloso. La evasión fiscal o la defraudación será de naturaleza administrativa cuando el obligado tributario o contribuyente en cuestión, realiza cualquier acción u omisión dolosa con el fin de reducir, eliminar por completo o incluso demorar el cumplimiento y pago de cualquier tipo de obligación tributaria que será competencia de la Administración Tributaria cuando el supuesto monto defraudado este por debajo de trescientos mil balboas (8/.300,000.00) ya que dicho monto sea igualo por encima de esta cifra será competencia del Ministerio Público bajo la configuración del delito de Defraudación Fiscal Penal. Se calificarán como defraudación fiscal o evasión fiscal aquellos ilícitos tributarios en las que se hayan utilizado intencionalmente medios fraudulentos para no pagar o pagar menos en impuesto sobre la renta y todas sus modalidades, entendiéndose por tales: l. Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o los registros establecidos por la ley. 2. Se consideran anomalías sustanciales: a) El incumplimiento absoluto de la obligación de llevar la contabilidad o los libros o los registros establecidos por la ley; b) Llevar dolosamente contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la empresa; c) l,levar con falsedad los libros de contabilidad o los libros o registros establecidos por la ley. mediante la alteración de asientos. registros o importes siempre que resulte en una altcración significativa de su responsabilidad tributaria y de igual manera mantener o llevar facturación falsa de sus operaciones comerciales. d) El que destruya intencionalmente los registros contables obligatorios o los deje en estado de ilegibilidad. Cuando el ilícito tributario sea calificado como defraudación fiscal competencia de la Administración Tributaria, se impondrá una multa de una a tres veces el valor de los tributos dejados de pagar. En todos los casos anteriores y las demás causales dispuestas en el Código Fiscal en donde se determine que el monto posible a defraudar sea igualo superior a los trescientos mil balboas (8/300,000.00), la defraudación fiscal será considerada un delito común que será de competencia de la esfera judicial.

Artículo 284. Defraudación Fiscal en el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS). Comete defraudación fiscal por concepto de este impuesto el que se halla en alguno de los siguientes casos, previa comprobación de estos: 711. El que realice actos o convenciones, utilice formas manifiestamente impropias, o simule un acto jurídico que implique para sí o para otro, la omisión total o parcial del pago del impuesto. 2. El que omita documentar sus operaciones de transferencias gravadas cuando esté en la obligación legal de hacerlo y el que practique deducciones al impuesto sin que estén debidamente documentadas. 3. El que omita registros o registre falsamente sus operaciones contables referentes a este impuesto y los utilice en sus declaraciones ante la Administración Tributaria, con el fin de disminuir total o parcialmente el pago del impuesto. 4. El que realice la percepción o retención de este impuesto y no lo declare o entregue a la Administración Tributaria, en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la percepción o retención del impuesto. La defraudación fiscal de que tratan los numerales 1, 2 Y 3 de este artículo se sancionará con multa no menor de una ni mayor de tres veces la suma defraudada. En el caso del numeral 4 se sancionará con una multa no menor de dos veces el impuesto dejado de pagar.

Según los grados de participación o autoría, las sanciones se dividirán entre quienes resulten responsables.

En todos los casos anteriores en donde se determine que el monto posible a defraudar sea igualo superior a los trescientos (300) mil balboas, la defraudación fiscal será considerada un delito común que será de competencia de la esfera judicial.

Artículo 285. Incurre en defraudación fiscal en materia de Impuesto de Inmuebles el contribuyente que se encuentre en alguno de los casos siguientes, previa comprobación de estos:

  1. El que simule actos jurídicos que implique reducción del valor catastral u omisión parcial o total del pago del impuesto para sí o para otro.
  2. El que, para reducir el valor catastral u omitir total o parcialmente el pago del impuesto, para sí o para otro, realice el fraccionamiento de un bien inmueble sujeto al impuesto, dentro de los supuestos indicados en el Artículo 763-A de este Código.
  3. El que, para reducir el valor catastral u omitir total o parcialmente el pago del impuesto, para sí o para otro, realice falsas declaraciones de demoliciones totales o parciales.
  4. El que, para reducir el valor catastral u omitir total o parcialmente el pago del impuesto, para sí o para otro, realice actos o convenciones o utilice formas manifiestamente impropias, o simule un acto jurídico que implique el desvío de la norma y le permita beneficiarse de la congelación del Impuesto de Inmuebles y de cualquier otro beneficio o incentivo tributario no destinado originalmente para quien sea el propietario beneficiario del bien inmueble que finalmente esté disfrutando del tratamiento especial.
  5. El que participe como cómplice o encubridor para ayudar a efectuar algunas de las acciones u omisiones tipificadas en los numerales anteriores. La defraudación fiscal de que trata este artículo será sancionada por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas con multa uno a tres veces la suma defraudada.

En todos los casos anteriores y los demás dispuestos en el Código Fiscal y leyes especiales en donde se determine que el monto posible a defraudar sea igual o superior a los trescientos (300) mil balboas, la defraudación fiscal será considerada un delito común que será de competencia de la esfera judicial, de no superar dicho monto serán de conocimiento de la Dirección General de Ingresos.

Artículo 286.

Cualquier persona podrá denunciar ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, toda evasión, omisión, retención indebida, 72apropiación, defraudación de tributos y cualesquiera otras infracciones sancionadas o conductas de defraudación establecidas por el Código Fiscal y demás leyes tributarias, correspondiéndole al denunciante una recompensa equivalente al 25% de las sumas recaudadas como consecuencia directa de la denuncia. El denunciante deberá presentar la denuncia por escrito y proporcionar información suficiente que conduzca al descubrimiento del ilícito. La denuncia deberá versar sobre hechos () situaciones que desconozca la Administración Tributaria y el denunciante podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de esta. La Administración Tributaria contará con un plazo de treinta días para acoger o desestimar la denuncia. La recompensa establecida en este artículo será decretada por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de oficio o a solicitud de parte, una vez hayan ingresado al Tesoro Nacional los fondos recaudados como consecuencia directa de la denuncia. No serán gravablcs los ingresos recibidos por recompensa. Ningún funcionario o ex funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas tendrá derecho a la recompensa de que trata este artículo por denuncia basada en información obtenida en el ejercicio de sus funciones. El denunciante so pena de perder el derecho a la recompensa, y la Administración Tributaria deberán guardar reserva sobre la identidad del denunciado y demás hechos de la denuncia. Habrá lugar a indemnización de perjUicIO si quedara establecido, ante las autoridades judiciales competentes, que hubo temeridad o mala fe de parte del denunciante, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. De igual forma si se demuestra temeridad en el funcionario que inicia una investigación por defraudación fiscal el mismo será objeto de las sanciones correspondientes.

Artículo 287.

No habrá arresto por la comisión de infracciones o contravenciones tributarias. En el caso de las infracciones calificadas como graves, en las cuales se hayan aplicado al infractor sanciones pecuniarias, sin que estas hayan sido canceladas dentro de las48 horas siguientes a la fecha de su imposición, la Dirección General de Ingresos deberá remitir dichos expedientes a la jurisdicción coactiva, salvo existan recursos de impugnación pendientes de resolver. En el caso de las infracciones calificadas como defraudación fiscal. en las cuales se hayan aplicado al infractor sanciones pecuniarias, sin que estas hayan sido canceladas dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de su imposición, la Dirección General de Ingresos deberá remitir dichos expedientes a la jurisdicción coactiva, salvo existan recursos de impugnación pendientes de resolver.

Sección 2 - Infracciones o contravenciones Formales

Artículo 288. Tipos de infracciones o contravenciones formales.

Las infracciones formales se originan por el incumplimiento de las obligaciones formales siguientes:

  1. Inscribirse en los registros y actualizar la información registrada.
  2. Emitir facturas en sus distintas modalidades exigidas por la Ley.
  3. Llevar en debida forma los libros y registros contables.
  4. Presentar declaraciones e informaciones dentro de los plazos correspondientes.
  5. Informar y comparecer ante la Dirección General de Ingresos cuando sea requerido.

Artículo 289. Infracciones o contravenciones formales relacionadas con la obligación de inscribirse en el registro único de contribuyentes.

Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de inscribirse en los registros de la Administración Tributaria: l. No inscribirse en los registros 2. Proporcionar la información relativa a los antecedentes o datos para la inscripción o actualización en los registros, en forma parcial, insuficiente o errónea. 3. No actualizar los datos en los registros, dentro de los plazos establecidos. La infracción prevista en este artículo será considerada leve y será sancionada con una multa de cien (B/.100.00) a quinientos balboas (B/ 500.00). El incumplimiento de la obligación de notificar los cambios del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C), no causará la nulidad de las diligencias de notificación realizadas al último domicilio fiscal informado por el contribuyente, apoderado legal, mandatario o persona responsable.

Artículo 290. Infracciones o contravenciones formales relacionadas con la obligación de emitir y exigir o conservar comprobantes por incumplimientos la primera vez y por reincidencia.

Las infracciones formales relacionadas con la obligación de emitir y eXlglr o conservar comprobantes se clasificarán en leves y graves, según lo dispuesto en este

Artículo. 1. Constituyen infracciones formales leves relacionadas con la obligación de emitir y exigir comprobantes, por primera vez: a) Emitir las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos sustitutivos sin que reúnan los requisitos y características exigidos por las normas tributarias, incluyendo la expedición de comprobantes por medios mecánicos parcial o totalmente ilegibles o mediante máquinas registradoras, facturas electrónicas o impresoras fiscales que no reúnan los requisitos exigidos por la Dirección General de Ingresos. b) No conservar las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos sustitutivos emitidos por el contribuyente durante el período requerido por la Ley. La sanción consistirá en multa de quinientos (BI. 500.00) a mil balboas (B/. 1,000.00). 2. Constituyen infracciones o contravenciones formales graves relacionadas con la obligación de emitir y exigir comprobantes, por reincidencia: a) Emitir las facturas fiscales o recibos. comprobantes o documentos sustitutivos sin que reúnan los requisitos y características exigidos por las normas tributarias, incluyendo la expedición de comprobantes por medios mecánicos parcial o totalmente ilegibles o mediante máquinas registradoras, facturas electrónicas o impresoras fiscales que no reúnan los requisitos exigidos por la Dirección General de Ingresos. b) No conservar las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos sustitutivos emitidos por el contribuyente durante el período requerido por la Ley. La sanción consistirá en multa de mil (B/.l ,000.00) a cinco mil balboas (B/.5,000.00) y el cierre temporal del establecimiento de conformidad con el Artículo 271 de este Código, la primera reincidencia. En caso de segunda reincidencia la multa será de cinco mil (B/.5,000.00) a diez mil balboas (B/.l 0,000.00) y el cierre temporal del establecimiento de conformidad con el Artículo 271 de este Código. En ambos casos, la reincidencia se determinará por la repetición de la conducta en un período de veinticuatros meses contados a partir de la primera sanción.

Artículo 291. Infracciones o contravenciones formales relacionadas con la obligación de llevar libros y registros contables y tributarios.

Constituyen infracciones formales relacionadas con la obligación de llevar libros y registros contables y tributarios, incluyendo los de carácter electrónico: 1. No llevar los libros o registros contables exigidos por las leyes. La sanción consistirá en multa de mil (B/. 1,000.00) a cinco mil balboas (B/. 5,000.(0), la primera vez. En caso de reincidencia la multa será de cinco mil (B/. 5,000.(0) a diez mil balboas (B/. 10,000.(0) y el cierre temporal del establecimiento según lo dispuesto en el Artículo 271 de este Código. 2. No llevar los libros o registros contables en la forma y condiciones establecidas por las normas corrcspondientes. La sanción consistirá en multa de quinientos (B/. 500.(0) a mil (8/.1,000.00) balboas, la primera vez. En caso de reincidencia la multa será de mil (B/.1 ,000.00) a dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00). 3. No exhibir los libros, registros u otros documentos cuando la Administración Tributaria lo solicite. La sanción consistirá en multa de cien (B/.100.00) a quinientos balboas (B/.500.00), la primera vez. En caso de reincidencia la multa será de quinientos (B/.500.00) a mil balboas (B/.l,OOO.OO). 4. Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes la contabilidad u otros registros exigidos por las disposiciones legales. La sanción consistirá en multa de quinientos balboas (B/. 500.(0) por mes.

Artículo 292. Infracciones o contravenciones formales relacionadas con la obligación de declarar.

Constituyen infracciones formales relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones: 1. No presentar declaraciones o comunicaciones, o presentarlas tardíamente. La sanción consistirá en multa de cien balboas (B/. 100.00) para las personas naturales y de quinientos balboas (B/.500.00) para las personas jurídicas. 2. Presentar declaración rectiticativa con posterioridad al plazo establecido en el

Artículo 193, cuando la ley disponga la posibilidad de presentar una rectificativa tardía. La sanción consistirá en multa de cien balboas (B/.100.00) en el caso de las personas naturales y de quinientos balboas (B/.500.00) en el caso de las personas jurídicas.

Artículo 293. Desacato.

Se considerarán como desacato a las órdenes de la Dirección General de Ingresos: 1. La reapertura de un establecimiento con violación de un cierre temporal impuesto por la Dirección General de Ingresos, y que no haya sido suspendido o revocado por orden administrativa o judicial. 2. La destrucción o alteración de los sellos, precintos o cerraduras colocados por la Administración Tributaria, o la realización de cualquier otra operación destinada a desvirtuar la colocación de sellos, precintos o cerraduras, que no haya sido suspendida o revocada por orden administrativa o judicial. 3. También incurre en desacato, el funcionario que incumpla las órdenes de los jueces y magistrados de la Jurisdicción Administrativa Tributaria. La sanción consistirá en multa de mil balboas (B/1 ,000.00) diarios, hasta tanto se acate la orden administrativa. En el caso de los funcionarios públicos, esta sanción es sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria de la institución respectiva. Las personas naturales que sean citadas ante los distintos despachos de la Dirección General de Ingresos y no asistan sin causa justificada, serán sancionados con multa de cincuenta balboas (B/. 50.00) diarios. Esta misma multa será aplicada aquellos profesionales por los incumplimientos dispuestos en los Artículos 18 y 19 de este código.

Sección 3 - Procedimiento de Determinación y Aplicación de Sanciones

Artículo 294. Procedimiento sancionatorio.

Las sanciones por infracción material relacionadas con la determinación de las obligaciones tributarias se impondrán en los procedimientos de determinación de tributos cuando procedan, en cuyo caso la sanción no será ejecutada hasta que se agote la vía administrativa. En los demás casos, se aplicarán mediante resoluciones independientes a través del procedimiento regulado en el

Artículo 293. Se reconoce la aplicación de sanciones automáticas cuando estas correspondan al incumplimiento de plazos exigidos por ley, sin perjuicios del procedimiento de solicitud de corrección al que tenga derecho el obligado tributario o contribuyente.

Artículo 295. Procedimiento para la aplicación de sanciones por infracciones administrativas tributarias. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo anterior, la imposición de las sanciones se hará directamente mediante resolución administrativa. Contra dicha resolución el obligado tributario podrá ejercer su derecho de defensa mediante la interposición de los recursos a que se refiere el Título VI de este Código, con suspensión de la ejecución de la sanción hasta que se agote todos los recursos a los que el contribuyente tiene derecho. El Director General de Ingresos, los jueces tributarios y los magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, quedarán facultados para reducir hasta en un veinticinco por ciento las sanciones aplicables a los contribuyentes, obligado o a las personas naturales o jurídicas que resulten sancionadas cuando se trate de las siguientes circunstancias: l. Sean micro, pequeñas o medianas empresas (pymes) tomando en consideración el volumen de sus operaciones y el impacto de la sanción. 2. Sea un infractor primario y 3. No se trate de infracciones graves o defraudación fiscal.

Artículo 296. Procedimientos para sancionar.

El funcionario competente deberá incluir dentro del expediente en trámite, la resolución que pone fin al proceso; o bien, emitir una resolución motivada cuando se trate de acciones u omisiones que por sí mismas constituyan infracciones autónomas tributarias. Las resoluciones deberán contener los informes o las actas de inspección o fiscalización en donde se consignen las circunstancias que dan lugar a la infracción que se imputa. Esta resolución admite recurso de reconsideración ante el juzgado tributario respectivo, y de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario.

Título VI - Procedimientos de Revisión de Actos Tributarios

Artículo 297. Nulidad de pleno derecho.

Incurren en vicios de nulidad absoluta y podrán ser declarados nulos de pleno derecho, los actos dictados por la Administración Tributaria y el Tribunal Administrativo Tributario, aun cuando hayan quedado firmes en la vía administrativa, en los siguientes supuestos:

  1. Cuando contravengan la Constitución o las Leyes.
  2. Cuando hubieren sido dictados con prescindencia del procedimiento legalmente establecido y siempre que impliquen violación del debido proceso legal.
  3. Cuando hubieren sido dictados por autoridades que carezcan de competencia.
  4. Cuando se grave, condene o sancione por un tributo nacional, un cargo o una causa distintos de aquéllas que fueron formulados al interesado en primera instancia.
  5. Cuando su contenido sea imposible o sea constitutivo de delito.
  6. Cuando resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo por los que se adquieren facultades o derechos contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no cumplan con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

La nulidad podrá ser declarada de oficio o solicitada por el obligado tributario o contribuyente, dentro de un plazo no mayor a un año de acuerdo al procedimiento legalmente establecido y tendrán derecho a la interposición de los recursos reconocidos en este Código.

Artículo 298. Rectificación de errores.

La Administración Tributaria rectificará en cualquier momento los errores materiales, aritméticos o de hecho, siempre que no hubiere caducidad o pérdida de competencia por la prescripción. La rectificación podrá adoptarse de oficio o a instancia del interesado; en este último caso si la petición de rectificación es desestimada podrá ser impugnada mediante el procedimiento a que se refiere el Artículo 174 de este Código.

Artículo 299. Revocación. La Administración Tributaria podrá, excepcionalmente, revocar sus propios actos en los que reconozcan o declaren derechos a favor de los obligados tributarios en los siguientes casos:

  1. Cuando infringe manifiestamente la ley.
  2. Cuando el acto fuese emitido sin competencia para ello.
  3. Cuando el beneficiario del acto haya hecho declaraciones o aportado pruebas falsas para obtener un beneficio.
  4. Cuando el beneficiario del acto, consienta su revocatoria.
  5. Cuando se compruebe que el acto ha sido emitido con error de cálculo, error aritmético o inexistencia de una norma jurídica que sustente el otorgamiento del derecho o beneficio.
  6. Cuando determine que se han presentado circunstancias posteriores a su emisión que demuestran su improcedencia.
  7. Cuando así lo disponga una norma especial.

El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en tanto no haya transcurrido el periodo de prescripción.

Los efectos de la revocación dependerán de la naturaleza de cada caso.

La facultad de modificar o revocar de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal.

En contra de la decisión de modificación o revocatoria de oficio de un acto administrativo, los interesados pueden interponer los recursos que concede este Código.

El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en tanto no se haya trascurrido el período de prescripción y aun cuando el acto se encuentre impugnado ante los Tribunales Administrativos o Judiciales, debiendo darse audiencia a los interesados.

Artículo 300. Declaración de lesividad.

Salvo las excepciones establecidas en el Artículo 310, cuando un acto administrativo, expreso o ficticio haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreta, o reconocido un derecho a favor de un obligado tributario y sea lesivo al interés público, la Administración Tributaria autora de dicho acto no podrá revisarlo de oficio por sí misma; y deberá demandar su anulación ante la máxima autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo de manera previa declararlo lesivo al interés público. La declaración de lesividad no podrá dictarse una vez transcurrido el periodo de prescripción y deberá darse audiencia previamente a los interesados para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.

Sección 1 - la Disposiciones Generales

Artículo 301. Ejecutoriedad del acto administrativo tributario.

Toda resolución u otro acto administrativo que ponga fin a un proceso y contra la cual no se haya interpuesto recurso alguno o habiendo sido interpuesto, esto hayan sido resueltos, quedará firme y ejecutoriada.

Las resoluciones y demás actos administrativos deberán ser ejecutados por el funcionario que las dictó.

Artículo 302.Clases de recursos.

Los actos administrativos de naturaleza tributaria y, en particular, las resoluciones que determinen tributos, las de gestión recaudatoria, las que impongan sanciones o las que nieguen el reintegro, o devolución o compensación de tributos, podrán revisarse a través de los recursos administrativos.

Los actos y resoluciones señalados en el párrafo precedente, podrán impugnarse solamente mediante:

  1. El recurso de reconsideración ante el Juez Tributario.
  2. El recurso de apelación ante el pleno del Tribunal Administrativo Tributario.

Los recursos administrativos se ejercerán por una sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca simultáneamente. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter. En este tipo de procedimiento no cabe ningún otro recurso en la vía administrativa que no esté establecido en este artículo, además con la debida interposición de los mismos se agotará la vía gubernativa. En este procedimiento especial tributario no cabe el recurso de revisión administrativa.

Artículo 303. Admisibilidad de recursos.

Los recursos serán admisibles siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

  1. Ser presentados mediante poder otorgado a un abogado debidamente identificado con el correspondiente número del certificado de idoneidad. También podrán presentar recursos los abogados que actúen como gestores oficiosos, cuyas actuaciones deberán ser ratificadas por los obligados o afectados en un término no mayor de tres meses contados a partir de la interposición del recurso.
  2. Ser interpuestos formalmente ante el juez tributario competente el cual deberá solicitar el expediente al despacho correspondiente. Cuando el departamento competente no tenga el expediente en su despacho, deberá solicitarlo al despacho en que se encuentre radicado. El término para la remisión del expediente será de diez días hábiles, de incumplirse con dicho término se aplicaran las sanciones correspondientes.
  3. Deberá contener lo siguiente:

a. Identificación del o los recurrente (s), incluyendo su domicilio, residencia, oficina o local.

b. La pretensión o solicitud. c. Relación de los hechos fundamentales en que se basa la pretensión o solicitud. d. Las pruebas que se acompañan o aducen. e. Fundamento de derecho. f. Lugar, fecha y firma. Si el escrito adolece de algún error u omisión subsanable o el interesado ha omitido algún documento exigido por la ley o los reglamentos, el juez tributario competente deberá ordenar su corrección en un término no mayor de diez días hábiles. La existencia y representación legal de las personas jurídicas será verificada mediante el uso del sistema de consulta de información del Registro Público, por parte del juez tributario que admite el recurso, quién imprimirá una copia de la información registral y la adjuntará al expediente, sin perjuicio de que sea exigible la presentación de un certificado en papel del Registro Público de Panamá. Los recursos serán admisibles siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 1. Ser presentados mediante poder otorgado a un abogado debidamente identificado con el correspondiente número del certificado de idoneidad. También podrán presentar recursos los abogados que actúen como gestores oficiosos, cuyas actuaciones deberán ser ratificadas por los obligados o afectados en un término no mayor de tres meses contados a partir de la interposición del recurso. 2. Ser interpuestos formalmente ante la autoridad competente ante la cual se solicita o radica el escrito, que estará obligada a recibirlo. Cuando la autoridad competente no tenga el expediente en su despacho, deberá solicitarlo al despacho en que se encuentre radicado. El término para la remisión del expediente será de diez días hábiles. 3. Deberá contener lo siguiente:

  1. Identificación del o los recurrente (s), incluyendo su domicilio, residencia, oficina o local.
  2. La pretensión o solicitud.
  3. Relación de los hechos fundamentales en que se basa la pretensión o solicitud.
  4. Las pruebas que se acompañan o aducen.
  5. Fundamento de derecho.
  6. Lugar, fecha y firma. Si el escrito adolece de algún error u omisión subsanable o el interesado ha omitido algún documento exigido por la ley o los reglamentos, el funcionario competente deberá ordenar su corrección en un término no mayor de diez días hábiles.

La existencia y representación legal de las personas jurídicas será verificada mediante el uso del sistema de consulta de información del Registro Público, por parte del funcionario que admite el recurso o la actuación de que se trate, quién imprimirá una copia de la información registral y la adjuntará al expediente, sin que sea exigible la presentación de un certificado en papel del Registro Público de Panamá.

Artículo 304. Admisión de pruebas.

El juez que conoce la causa deberá admitir o rechazar; y ordenar, de ser procedente, el plazo para la práctica de las pruebas. La prueba obtenida con inobservancia de las formas y condiciones establecidas en la Ley o que implique violación de derechos y garantías del imputado previstos en la Constitución Política o los tratados internacionales ratificados por la República de Panamá, no tendrá valor ni servirá como presupuesto para fundamentar una investigación o una decisión administrativa tributaria. 79El acto administrativo mediante el cual se niegue la admisión de pruebas es apelable en efecto devolutivo ante el Tribunal Administrativo Tributario. El término para la sustentación de este recurso es de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente en que dicho acto fue notificado. El expediente deberá ser remitido dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la interposición de la apelación y resuelto en un plazo no mayor de quince días por el Tribunal Administrativo Tributario. La resolución del Tribunal Administrativo Tributario que niegue la admisión de las pruebas no será recurrible ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. El incumplimiento en el término por parte del juez tributario para remitir el expediente al Tribunal Administrativo Tributario será considerado desacato.

Artículo 305. Acceso a las pruebas En todos los procesos las pruebas aducidas por las partes deberán ser reveladas.

El contribuyente podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos cualquier otra evidencia que obre en su poder, y ésta deberá descubrir, exhibir o entregar copia al contribuyente dentro de los cinco días siguientes a la petición.

Artículo 306. Práctica de las pruebas.

El plazo para practicar las pruebas no podrá ser inferior a diez días hábiles ni superior a treinta días hábiles, contados a partir de la interposición del recurso de reconsideración a que se refiere el numeral 1 del Artículo 299.

Tratándose de las resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia y controversias en materia de tributación internacional, el plazo para practicar las pruebas no podrá ser inferior a diez días hábiles ni superior a cuarenta y cinco días hábiles. En el caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes y cierre temporal de establecimiento, así como las resoluciones que las sustituyan, el plazo para aducir y practicar las pruebas será de tres días hábiles. La autoridad encargada de resolver podrá, en cualquier estado del procedimiento, ordenar de oficio las pruebas que juzgue necesarias para el mejor esclarecimiento de la cuestión a resolver.

Artículo 307. Presentación de los informes periciales.

El secretario del juez tributario o el secretario de trámites del Tribunal Administrativo Tributario será el encargado de fijar la fecha para la presentación de los informes periciales, si hubieren. El día de entrega del informe pericial los peritos podrán ser interrogados por las partes y por el funcionario competente o acogerse al término para que el interrogatorio se realice al tercer día hábil siguiente.

Artículo 308. De las audiencias.

Concluida la fase probatoria se fijará la fecha de celebración de la audiencia siempre que haya sido solicitada por alguna de las partes o cuando así lo considerare necesario el funcionario competente, ya sea en primera instancia o en segunda instancia. Una vez notificada a las partes no será suspendida por ningún motivo, salvo cuando se trate de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas. En los siguientes casos no se convocará audiencia: l. Cuando se trate de multas o sanciones cuya cuantía no supere la suma de mil balboas. 2. Cuando la cuantía de los tributos dejados de pagar no supere los veinticinco mil balboas.

Artículo 309. Desarrollo de la audiencia. Durante la audiencia las partes expondrán oralmente su caso, en alegatos no mayores de una hora cada uno. Cuando la complejidad o la cuantía del caso lo ameriten, el juez o magistrado podrá conceder, a petición de parte o por iniciativa propia, una extensión del periodo de exposición oral de máximo una hora adicional.

Durante este plazo el juez o los magistrados podrán formular preguntas o pedir aclaraciones a los apoderados sobre puntos concretos.

Concluido el alegato, el juez o el magistrado podrá decretar la práctica de prueba de oficio, resolver en el acto o acogerse a un término de quince días hábiles.

La audiencia antes mencionada será grabada por medios electrónicos o digitales. En caso de que se recurra ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se enviará copia reproducible de la audiencia conjuntamente con el expediente.

Artículo 310. Suspensión de la audiencia.

El juzgado tributario o el Tribunal Administrativo Tributario podrán suspender la celebración de la audiencia por motivos propios del mismo, señalando nueva fecha.

Artículo 311. Alegatos finales.

En los casos en que no se hubiese celebrado audiencia, las partes podrán presentar alegatos por escrito dentro del plazo común de cinco días hábiles, una vez vencido el término probatorio.

Artículo 312. Decisiones.

Las decisiones del Tribunal Administrativo Tributario se adoptarán por mayoría y se notificarán a los interesados en la forma establecida en este Código.

Artículo 313. De las resoluciones.

El Juez o el Tribunal encargado de resolver no pueden abstenerse de dictar resolución por deficiencia de la ley.

Las resoluciones de los recursos deberán ser debidamente motivadas por el Juez o Tribunal que resuelva la controversia y deberán pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por el recurrente y las que se susciten en el expediente, así como de las pruebas aportadas.

Las resoluciones deberán pronunciarse sobre lo pedido y probado en la causa.

Artículo 314. Desistimiento del recurso.

Siempre que el recurrente desista de su pretensión durante la tramitación de cualquiera de las instancias, el juez o magistrado competente para resolverlo admitirá el desistimiento, a menos que el Estado tenga interés en su continuación.

Sección 2 - De la Jurisdicción Administrativa Tributaria

Artículo 315. Organización.

La jurisdicción administrativa tributaria estará conformada por: 1. Juzgados Administrativos Tributarios unipersonales de primera instancia, adscritos al Ministerio de Economía y Finanzas, a los que corresponderá resolver los recursos de reconsideración contra las resoluciones administrativas. 2. El Tribunal Administrativo Tributario, que es un organismo colegiado de segunda instancia, independiente en su organización, funcionamiento y competencia, especializado e imparcial con jurisdicción en toda la República, a quien corresponderá conocer los recursos de apelación.

Artículo 316. Competencias del juez administrativo tributario.

Los juzgados administrativos tributarios resolverán, los recursos de reconsideración que se interpongan contra los actos administrativos dictados por la Dirección General de Ingresos. La competencia se distribuirá en función del ámbito territorial, de la siguiente manera:

  1. Cinco juzgados para las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colon, Darién y la Comarca Guna Yala, con sede en la ciudad de Panamá.
  2. Un juzgado para las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos con sede en la ciudad de Aguadulce.
  3. Un juzgado para las provincias de Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Bugle con sede en la ciudad de David.

La competencia de los órganos de resolución de reclamaciones a que se refiere el artículo anterior no puede ser extendida ni delegada a otras entidades. El Ministerio de Economía y Finanzas, previo concepto de la Dirección General de Ingresos, mediante resolución motivada podrá incrementar el número de juzgados administrativos tributarios atendiendo el volumen de casos que se presenten en las circunscripciones territoriales descritas. En todos aquellos casos en que existan más de un juzgado sobre una misma jurisdicción, la competencia de los recursos interpuestos se otorgará por el sistema de juzgados de turno, cuyo procedimiento deberá ser reglamentado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 317. Requisitos para ser Juez Tributario.

Para ser Juez Tributario, principal o suplente se requiere:

  1. Ser panameño o panameña.
  2. Haber cumplido treinta años de edad.
  3. Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
  4. Haber completado un periodo de cinco años, durante el cual haya ejercido la profesión de abogado en la rama del derecho tributario.
  5. No haber sido condenado por delito doloso o por faltas al Código de Ética Profesional del Abogado.
  6. No hallarse vinculado por parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con otro de los Jueces ni de los Magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, con las autoridades superiores de la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Economía y Finanzas o con los miembros del Consejo de Gabinete.

Artículo 318. Designación de los Jueces Administrativos Tributarios.

Las vacantes de juez administrativo tributario, juez suplente y secretario serán cubiertas mediante el método de concurso por oposición, proceso que será convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El juez administrativo tributario designará al personal de apoyo con sujeción a lo establecido en el numeral sexto del artículo anterior. Tanto la estructura administrativa como el proceso seleccionador serán reglamentados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez designados, los jueces administrativos tributarios, sus suplentes y los secretarios deberán cumplir anualmente un programa de educación continua, que será reglamentado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Solo podrán ser nombrados jueces suplentes funcionarios de la Dirección General de Ingresos, sin perjuicio de que estos puedan concursar para juez principal. La convocatoria para los cargos de jueces administrativos tributarios deberá realizarse antes de la entrada en vigor de este Código de Procedimiento Tributario.

Artículo 319. Causales de remoción.

Los jueces y secretarios de los juzgados administrativos tributarios serán designados por un término indefinido y sólo podrán ser suspendidos, separados o destituidos del cargo por el Ministro de Economía y Finanzas en los siguientes casos:

  1. Incumplimiento de sus deberes y obligaciones contenidos en la Ley.
  2. Morosidad o negligencia en el cumplimiento de sus deberes.
  3. Incapacidad física o mental.
  4. Ignorancia inexcusable.

Para los propósitos del presente artículo se entenderá por morosidad, la falta de resolución de los asuntos que le corresponde conocer dentro de los términos establecidos, por causas atribuibles a ellos. Se entenderá por negligencia el incurrir en mora por más de dos veces en un periodo de un año.

Artículo 320. Incompatibilidades.

Los Jueces Tributarios desempeñarán sus cargos a tiempo completo y a dedicación exclusiva, estando prohibido el ejercicio de la profesión de abogado, por sí mismos o por interpuestas personas, el ejercicio de actividades políticas salvo el derecho al sufragio o intervenir en actividades mercantiles directa o indirectamente, así como tampoco podrán ejercer negocios ante el Estado, ni cargos retribuidos, salvo el ejercicio de la enseñanza en establecimientos educativos.

Artículo 321. Apelación directa.

El contribuyente podrá optar por renunciar al recurso de reconsideración ante el Juez Tributario; y apelar su causa directamente ante el Tribunal Administrativo Tributario, sin que ello afecte su derecho a recurrir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se ejerza la opción de apelación directa ante el Tribunal Administrativo Tributario, se aplicarán las normas sobre pruebas correspondientes a la primera instancia.

Artículo 322. El Tribunal Administrativo Tributario.

El Tribunal Administrativo Tributario se instituye con el objetivo de garantizar los derechos de los contribuyentes y la igualdad de las partes en la relación fisco contribuyente. El Tribunal tendrá jurisdicción nacional, como organismo autónomo, independiente, imparcial y especializado, de segunda instancia, para conocer los recursos de apelación contra actos emanados de la Dirección General de Ingresos y los jueces administrativos tributarios del Ministerio de Economía y Finanzas. El Tribunal Administrativo Tributario también conocerá en única instancia administrativa, las tercerías, excepciones e incidentes que se interpongan con motivo del proceso ejecutivo de cobro coactivo cursado ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 323. Competencias del Tribunal Administrativo Tributario.

El Tribunal Administrativo Tributario tendrá las siguientes competencias: 1. Conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las resoluciones de los juzgados administrativos tributarios, que resuelven reclamaciones de tributos nacionales, a excepción de los aduaneros; así como cualquier otro acto 83administrativo que tenga relación directa con la determinación de tributos bajo competencia de la Dirección General de Ingresos en forma cierta o presuntiva y resolver en grado de apelación las solicitudes de devoluciones de tributos nacionales, con excepción de los aduaneros. 2. Conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación en contra de decisiones de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria. 3. Conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación contra los actos administrativos dictados por los juzgados administrativos tributarios que afecten los derechos de los contribuyentes y de los responsables. 4. Conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación que se presenten contra las decisiones que resuelvan los incidentes presentados ante los juzgados administrativos tributarios o los jueces ejecutores con motivo de la infracción de los procedimientos establecidos en este Código o en otras leyes tributarias. 5. Conocer y resolver en única instancia administrativa, las tercerías, excepciones e incidentes que se interpongan con motivo del procedimiento especial de cobro ejecutivo cursado ante los jueces ejecutores de la Dirección General de Ingresos. 6. Conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación contra las resoluciones que formulen cargos o sanciones por infracciones tributarias dictadas por tributos bajo la administración de la Dirección General de Ingresos. 7. Conocer y resolver en única instancia administrativa los reclamos por vulneración de derechos del contribuyente u obligado. 8. Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la adopción de las normas que juzgue necesarias para suplir las deficiencias en la legislación tributaria. 9. Brindar o gestionar capacitación en materia tributaria para los servidores públicos vinculados a los asuntos tributarios y a la ciudadanía en general en la modalidad de educación informal. 10. Compendiar las decisiones que emita en materia de sus competencias. 11. Decidir previa evaluación si corresponde que la Dirección General de Ingresos deba remitir al Ministerio Público las denuncias por defraudación fiscal. 12. Conocer en segunda instancia de todas las solicitudes que se hayan elevado a la Dirección General de Ingresos y al no resolverse por esta entidad en el plazo establecido, se consideran rechazadas al solicitante bajo el silencio administrativo negativo. Las decisiones que dicte el Tribunal Administrativo Tributario agotan la vía gubernativa, salvo los procesos por cobro coactivo donde actuaran como única instancia. El contribuyente podrá recurrir a la vía contencioso-administrativa en la forma prevista en la Ley.

Artículo 324. Integración del Tribunal Administrativo Tributario y designación de sus miembros.

El Tribunal queda integrado por tres Magistrados, de los cuales dos deben ser abogados y uno, Contador Público Autorizado, con sus respectivos suplentes, que serán nombrados por el Presidente de la República, con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo. Los magistrados podrán ser reelectos en sus cargos El personal del Tribunal será nombrado en Sala de Acuerdo, de conformidad a la estructura técnica y administrativa para realizar sus funciones.

Artículo 325. Requisitos para ser miembro del Tribunal Administrativo Tributario.

Para ser magistrado principal o magistrado suplente del Tribunal se requiere: 1. Ser panameño o panameña. 2. Iraber cumplido treinta y cinco años de edad. 3. Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 4. Tener certificado de idoneidad para ejercer la abogacía o la contabilidad, respectivamente, expedido por las instancias correspondientes. 5. Haber completado un periodo de diez años, durante el cual haya ejercido la profesión de abogado y cinco años en la rama del derecho tributario, en el caso de los Magistrados Abogados. 846. Haber completado un periodo de diez años, durante el cual haya ejercido la profesión de Contador Público Autorizado y cinco años en materia tributaria, en el caso del Magistrado que es Contador Público Autorizado. Los Magistrados no deberán hallarse vinculados por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con otro de los Magistrados del Tribunal, con las autoridades superiores de la Dirección General de Ingresos o con los miembros del Consejo de Gabinete. El procedimiento y metodología de selección de los miembros del Tribunal Administrativo Tributario será reglamentado por el Órgano Ejecutivo. Solo podrán ser nombrados magistrados suplentes los funcionarios del Tribunal Administrativo Tributario.

Artículo 326. Impedimentos. No podrán ser Magistrados del Tribunal: 1. Quienes estén ejerciendo o hayan ejercido el cargo de Director o Subdirector General de Ingresos durante los dos (2) años anteriores a la fecha de designación de los Magistrados. 2. Quienes hayan ejercido o estén ejerciendo el cargo de Diputado de la República o Suplente de Diputado durante el período constitucional en curso. 3. Quienes estén ejerciendo o hayan ejercido el cargo de Ministro o Viceministro de Estado durante el período constitucional en curso. 4. Quienes hayan sido condenados por delitos culposos contra el patrimonio económico, contra la Administración Pública, contra la fe pública o contra la Administración de Justicia; o por defraudación fiscal. 5. Quienes hayan sido sancionado por faltas al Código de Ética Profesional del Abogado o del Contador Público Autorizado respectivamente. En el evento que un Magistrado suplente sea designado Director o Subdirector General de Ingresos y acepte dicho cargo, inmediatamente se considerará vacante el cargo de Magistrado.

Artículo 327. Nombramiento y período.

Los miembros del Tribunal Administrativo Tributario serán nombrados para un periodo de cinco años y podrán reelegirse en el cargo, previo cumplimiento de las formalidades establecidas.

Artículo 328. Causales de suspensión o destitución.

Los Magistrados del Tribunal solo podrán ser suspendidos, separados o destituidos del cargo por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por las mismas causales establecidas en los

Capítulos V y VII del Título XII del Libro 1 del Código Judicial y siguiendo el mismo procedimiento previsto en el Capítulo IX del Título XII del Libro 1 del mismo Código. También les son aplicables los Artículos 205, 210, 211, 213 y 216 de la Constitución Política.

Artículo 329. Incompatibilidades.

Los Magistrados del Tribunal desempeñarán sus cargos a tiempo completo y a dedicación exclusiva y gozarán de los mismos derechos, emolumentos y prerrogativas reconocidos a los Magistrados de los Tribunales Superiores del Órgano Judicial. Estos cargos son incompatibles con toda participación en la política, salvo la emisión del voto en las elecciones, con el ejercicio de la abogacía, de la contabilidad o del comercio y con cualquier otro cargo retribuido de manera directa o indirecta, excepto para el de enseñanza en centros educativos y de educación continua. Los Magistrados suplentes en el desempeño de la magistratura tendrán la misma remuneración reconocida a los Magistrados principales durante el tiempo que ejerzan el cargo. 85Los desempeí'ios temporales serán remunerados proporcionalmente a los días trabajados.

En los casos de impedimento y recusaciones, los suplentes que remplacen a los Magistrados principales no devengarán sueldos, pero gozarán de los honorarios reconocidos a los Magistrados suplentes del Órgano Judicial.

Artículo 330. Elección de dignatarios del Tribunal.

Cada año, en el mes de marzo, el Tribunal elegirá, por mayoría de votos en Sala de

Acuerdos, un Presidente, un Vicepresidente y un Vocal. La Junta Directiva así electa

iniciará funciones el día 15 del mes de marzo o el primer día hábil siguiente.

El Presidente tendrá, además de las atribuciones que le señale esta Ley, las de presidir el

Pleno y representar legalmente a la entidad.

En las ausencias temporales del Presidente del Tribunal, el Vicepresidente se encargará de

la presidencia del Tribunal y en su defecto, lo hará el Magistrado Vocal. En las ausencias

absolutas, el Vicepresidente asumirá la presidencia por el resto del período.

Cuando el Vicepresidente ejerza la Presidencia, el Magistrado Vocal ocupará el cargo dc

Vicepresidente.

Cada vez que un Magistrado Suplente ejerza las funciones de Magistrado del Tribunal,

tendrá el cargo de Magistrado Vocal. Cuando concurran dos Suplentes al mismo tiempo, e!

primero que haya tomado posesión del cargo de Magistrado, ejercerá la Vicepresidencia,

mientras que e! último en tomar posesión, ejercerá como Vocal. Cuando concurran los tres

suplentes al mismo tiempo, se procederá en la misma forma para el ejercicio de la

presidencia del Tribunal.

Artículo 331. Funcionarios del Tribunal.

El Tribunal tendrá un Secretario General, un Secretario Administrativo, un Secretario de Trámites, Asistentes y Oficiales Mayores. Contará además con el personal técnico, jurídico y de auditoría, así como con el personal administrativo y de apoyo que sea necesario para su adecuado funcionamiento.

Artículo 332. Requisitos para ser Secretario General.

Para ser Secretario General del Tribunal se requiere: 1 . Ser panameño o panameña. 2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 3. Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 4. Tener certificado de idoneidad para ejercer la abogacía expedido por las instancias correspondientes. 5. Iraber completado un periodo de diez años, durante el cual haya ejercido la profesión de abogado y cinco años en la rama del derecho tributario o derecho procesal administrativo. El Secretario General o quien lo reemplace, además de las funciones inherentes a su cargo que se señalen en el Manual de Organización y Funciones que adopte el Tribunal, tendrá la obligación de elaborar y suscribir, con el Presidente del Tribunal, las actas correspondientes a todas las sesiones y demás actos que el Organismo lleve a cabo. El Secretario General será reemplazado en sus faltas accidentales por el Secretario de Trámites o por la persona que designe el Pleno, quien debe cumplir con los requisitos antes descritos. En caso de falta absoluta, el Pleno hará una nueva designación.

Artículo 333. Nombramiento y remoción de los Secretarios.

El Secretario General y el de Trámites serán de libre nombramiento y remoción por decisión de mayoría de los magistrados de! Tribunal en Sala de Acuerdos.

Artículo 334. Personal de apoyo.

Cada magistrado contará con el personal de apoyo que se determine en sala de acuerdos, quienes serán de libre nombramiento y remoción por el respectivo magistrado.

Artículo 335. Presupuesto.

El Tribunal elaborará su proyecto de presupuesto para su consideración en el proyecto de Presupuesto General del Estado. El presupuesto que sea aprobado para el Tribunal deberá contener las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con los sobresueldos del personal. El presupuesto anual del Tribunal Administrativo Tributario, no será inferior al otorgado en la vigencia fiscal anterior.

Artículo 336. Régimen Administrativo Interno.

El pleno del Tribunal dictará, mediante acuerdo, las reglamentaciones concernientes a su régimen administrativo interno.

Artículo 337. Sistema de Méritos.

Se establecerá un sistema de méritos para la administración de recursos humanos, aplicable a todos los servidores públicos que prestan servicio en la institución, que incluya el reclutamiento, la selección, la integración, la evaluación y el desarrollo, fundamentado en criterios de eficiencia, competencia, calidad, lealtad y moralidad en el servicio. El sistema establecerá los requisitos y procedimientos para: 1. La realización de concursos, nombramientos y traslados. 2. La aplicación de procesos de suspensiones, sanciones y destituciones, siguiendo el debido proceso. 3. La aplicación de un sistema de evaluación de desempeño, mediante indicadores establecidos que sirvan de base para alcanzar la estabilidad, retribuciones, ascensos, incentivos y demás acciones de personal. La Oficina Institucional de Recursos Humanos presentará al Pleno de Magistrados para su aprobación, el Manual de Clasificación de Puestos, el Manual de Organización y Funciones, el Reglamento Interno de Personal, el Manual de Evaluación del Desempeño u otros que sean necesarios para la administración del recurso humano, aplicables a los servidores públicos que prestan servicios en la Institución. El Sistema de Administración de Recursos Humanos se desarrollará con sujeción a la Constitución, a la presente Ley, a las leyes especiales y a los principios que rigen la Ley de Carrera Administrativa.

Artículo 338. Educación y Capacitación.

El Tribunal Administrativo Tributario, para suplir sus necesidades, establecerá programas permanentes y continuos de desarrollo y capacitación, dirigidos a los servidores públicos que presten servicio en la institución, para mejorar las competencias laborales, la productividad, la calidad y la gestión de los servicios donde laboran. El tribunal dispondrá de los recursos necesarios para el desarrollo de estos programas y proveerá capacitación a los servidores públicos de la Institución, para la especialización y el mejor desempeño individual y colectivo.

Artículo 339. Estabilidad de los Servidores Públicos.

Se reconoce la estabilidad de los servidores públicos que al momento de entrar en vigencia esta ley, tengan dos años de servicios continuos e ininterrumpidos en la institución y que laboren en jornada completa. Los servidores públicos que ingresen al tribunal, una vez cumplan con dos años de servicio continuos e ininterrumpidos, que laboren jornada completa y que, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, obtengan dos evaluaciones anuales satisfactorias, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Evaluación del Desempeño, previamente aprobado por el Pleno, alcanzarán la estabilidad en el cargo. El ingreso al Tribunal Administrativo Tributario se hará a través de concurso, conforme al procedimiento aprobado por el Pleno. Adquirida la estabilidad, se realizarán evaluaciones del desempeño, cuyos resultados serán la base para la aplicación de incentivos, correctivos o sanciones establecidas en las leyes, normas y reglamentos vigentes. La estabilidad en el cargo a que se refiere este artículo no se aplicará a los servidores públicos de confianza y a los que hayan sido contratados para un periodo definido u obra determinada.

Artículo 340. Conflicto de Interés e Independencia.

A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el servidor público de la Jurisdicción Tributaria no debe involucrarse en situaciones o actividades incompatibles con sus funciones que conlleven un conflicto de interés. Debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de las funciones asignadas o cualquier otra circunstancia que comprometa la voluntad del funcionario de esta institución. El funcionario público debe excusarse y abstenerse de participar en todos los casos en los que pudiera presentarse conflicto de interés y notificará tal circunstancia a su superior jerárquico.

Artículo 341. Prohibiciones.

Se prohíbe a los servidores públicos de todos los niveles en el Tribunal Administrativo Tributario, sin perjuicio de los demás actos que el reglamento interno prohíba, actos de discriminación, irrespeto, nepotismo, incumplimiento de sus deberes, acciones en detrimento de los bienes de la Institución, acoso sexual, psicológico y laboral, y persecución gremial y política. Se prohíbe igualmente todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, además de la afiliación y participación política, salvo la emisión del voto. El reglamento desarrollará lo anterior y las sanciones aplicables a estos y otros actos.

Sección 3 - El Recurso de Reconsideración

Artículo 342. Objeto del recurso de reconsideración.

Todos los actos y resoluciones dictados por la Dirección General de Ingresos podrán ser objeto de recurso de reconsideración.

La interposición del recurso de reconsideración será optativa para el interesado.

Interpuesto este recurso, no podrá promoverse recurso ante el pleno del Tribunal Administrativo Tributario hasta que el recurso de reconsideración haya sido resuelto de forma expresa o por silencio administrativo cuando hayan transcurrido cuatros meses sin que se haya dictado ninguna actuación por parte del juez tributario dentro de los 15 días hábiles siguientes se podrá interponer la apelación directa ante el Tribunal Administrativo Tributario.

Artículo 343. Interposición del recurso de reconsideración.

El recurso de reconsideración deberá ser interpuesto ante el juez administrativo tributario de tumo, por los obligados tributarios o contribuyentes afectados por sus actos, por medio de abogado idóneo. En estos casos, el Director General de Ingresos o el Administrador Provincial de Ingresos donde repose el expediente deberá remitirlo al juez administrativo tributario competente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la interposición del recurso y el requerimiento del juez administrativo tributario, so pena de multa de B/. 100.00 balboas por cada mes de retraso.

El término para la interposición y sustentación del recurso de reconsideración será de quince días hábiles contados desde el día siguiente de notificado el acto recurrido.

Los expedientes que reposen en la Dirección General de Ingresos al momento de entrar en funciones los juzgados administrativos tributarios deberán ser remitidos a los jueces administrativos tributarios mediante el procedimiento de sorteo público de acuerdo con sus competencias.

Artículo 344. Suspensión de la ejecución.

Interpuesto el recurso de reconsideración se suspenderá la ejecución del acto administrativo impugnado hasta que se notifique la resolución que decide el referido recurso o hasta que termine el plazo que se indica en el Artículo 342 para que se entienda rechazado el mismo, sin perjuicio de las medidas cautelares que se hayan adoptado o se adopten.

Artículo 345. Resolución.

La resolución que pone fin al recurso de reconsideración corresponderá al Juez Tributario competente

El recurso de reconsideración deberá resolverse en un término no mayor de dos meses. No obstante, podrá extenderse el plazo hasta un término adicional de dos meses, si se ha ordenado la práctica de pruebas o se están evacuando estas. Transcurridos cuatro meses sin que medie resolución de primera instancia que resuelva sobre la admisión o rechazo de prueba o resolución que pone fin a la instancia el recurrente podrá interponer la apelación directamente al pleno del Tribunal Administrativo Tributario dentro de los quince días hábiles siguientes al vencimiento del término de los cuatro meses señalados. También podrá el contribuyente, optar por interponer el recurso de apelación directamente al pleno del Tribunal Administrativo Tributario antes de interponer el recurso de reconsideración, dentro de los quince días hábiles siguientes de la notificación de la resolución objeto de la impugnación, sin que ello afecte el derecho de recurrir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 346. Suspensión de la aplicación de intereses moratorios por falta de decisión respecto del recurso de reconsideración.

La resolución que pone fin al recurso de reconsideración deberá notificarse a más tardar en el plazo de seis meses contados desde su interposición, de acuerdo con el plazo de dos meses o el máximo de cuatro meses para resolver establecidos en el

Artículo 342. Transcurrido un año después de los plazos arriba indicados, sin que se haya emitido la resolución y el recurrente no haber interpuesto la apelación directa a la que tenía derecho transcurridos los cuatro meses dispuesto en el Artículo 342, se suspenderá la aplicación de intereses moratorios hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de reconsideración ante el Juez Tributario, siempre que el vencimiento del plazo fuera por causa imputables al juzgado. El interesado solicitará la expedición de la nota correspondiente para hacer de conocimiento de la Dirección General de Ingresos, esta circunstancia o con el recibido de dicha solicitud, para que esta proceda a suspender los intereses. Vencido el plazo a que se refiere este artículo de un año, el interesado podrá considerar rechazado el recurso a efectos de nuevamente poder presentar del recurso de apelación, dentro de los quince días hábiles siguientes al vencimiento del año. Interpuesto el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario, al vencimiento del plazo de un año, cesará la suspensión de la aplicación de los intereses moratorios y empezarán a correr nuevamente los intereses.

Sección 4 - Recursos ante el Tribunal Administrativo Tributario

Artículo 347. Objeto del recurso.

Contra la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, si se ha optado por interponerlo, o los actos y resoluciones cuando no se haya interpuesto aquel, procederá el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario.

Artículo 348. Iniciación.

El plazo para la interposición del recurso será de quince días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la resolución administrativa o del recurso de reconsideración que se Impugna. El recurrente deberá dirigir y sustentar el recurso de apelación mediante la presentación del escrito correspondiente ante el Tribunal Administrativo Tributario, quien en un término no mayor de cinco días hábiles deberá solicitar el expediente al Juez Tributario competente. El Juez Tributario deberá enviar el expediente solicitado dentro de los cinco días hábiles siguientes al que recibió la solicitud. Incurrirá en desacato cualquier funcionario que omita este deber. La multa por desacato será equivalente B/. 100.00 balboas transcurridos los cinco días hábiles sin que se remita el expediente al Tribunal Administrativo Tributario y se incrementará la misma suma por cada mes de mora en el envío de dicho expediente.

Artículo 349. Documentos en segunda instancia.

Con el escrito que formaliza la apelación, no podrán presentarse otros documentos distintos a los que a continuación se detallan:

  1. Que sean de fecha posterior al escrito en que se formuló la reclamación en primera instancia; 2. Los anteriores, que no hayan sido posible adquirir por causas que no sean imputables a la parte interesada, siempre que se hubiere hecho oportunamente la designación del archivo o lugar en que se encuentren los originales, o se haya hecho la solicitud y no se haya entregado por la entidad correspondiente; o
  2. Surjan de la necesidad de contraprobar afirmaciones o hechos deducidos en la resolución de primera instancia.

Artículo 350. Pruebas en segunda instancia.

En la segunda instancia, únicamente se admitirán al recurrente las pruebas que se hallen en alguno de los siguientes casos:

  1. Cuando por cualquier causa, no imputable al que solicite la prueba, esta no hubiese sido admitida o no hubiese podido practicarse en la primera instancia; o
  2. Cuando hubiere ocurrido algún hecho nuevo de influencia en la decisión del expediente con posterioridad al escrito en que se formuló la reclamación en primera instancia, o surja de la necesidad de contraprobar afirmaciones o hechos deducidos en la resolución de primera instancia.

Artículo 351. Pruebas en apelación directa.

Cuando el contribuyente presente directamente el recurso de apelación por falta de resolución del recurso de reconsideración en los términos previstos en el Artículo 345 quedará facultado para aducir, presentar y practicar ante el Tribunal Administrativo Tributario, todos los medios probatorios admitidos en este Código.

Artículo 352. Suspensión de la ejecución.

La interposición del recurso de apelación contra las resoluciones y demás actos administrativos suspenden su ejecución.

Artículo 352. Pruebas de oficio.

El Tribunal Administrativo Tributario podrá ordenar la práctica de las pruebas que juzgue necesarias para la adecuada resolución del negocio; debiendo, cuando ejercite tal facultad, poner estas pruebas en conocimiento del interesado para que dentro de un plazo de ocho días hábiles alegue respecto de ellas lo que estime procedente.

Este mismo plazo para alegar se concederá al apelante cuando se hubiesen practicado pruebas de conformidad con el inciso anterior.

Artículo 353. Resolución.

La resolución que emita el Tribunal Administrativo Tributario agota la vía gubernativa, salvo en el proceso ejecutivo de cobro coactivo en donde se ejerce como única instancia. La resolución ejecutoriada será remitida al funcionario inferior competente para que proceda a ejecutarla.

No cabe recurso alguno contra ella en la vía administrativa, con excepción de la solicitud de corrección de errores materiales o numéricos, ampliación de fallo sobre puntos omitidos o aclaración de fallo de algún concepto dudoso de la resolución. El Tribunal Administrativo Tributario podrá proceder de oficio en tales casos.

Artículo 354.

Notificación de la decisión del tribunal y suspensión de la apelación de los intereses moratorios. La resolución que decide la apelación deberá notificarse en el plazo de un año, contado desde la interposición del recurso. Transcurrido el plazo indicado sin que el Tribunal Administrativo Tributario hubiere notificado su resolución expresa, se suspenderá la aplicación de intereses moratorios hasta la emisión de la resolución correspondiente, siempre que el vencimiento del plazo fuera por causa imputable a aquél. El interesado solicitará la expedición de la nota correspondiente para hacer de conocimiento de la Dirección General de Ingresos esta circunstancia. Vencido el plazo a que se refiere el numeral anterior, el interesado podrá considerar rechazado el recurso de apelación a efectos de interponer los recursos que sean procedentes. La suspensión de la aplicación de los intereses moratorios cesará a partir de que el interesado accione la jurisdicción contencioso - administrativa ante la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 355. Métodos alternativos para la resolución de conflictos.

Las controversias por la determinación tributaria adicional de naturaleza administrativa, asuntos de tributación internacional y precios de transferencia, que surjan con la Administración Tributaria por montos cuyas cuantías superen los cien mil balboas (B/. 100,000.00) podrán resolverse mediante la transacción o el arbitraje tributario, las cuales se remitirán a un centro de arbitraje el cual establezca el reglamento. El procedimiento para la resolución de conflictos en materia tributaria podrá iniciarlo la Administración Tributaria o el contribuyente. Dicha invitación por la Administración será obligatoria y, por tanto, la incomparecencia resultará en incumplimiento por parte del contribuyente. En caso de ser la Administración quien inicia el procedimiento, invitará a comparecer al contribuyente, con indicación de los impuestos y períodos impositivos susceptibles.

También podrá el contribuyente que ha sido objeto de comprobación o investigación o cuando le hayan notificado una liquidación adicional, iniciar el procedimiento de transacción. No se podrán resolver bajo el método del arbitraje tributario asuntos relacionados con la aplicación de sanciones.

Artículo 356. La Transacción Tributaria.

La obligación tributaria podrá extinguirse por medio de la transacción. La transacción tributaria es un acuerdo que suscribe la Administración Tributaria previa negociación con el contribuyente, una oferta y contraoferta, tendiente al compromiso sobre la exigencia de la deuda tributaria y su cuantía, para resolver un conflicto entre ambos, a consecuencia de la falta de pago del impuesto. La oferta comprenderá cualquier clase de impuestos, así como los intereses y sanciones. 91La transacción tributaria tiene carácter transaccional diferente de la transacción prevista en el Código Civil y para su eficacia se han de cumplir los requisitos previsto en la presente ley. La transacción podrá celebrarse en cualquier momento antes que la Administración Tributaria emita la resolución que le pone fin al proceso.

Artículo 357. Previa instrucción de la solicitud, la Administración Tributaria notificará su propuesta al contribuyente que dispondrá de un plazo de diez (10) días para aceptarla o no. En ese mismo sentido, el contribuyente notificará su propuesta a la Administración que dispondrá de un plazo de quince (15) días para aceptarla o rechazarla. La transacción tributaria tendrá una duración de hasta tres años. Durante su vigencia podrá modificarse o denunciarse de mutuo acuerdo cuando surjan nuevos elementos de juicio. Las disposiciones establecidas en el acuerdo de transacción se tendrán por definitivas e impiden que se pueda impugnar la transacción, mediante un procedimiento contencioso. En caso de incumplimiento de la transacción, por parte del contribuyente, la Administración Tributaria la revocará.

Artículo 358. El arbitraje Tributario.

Por mandato de la presente ley la Dirección General de Ingresos, queda facultada para poder iniciar el arbitraje tributario. La Dirección General de Ingresos y los contribuyentes, podrán someterse a un arbitraje tributario independiente y de derecho en el cual se someterán las controversias surgidas o que puedan surgir, al juicio de uno o más árbitros, que deciden definitivamente mediante laudo con eficacia de cosa juzgada. El arbitraje tributario será en derecho en equidad cuando las partes así lo acuerden, de no aclararlo se entenderá que el arbitraje será en derecho. Cuando se instaure el arbitraje tributario, los árbitros podrán ser abogados o no abogados, si se trata de arbitraje tributario en derecho deberán ser abogados en ejercicio. Salvo que sea otra la voluntad de las partes, podrán nombrarse árbitros extranjeros. En todo caso, para los arbitrajes de Derecho, el árbitro extranjero deberá cumplir con la condición de ser licenciado o doctor en Derecho. Los funcionarios públicos de la Dirección General de Ingresos, podrán ser árbitros.

Artículo 359. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, el arbitraje tributario puede ser institucionalizado o ad-hoc. Es arbitraje ad-hoc el practicado según las reglas de procedimientos especialmente establecidas por las partes para el caso concreto, sin remisión a reglamento preestablecido y, en todo caso con sumisión a la presente Ley. El arbitraje institucionalizado es el practicado por una institución de arbitraje autorizada de conformidad con las leyes panameñas en materia de arbitraje y que ha sido elegida por las partes en el convenio arbitral o con posterioridad al mismo. La institución de arbitraje designada por las partes quedará obligada a la administración del mismo, en la forma prevista en su estatuto o reglamento. Son instituciones de arbitraje autorizadas aquellas reúnan las siguientes cualidades: 1. Solvencia moral y técnica acreditadas. 2. Capacidad para la organización y efectiva administración de arbitrajes. 3. Atribución específica para la administración de arbitrajes en sus estatutos o reglamentos. 92El arbitraje podrá proponerse en cualquier estado y grado del proceso en la vía gubernativa, de ser procedente deberá acordarse una vez que haya sido solicitado conjunta o separadamente por las partes, en un lapso que no será mayor a quince días hábiles. En la interpretación de la presente Ley, deberá tenerse en cuenta la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la buena fe. Las cuestiones relativas al arbitraje tributario que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales del arbitraje.

Artículo 360.

Toda notificación comunicación se considerará el día en que haya sido entregada personalmente al destinatario o en que haya sido entregado en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección. En el supuesto de que no se encuentre, tras una indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará recibida el día en que haya sido entregada o intentada su entrega, por correo certificado o cualquier otro medio que deje constancia, en el último domicilio, residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinatario. Los plazos establecidos en esta Ley se computarán desde el día siguiente al de recepción de la notificación o comunicación.

Artículo 361. Notificación del Laudo.

El laudo será notificado a las partes en la forma que estas hayan convenido directamente o a través del reglamento aplicable. En su defecto, el laudo se notificará por el secretario del tribunal arbitral, si lo hubiere. En su defecto, por el Presidente del tribunal arbitral, remitiendo copia del mismo a las partes, mediante correo certificado o cualquier otro medio tecnológico de comunicación escrita, que permita acreditar la veracidad de su contenido. Dentro del plazo de cinco días a partir de la notificación del laudo, si las partes no han dispuesto otra cosa, cualquiera de ellas podrá solicitar del tribunal arbitral la corrección de cualquier error de tipo aritmético o tipográfico, así como una aclaración o interpretación sobre aspectos del laudo. Los árbitros resolverán en el plazo improrrogable de quince (15) días. Con la notificación del laudo a las partes y su aclaración o corrección posterior, cesa la jurisdicción arbitral. El laudo produce efecto de cosa juzgada y no cabrá contra él recurso alguno, salvo el de anulación de conformidad con el Artículo siguiente.

Artículo 362.

Se considera renuncia al derecho a objetar cuando el arbitraje tributario continúe con el conocimiento de que no se ha cumplido algunas disposiciones de la presente Ley o con algún requisito de acuerdo de arbitraje o con una disposición del reglamento arbitral aplicable, y no se haya expresado su objeción a tal incumplimiento.

Artículo 363. El convenio arbitral.

El convenio arbitral, es el medio mediante el cual la Dirección General de Ingresos y el contribuyente, deciden someter al arbitraje las controversias que surjan, o que puedan surgir entre ellas de una relación jurídica tributaria. Es válido el arbitraje tributario, respecto de los actos administrativos que en materia tributaria emita la Dirección General de Ingresos y que el contribuyente solicite por la supuesta violación de sus derechos. Para someter un asunto tributario a arbitraje entre la Dirección General de Ingresos y los contribuyentes se requerirá únicamente la solicitud del contribuyente, en cuyo caso la Dirección General de Ingresos estará obligada a dirimir el asunto a través del arbitraje tributario. 93No obstante, la Dirección General de Ingresos también puede solicitar el sometimiento de un caso en particular para que sea dirimido a través de la figura del arbitraje tributario. En dichos casos, el contribuyente tiene la obligación de aceptar, someter el asunto en controversia al arbitraje solicitado por la Administración Tributaria. Las partes podrán invocar el arbitraje tributario: 1. Cuando la Administración expida una liquidación adicional un contribuyente sobre cualquier tipo de impuesto. 2. En los casos que se traten de precios de transferencia y tributación internacional. De aceptar el contribuyente la propuesta de arbitraje, las partes dispondrán de un plazo común de cinco días hábiles para designar sus árbitros. De no llegar a acuerdo, se procederá conforme al Artículo 365 del presente Código.

Artículo 364. El convenio arbitral deberá constar por escrito.

Los efectos de pactar un acuerdo de arbitraje son sustantivos y procesales. El efecto sustantivo obliga a las partes a cumplir lo decidido y a formalizar la constitución del tribunal arbitral, colaborando con sus mejores esfuerzos para el desarrollo y finalización del procedimiento arbitral. El efecto procesal consiste en la declinación de la competencia, por parte de la Dirección General de Ingresos, según fuese el caso, a favor de la jurisdicción arbitral y la inmediata remisión del expediente a un centro de arbitraje. El convenio arbitral podrá consistir en una declaración unilateral de someterse a arbitraje por una de las partes, en el caso de solicitarlo el contribuyente, seguida de una adhesión posterior de la otra u otras partes involucradas en el conflicto. El convenio arbitral celebrado conforme a lo dispuesto en este capítulo será excluyente de la vía gubernativa y de la jurisdicción contenciosa tributaria, en lo que concierne a la materia o asunto sometido al arbitraje. En ningún caso por vía del arbitraje previsto la presente Ley, podrán reabrirse los lapsos para la interposición de los recursos administrativos y judiciales que hubieren educado por inactividad de las partes.

Artículo 365. El Tribunal Arbitral.

El Tribunal Arbitral podrá conformarse por un solo árbitro. Sin embargo, las partes podrán determinar libremente el número de árbitro, siempre que se llegue a un acuerdo. A falta de acuerdo, será un solo árbitro experto en materia tributaria. En los procesos cuando la cuantía del tema en cuestión sea superior de cien mil balboas (B/. 100,000.00) el tribunal podrá estar compuesto por un solo arbitro y cuando la controversia sea por montos superiores a los quinientos mil balboas (B/.500,000.00), el tribunal estará compuesto de tres árbitros. Cuando el Tribunal Arbitral esté compuesto por tres árbitros, uno lo designará el contribuyente, el otro lo designará la Dirección General Ingresos y un tercer arbitro independiente que actuará como presidente y dirimente, todos deberán ser expertos en materia tributaria. En los arbitrajes con pluralidad de contribuyentes, estos se deben poner de acuerdo para la designación del tercer árbitro. Cuando las partes no se pongan de acuerdo en la designación del tercer árbitro, se acogerán a lo que disponga el reglamento aplicable o la ley de arbitraje vigente.

Artículo 366.

No podrán ser nombrados árbitros ni proseguir con las actuaciones las siguientes personas:

  1. Las que hubieren atentado gravemente contra el Código de Ética de cada institución de arbitraje autorizada.
  2. Las que hubiesen sido declaradas responsables penalmente por delitos de prevaricación, falsedad o estafa.
  3. Las que hayan incurrido o estén incurriendo en alguna de las causas de abstención o recusación propia de los jueces, según lo previsto en el Código Judicial.
  4. Los que se encuentren morosos con el fisco en cualquier impuesto, tasa o contribución, o que se encuentren omisos con la administración tributaria.

Artículo 367. Las partes eligen los árbitros, por sí o a través del reglamento aplicable conforme a su voluntad o de acuerdo al procedimiento establecido por el tribunal arbitral, en los casos que así proceda de conformidad al artículo siguiente. A falta de acuerdo sobre el nombramiento de los árbitros en la forma que ha quedado expuesta en el Artículo 30 y si no existe regla precisa a este respecto en el reglamento, se procederá de la siguiente manera:

1. En caso de pluralidad de contribuyentes y cuando la controversia debe ser sometida a la decisión de tres árbitros, si las partes no logran designar en con, juntamente un árbitro de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro o bien, si las partes no hubiesen podido de acuerdo sobre el método para constituir el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, una institución de arbitraje podrá nombrar a cada miembro del tribunal arbitral y designar a uno de ellos para que actúe como presidente.

2. Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes una parte no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o las partes o dos árbitros no puedan llegar a un acuerdo conforme al mencionado procedimiento, o un tercero, incluida una institución, no cumpla con la función que se le confiera. Cualquiera de las partes podrá solicitar a una institución de arbitraje, nacional o internacional, de acuerdo con su propio reglamento que adopte la medida necesaria, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramientos se prevean otros medios para conseguirlo. Si alguna de las partes no nombrara árbitro dentro del plazo de quince días a partir de su requerimiento por la otra parte, o si los árbitros designados no se pusieran de acuerdo sobre el tercer árbitro, dentro del plazo de quince días a partir de su aceptación, la autoridad de designación hará el nombramiento directamente a petición de una de las partes, en el término de otros quince días, a partir de esa petición. 3. El Tribunal Arbitral tendrá en cuenta, en el nombramiento de los árbitros, los criterios de especialización en materia tributaria, objeto del arbitraje y de imparcialidad e independencia. 4. Tratándose de arbitraje ad-hoc, si una de las partes incumple la designación en el plazo establecido, el arbitraje se desarrollará con el árbitro que haya sido designado por una de las partes. 5. Cuando el árbitro, por cualquier, causa cesare en el ejercicio de sus funciones se nombrará un sustituto en la forma prevista por las partes o por el reglamento aplicable para el nombramiento de los árbitros y, en su defecto, mediante la intervención de la autoridad de designación conforme a la presente Ley. 6. La sustitución de los árbitros no dará lugar a una retroacción de actuaciones practicadas, salvo en lo que concierne a las pruebas, a no ser que el árbitro sustituto se dé por instruido, a la vista de las actuaciones documentadas. 95Toda persona propuesta como árbitro deberá comunicar a las partes las causas de recusación. Todo árbitro propuesto, deberá rechazar el nombramiento o abstenerse, tras haber aceptado el mismo, cuando reconozca que existen causas de recusación o que pueda haber dudas acerca de su imparcialidad o independencia. Los árbitros serán recusados por las mismas causas que los jueces. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por cualquier causa de la que haya tenido conocimiento después de efectuado el nombramiento. También podrán ser recusados por causas anteriores o que se hayan conocido con posterioridad. Los árbitros recusados podrán aceptar la recusación, en cuyo caso deberán comunicarlo a las partes y separarse inmediatamente, o por el contrario declarar su decisión de no aceptar la recusación y proseguir con el desarrollo del proceso arbitral. En tal supuesto, la parte que haya alegado la causal de recusación podrá, dentro del plazo de tres días, promover incidente de recusación ante el propio tribunal, el cual establecerá plazos perentorios para la exposición de las razones de cada una de las partes en el incidente, y decidirá de forma inapelable sobre la misma. No obstante, podrán ser reproducidas y alegadas las razones de recusación en el trámite correspondiente a la anulación del laudo o en el trámite de reconocimiento y ejecución de sentencia, en su caso. El proceso de arbitraje tributario quedará suspendido mientras se resuelve la recusación del árbitro por el término de un mes.

Artículo 368. El procedimiento se ajustará a lo determinado por las partes o de conformidad al reglamento aplicable.

En su defecto, el procedimiento será establecido y desarrollado según lo determine el tribunal arbitral. El tribunal arbitral tendrá facultades para interpretar, aplicar o suplir las reglas de procedimiento aplicable o establecido según la voluntad de las partes de forma expresa. En caso de discordia, se acatará a lo que determine el presidente del tribunal arbitral. El procedimiento arbitral atenderá a la igualdad de las partes, dando a cada una la oportunidad de hacer valer sus derechos. Las actuaciones arbitrales estarán presididas por los principios de contradicción, impulso de oficio y leal colaboración de las partes en el desarrollo del proceso. La mera inactividad o rebeldía de alguna de ellas, las actuaciones judiciales, en su caso, acerca de la validez del convenio o de la incompetencia del tribunal arbitral o cualquier otra actuación relacionada con la controversia objeto de arbitraje, no impedirá el seguimiento de las actuaciones arbitrales hasta dictar el laudo. En ningún caso podrán las partes podrán interponer incidentes ante los tribunales ordinarios durante el curso del proceso arbitral.

Artículo 369. Las partes podrán designar en el convenio arbitral el lugar del arbitraje.

En caso de que no lo hicieran, este será designado de conformidad al reglamento de la institución administradora, si el arbitraje es institucionalizado o por decisión del tribunal arbitral, si es ad hoc. Igualmente, el tribunal arbitral decidirá el lugar donde se practiquen algunas actuaciones concretas, notificándolo en forma debida a las partes con suficiente antelación. El idioma será siempre el español. Los documentos originales que se encuentren en el idioma inglés deberán traducirse al idioma español. Las partes designarán un domicilio para notificaciones. En su defecto, serán válidas las que se hagan en el domicilio de las partes o en el de su representante.

Artículo 370.

El procedimiento se iniciará en la fecha en que cualquiera de las partes haga el requerimiento para someter una determinada controversia entre ellas al arbitraje o según lo establezca el reglamento aplicable. En el proceso arbitral no podrá aducirse ninguna excepción en forma de incidente de previo y especial pronunciamiento. Dentro del plazo convenido por las partes, o determinado por el reglamento aplicable, y en su defecto, por disposición del tribunal arbitral, el contribuyente deberá formular el escrito de alegaciones con exposición de los hechos en que funde su demanda, los puntos controvertidos y el objeto de la demanda. Efectuado el traslado al demandado este contestará sobre los mismos puntos. Las partes podrán acompañar a sus respectivos escritos los documentos que consideren pertinentes para el éxito de su pretensión, o hacer las indicaciones precisas de archivos o de otras pruebas que vayan a presentar. Salvo acuerdo en contrario, en el curso del procedimiento arbitral, las partes, a solicitud de una de ellas, o por disposición del tribunal arbitral, podrán ampliar o modificar sus respectivos escritos de alegaciones, a menos que el tribunal arbitral lo considere improcedente.

Artículo 371.

El Tribunal Arbitral practicará las pruebas propuestas por las partes que sean admisibles, o de oficio, con sujeción al principio de contradicción y audiencia. A tal efecto, el Tribunal citará a las partes o a sus representantes con una antelación mínima de cinco días hábiles. El Tribunal Arbitral, con anuencia de las partes, podrá igualmente determinar que las pruebas se basen únicamente en documentos. El tribunal Arbitral también determinará el número de peritos o testigos u otras pruebas a manera de evitar dilaciones injustificadas en el desarrollo del proceso. En lo relativo a la administración de las pruebas regirá supletoriamente lo determinado por las partes o el reglamento aplicable o lo que determine el tribunal arbitral, o bien tratándose de pruebas extranjeras, a la ley de su creación. El Tribunal Arbitral practicará todas las pruebas que hayan sido admitidas, dejando constancia de las actuaciones practicadas. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a petición de una de ellas, adoptar las medidas provisionales o cautelares que considere oportunas en orden al aseguramiento del objeto del proceso. El Tribunal Arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que otorgue garantías apropiadas. Para la ejecución de las medidas, el tribunal arbitral puede auxiliarse con la Sala Cuarta de los Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, sin necesidad de reparto, el cual deberá practicar estas medidas en un término de diez días hábiles.

Artículo 372. Del Laudo Arbitral Tributario.

El Tribunal Arbitral dictará el laudo en el plazo máximo de dos meses, contados a partir de los alegatos de conclusión, salvo que las partes o el reglamento aplicable establecieren un plazo distinto. El plazo podrá ser prorrogado en la forma que convengan las partes o determine el reglamento aplicable. Los laudos constarán por escrito y firmados por todos los componentes del Tribunal Arbitral. Cuando exista más de un árbitro, se estará al pronunciamiento de la mayoría. Si no hubiera acuerdo mayoritario el laudo será dictado por el árbitro presidente. El árbitro que no esté conforme con el voto de la mayoría expresará en el laudo su voluntad discrepante.

Todos los laudos deberán ser motivados. El laudo contendrá como mínimo, la identificación de las partes y de los árbitros y de la controversia; el reconocimiento y alcance de la competencia del Tribunal Arbitral; el lugar y demás circunstancias del arbitraje y una relación sistematizada de las pruebas practicadas, las alegaciones de las partes, su fundamento legal si se trata de un arbitraje tributario en Derecho, y la decisión fallo adoptada por el Tribunal. Los árbitros decidirán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán todos los gastos en que se ha incurrido y su imputación a las partes en la forma que consideren conveniente, si el acuerdo de las partes o el reglamento aplicable no lo previenen de forma diferente. En cualquier momento del procedimiento arbitral, las partes podrán llegar a una transacción sobre la controversia, con lo cual pondrán fin al litigio. La transacción podrá adoptar la forma y tener la eficacia del laudo, si las partes lo solicitan.

Artículo 373. Impugnación, reconocimiento y ejecución del Laudo Arbitral.

Contra el laudo arbitral sólo podrá interponerse el recurso de anulación, por los siguientes motivos: Cuando la parte que interpone el recurso pruebe: a-Que el convenio arbitral estaba viciado por alguna de las causas de nulidad consagradas en este Código. b-Que la constitución del tribunal arbitral, el desarrollo del procedimiento arbitral o la emisión del laudo, no se ha ajustado al acuerdo procedimental celebrado entre las partes o de conformidad a lo establecido en la presente Ley, o no haya sido una de las partes notificada en debida forma de la iniciación del arbitraje o de cualquier trámite del procedimiento. c-Que el laudo se refiere a una controversia no contenida en el proceso arbitral, o que contiene decisiones que exceden de su ámbito o alcance. d-La anulación afectará únicamente a las cuestiones a que se refieren los párrafos anteriores que se puedan separar de las demás contenidas en el laudo. 2. Que el tribunal compruebe que el objeto de la controversia no es arbitrable conforme a la ley tributaria panameña, o que el laudo es contrario al orden público panameño. El recurso de anulación se sustanciará ante la Sala Cuarta de los Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. El recurso se interpondrá mediante escrito dentro del plazo de quince días, contados a partir de la notificación del laudo o de la fecha de que se entienden estimadas o desestimadas las aclaraciones o rectificaciones del laudo. El recurso y su impugnación, en todo caso, serán presentados al tribunal arbitral por abogados en ejercicio. En el escrito de interposición del recurso se razonará sobre los motivos la de impugnación, proponiendo la prueba pertinente y acompañando documentos justificativos del convenio arbitral y del laudo dictado debidamente notificado, conforme a la presente Ley. Del escrito del recurso el Tribunal Arbitral competente dará traslado del escrito a las demás partes en el proceso, las cuales podrán impugnarlo, dentro de un plazo de quince días. Las pruebas se practicarán, si a ello hubiere lugar, en el plazo de quince días. El Tribunal Arbitral enviará el escrito y copia autenticada del expediente a la Sala Cuarta de los Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, quien dictará sentencia en el plazo de quince (15) días a partir del último trámite señalado, la cual no es susceptible de recurso alguno. 98Simultáneamente a la interposición y sustanciación del recurso de anulación las partes podrán dirigirse a la Sala Cuarta de los Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que entiende de dicha causa en solicitud de medidas cautelares para el aseguramiento del objeto del procedimiento, las cuales se concederán por la Sala Cuarta de los Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, con arreglo en lo dispuesto a este respecto, en el Código Judicial. El laudo arbitral firme será objeto de ejecución por el magistrado sustanciador de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, correspondiente al lugar donde ha sido dictado, por el procedimiento establecido para sentencias judiciales firmes. Al escrito solicitando la ejecución se adjuntará copia auténtica del convenio, y del laudo. El Magistrado Sustanciador de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, dará traslado a la otra parte de este escrito con sus copias, en el plazo de quince días, quién podrá oponerse a la ejecución solicitada, alegando únicamente la pendencia del recurso de anulación. En su caso, aportando el escrito de interposición o la existencia de una sentencia de anulación, con copia auténtica de dicha sentencia. Fuera de esos supuestos el Magistrado Sustanciador de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia decretará la ejecución. Ningún auto del magistrado sustanciador de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en esta fase será objeto de recurso. Si el laudo dictado en territorio panameño tuviese la consideración de internacional, de conformidad con la presente Ley, y Las Partes hubiesen renunciado, por si o a través del reglamento aplicable, a la interposición del recurso de anulación, será trámite necesario para su ejecución la obtención de exequátur, por la Sala Cuarta de Negocios Generales Corte Suprema de Justicia, en la forma prevista para los laudos extranjeros.

Artículo 374.

El recurso de queja se presenta cuando existen actuaciones u omisiones por parte de la Dirección General de Ingresos, que afecten directamente o infrinjan las disposiciones establecidas en este Código o en cualquier otra norma de carácter tributario. La queja tributaria tiene como finalidad la subsanación, reparación o corrección de actuaciones meramente procedimentales.

El recurso de queja deberá ser presentado por escrito, ante el Defensor del Contribuyente, por el obligado tributario o contribuyente afectado en virtud de la acción u omisión de la Dirección General de Ingresos. Recibida la queja, el Defensor del Contribuyente deberá correr traslado al superior jerárquico en un plazo de cinco días hábiles.

El superior jerárquico dispondrá de quince días calendarios para ordenar la subsanación, reparación o corrección de la actuación u omisión procedimental, sin perjuicio de la imposición de las siguientes sanciones al funcionario infractor:

  1. Amonestación escrita, la primera vez;
  2. Suspensión del ejercicio del cargo sin derecho a sueldo por el término de tres días, la segunda vez y;
  3. Destitución del funcionario responsable, la tercera vez.

La resolución que disponga la sanción o destitución se notificará a la Autoridad nominadora y al funcionario responsable, para su cumplimiento.

Artículo 375. Interposición del reclamo.

Si producto de una actuación u omisión de la Dirección General de Ingresos, un obligado tributario o contribuyente considera vulnerados sus derechos contenidos en el Artículo 357 de éste Código, podrá recurrir en un plazo de diez días hábiles ante el Tribunal Administrativo Tributario.

Artículo 376. Admisibilidad de la acción.

Presentada la acción, el Tribunal Administrativo Tributario examinará su admisibilidad en un plazo no mayor de cinco días hábiles. Cuando la acción adolezca de errores insubsanables, se declarará inadmisible por resolución fundada. Cuando los errores sean subsanables, el Tribunal Administrativo Tributario ordenará las correcciones pertinentes en un plazo de ocho días hábiles. Acogido el reclamo, se dará traslado a la Dirección General de Ingresos por cinco días. Vencido este plazo, haya o no contestado la Dirección General de Ingresos, y existiendo hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se abrirá un término probatorio de cinco días hábiles en el cual las partes deberán rendir todas sus pruebas.

El Tribunal Administrativo Tributario apreciará la prueba rendida de acuerdo a las reglas de la sana crítica. El Tribunal Administrativo Tributario podrá dictar medidas de protección provisionales en favor del contribuyente para evitar perjuicios. Vencido el término probatorio, el Tribunal Administrativo Tributario resolverá en un plazo de quince días hábiles.

La resolución contendrá todas las medidas que el Tribunal juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del solicitante, sin perjuicio de los demás derechos que el contribuyente pueda hacer valer ante la autoridad administrativa o los tribunales correspondientes. Entre estas medidas y según la gravedad de la violación, el Tribunal podrá ordenar:

  1. El cese de la conducta o actividad que vulnere el derecho.
  2. El restablecimiento de los derechos vulnerados.
  3. La entrega de la información solicitada.
  4. La devolución de los archivos o equipos incautados.
  5. La apertura del establecimiento o local.
  6. La nulidad de lo actuado.

Título VII - Derechos y Garantías de los Obligados Tributarios

Artículo 377. Garantías básicas.

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a:

  1. Dedicarse a cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral a la salud, al orden púbico o la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulen.
  2. A la no discriminación arbitraria en el trato que debe darle el Estado y sus organismos.
  3. Al respeto y protección del derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones sobre toda clase de bienes.

Artículo 378. Derechos de los obligados Tributarios.

Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:

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A ser tratado con el debido respeto y consideración por parte de todos los funcionarios de la Administración Tributaria, jueces tributarios y magistrados del Tribunal Administrativo Tributario.

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A que las actuaciones de la Administración Tributaria, jueces tributarios y magistrados del Tribunal Administrativo Tributario se lleven a cabo de forma que resulten menos gravosas y perjudiciales al giro habitual del contribuyente, sin afectar la facultad de la Dirección General de Ingresos para llevar a cabo el audito y la garantía del cobro de los impuestos resultantes si proceden.

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A no tener que presentar documentos o entregar información que se encuentren en poder o custodia de la Administración.

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A que la información suministrada a la Dirección General de Ingresos, jueces tributarios o al Tribunal Administrativo Tributario se mantenga con carácter reservado; y que sólo sea utilizada para la aplicación de los tributos o recursos o para la aplicación de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvos los supuestos previstos en la Ley.

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A estar asistido por sus asesores de confianza desde el comienzo de cualquier procedimiento de fiscalización, revisión o auditoría iniciado por la Autoridad Tributaria y a designar hasta dos observadores en toda su duración, incluyendo la etapa de preparación de las pruebas respectivas.

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A saber, que está siendo revisado, auditado o fiscalizado de cualquier forma por la Administración Tributaria, y a conocer sobre la naturaleza y alcance de la investigación. También tendrá derecho a conocer la identidad de los funcionarios que están a cargo, independientemente de la denominación de la diligencia o proceso, así como también a conocer la identidad de sus superiores jerárquicos inmediatos, y a que los procedimientos de fiscalización se desarrollen dentro de plazos razonables. En consecuencia, no habrá procesos secretos de fiscalización, auditorías o revisión.

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A tener acceso a los informes y actuaciones realizados en el expediente de la revisión o auditoría de la cual es objeto el contribuyente; y a obtener copias certificadas, a su costa, de los documentos que integren cualquier proceso en contra del obligado o contribuyente en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud.

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A no ser revisado o auditado dos veces por un mismo tributo respecto de los mismos periodos examinados, y a la corrección de las declaraciones de impuestos.

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A que no le incauten equipos o partes de equipos informáticos durante el proceso de revisión o auditoría, cuando exista la facilidad de proveerle a la Dirección General de Ingresos la información necesaria. La Administración tributaria solo podrá copiar documentación electrónica con relevancia fiscal. Se deberá garantizar que la información electrónica copiada no sufrirá alteraciones o modificaciones posteriores.

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A que los derechos y créditos fiscales originados por el transcurso del tiempo, no estén sujetos a revisión ni a auditoría en forma retroactiva, más allá del período de prescripción que le aplique.

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A exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, o de más, con los intereses por mora; y a ser reembolsado de los costos y gastos ocasionados por la satisfacción de garantías de pago, cuando mediante resolución se declaren improcedentes o prescritas las pretensiones de la Administración Tributaria.

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A que se implementen soluciones informáticas o manuales que subsanen las deficiencias en los formularios digitales o en los métodos de computo que transgredan o rebasen las normas legales en el menor tiempo posible.

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Los siguientes derechos procesales:

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A que se presuma como un contribuyente cumplidor.

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Derecho al debido proceso y al derecho de defensa.

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A interponer acciones, recursos, apelaciones, incidentes y cualquier otro medio impugnatorio establecido en la Ley, y a obtener un pronunciamiento expreso de la instancia pertinente.

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A interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios o por cualquier otro incumplimiento en las normas establecidas en el presente Código.

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A tener acceso al expediente y a conocer el estado de tramitación del mismo.

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A que las pruebas y otros actos y documentos con relevancia tributaria se recojan en las diligencias practicadas en los procedimientos tributarios y sean debidamente foliadas.

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A presentar las pruebas y cualquier documentación que estimen convenientes para la resolución del procedimiento tributario y a su desglose. h. A que la documentación aducida que haya sido solicitada oportunamente por el contribuyente se integre al caudal probatorio del expediente, sin que el mismo pueda decidirse en el fondo, hasta que se cumpla con la integración antes mencionada.

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A presentar alegaciones.

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solicitar la aclaración de lo resuelto.

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A que el expediente se tramite y decida dentro de los plazos establecidos en la Ley.

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Los derechos recogidos en este artículo son sin perjuicio de otros derechos reconocidos a los contribuyentes por el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 379. Creación de la Defensoría del Contribuyente.

Créase la Defensoría del Contribuyente, adscrita a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Contribuyente debe garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías procesales de los obligados tributarios en las actuaciones que se realicen o que se gestionen ante la Dirección General de Ingresos, los Juzgados Administrativos Tributarios y el Tribunal Administrativo Tributario.

Artículo 380. Funciones del Defensor del Contribuyente.

El Defensor del Contribuyente tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

  1. Recibir las quejas y denuncias de los contribuyentes.
  2. Conminar a los funcionarios a observar los derechos vulnerados y comunicar a los superiores las circunstancias del caso.
  3. Correr traslado y apercibir a las instancias competentes de aquéllos casos en los cuales determine que existe una posible violación o vulneración administrativa o penal.
  4. Sugerir o presentar recomendaciones tendientes a mejorar la relación entre la Administración Tributaria y los Contribuyentes.
  5. Interponer recursos de reconsideración y apelación a nombre de contribuyentes con poca solvencia económica, por controversias de naturaleza administrativas y por sanciones cuyas cuantías no superen los mil balboas (B/. 1,000.00).

Artículo 381.

Para ser Defensor del Contribuyente se requiere:

  1. Ser panameño o panameña.
  2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad.
  3. Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
  4. Haber completado un periodo de cinco años, durante el cual haya ejercido la profesión de abogado, y experiencia en el manejo de la materia tributaria.
  5. No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética Profesional del Abogado.

A la fecha de su designación, el Defensor del Contribuyente no podrá tener incompatibilidad por parentesco con los Magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, con los directores de departamentos de la Dirección General de Ingresos o los miembros del Consejo de Gabinete dentro del cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo grado de afinidad.

La designación la hará el Órgano Ejecutivo por un período de cinco años.

Artículo 382. Causas de suspensión o destitución del Defensor del Contribuyente.

El Defensor del Contribuyente sólo podrá ser suspendido, separado o destituido del cargo por las siguientes causas:

1. Incumplimiento de sus deberes y obligaciones contenidos en la presente Ley.

2. Morosidad o negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

3. Incapacidad física o mental.

Para los propósitos del presente artículo se entenderá por morosidad, la falta de resolución de los asuntos que le corresponde conocer dentro de los términos establecidos, por causas atribuibles a su despacho.

Para todos los efectos, se tendrá como superior jerárquico al Presidente de la República, quien tendrá la facultad de suspenderlo, separarlo o destituirlo.

Artículo 383. Inhabilitación para el ejercicio de otros cargos.

El Defensor del Contribuyente desempeñará su cargo a tiempo completo y con dedicación exclusiva, estando prohibido el ejercicio privado de la profesión de abogado, el ejercicio de actividades políticas salvo el derecho al sufragio, la intervención en actividades mercantiles por sí mismo o por interpuestas personas; así como tampoco podrá contratar con el Estado, ni ocupar ningún otro cargo retribuido, salvo el ejercicio de la enseñanza en establecimientos de educación superior cuando esta no afecte el ejercicio de sus labores.

Título VIII - Disposiciones especiales, derogatorias y vigencias

Artículo 384. Remisión de Expedientes.

Todos los procesos que estén en grado de reconsideración dentro de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y sus dependencias, deberán ser remitidos mediante sorteo público, a través de la Secretaria General del Ministerio de Economía y Finanzas a los juzgados administrativos tributarios, cuando dichos Juzgados estén debidamente constituidos y hayan iniciado funciones, a fin de que sean tramitados y resueltos por ellos. De igual manera no entrara en vigor ninguna de las normas de este Código relacionadas con la función de los jueces tributarios hasta tanto estos no inicien funciones efectivas dentro del campo de sus competencias.

Artículo 385. Normas de sustentación y ritualidad.

Las normas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios establecidas en este Código prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

Artículo 386. Derogaciones.

Esta ley deroga los Artículos 737,738, Parágrafo 18 del 1057-V, 1073-A: y cualquier otro artículo o disposición legal que le sea contraria y sea de competencia de la Administración Tributaria de la República de Panamá.

Artículo 387. Subrogaciones.

Quedan subrogadas todas las demás disposiciones contenidas en el Código Fiscal, Decreto de Gabinete 109 de 1970 y otras leyes que contengan disposiciones de procedimiento administrativo tributario y facultades de la Administración Tributaria y el Tribunal Administrativo Tributario, a las normas contenidas en este Código.

Por tanto, las normas de procedimiento administrativo tributario contenidas en este Código serán de aplicación exclusiva y excluyente.

Artículo 388. Vigencia de la ley

Esta ley entrará en vigencia un mes después de su promulgación en la Gaceta Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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  • Última modificación: 2019/01/10 20:15
  • por diegozpy